Jueces y partidos dejan solo al PSOE y rechazan un "conflicto de poderes" por los 'papeles del Cesid'

Gobierno, PP, IU, PNV y las asociaciones de jueces rechazaron ayer la propuesta lanzada este fin de semana por el portavoz parlamentario del PSOE, Joaqu¨ªn Almunia, de plantear un "conflicto de poderes" contra la decisi¨®n del Tribunal Supremo de levantar el secreto sobre 13 documentos del Cesid relacionados con la guerra sucia contra ETA. Fuentes gubernamentales mostraron su sorpresa por la reacci¨®n de Almunia tras lo que consideran "prudentes" declaraciones de otros dirigentes del PSOE. Almunia, pese a ello, se reafirm¨®: "El Estado no tiene quien le defienda".

Nadie apoya al PSOE ante su propuesta de plantar cara a la Sala Tercera del Supremo para preservar el secreto de Estado. Los populares, desde el Gobierno y desde el partido, apostillan que no atender¨¢n la, sugerencia de Almunia de recurrir a la confrontaci¨®n para evitar que se levante el secreto de los papeles del Cesid. Junto a, ellos, otros partidos y, por supuesto, los jueces.El portavoz popular en asuntos de Interior, Ignacio Gil L¨¢zaro, descart¨® la propuesta y apost¨® por dejar el tema como est¨¢: "cerrado y bien concluido". El ministro de Defensa, Eduardo Serra, partidario en su d¨ªa de mantener secretos estos documentos, ya no discrepa. Desde Washington indic¨® que "comprende, respeta y acata" la postura del Supremo. En IU el rechazo a la propuesta socialista fue total. La portavoz parlamentaria, Rosa Aguilar, la calific¨® de "lamentable". El diputado Pedro Antonio R¨ªos la entendi¨® como un nuevo cap¨ªtulo de "trabas" a la Justicia y como una "insurrecci¨®n" al Tribunal, palabras con las que coincidi¨® el m¨¢ximo dirigente de Nueva Izquierda, Diego L¨®pez Garrido. El portavoz del PNV en el Congreso, I?aki Anasagasti, fue m¨¢s lejos; insinu¨® que el PSOE tiene "algo que ocultar".Las asociaciones judiciales no fueron menos contundentes. El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, insisti¨® en que se debe acatar la sentencia y tild¨® la propuesta socialista como propia "del espacio pol¨ªtico de pelea". El secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Jos¨¦ Luis Requero, se?al¨® que plantear un conflicto de poderes ser¨ªa "un error de primera magnitud" y una invitaci¨®n a derogar el hecho constitucional de la divisi¨®n de poderes y a desobedecer una resoluci¨®n judicial. La portavoz de la Asociaci¨®n Francisco de Victoria, Mar¨ªa Tard¨®n, la tild¨® de "inexplicable" y "'descabellada".Para el PSOE, sin embargo, el Gobierno se ha salido con la suya. Los socialistas ponen m¨¢s que en duda la sinceridad del Ejecutivo cuando el 2 de agosto tom¨® la decisi¨®n de no desclasificar los papeles del Cesid. "El Ejecutivo estaba pidiendo a gritos la desclasificaci¨®n", afirma Joaqu¨ªn Almunia. El portavoz socialista llama la atenci¨®n sobre el cambio de opini¨®n del fiscal general del Estado y sobre "la inoperancia" de la abogac¨ªa del Estado informa Anabel Diez. Conclusi¨®n: "El Estado no tiene qui¨¦n le defienda".

Matizaciones

Sobre el nuevo anteproyecto de ley de Secretos de Estado anticipado ayer por este peri¨®dico hubo muchas reacciones. El propio Ejecutivo matiz¨® que lo publicado por EL PA?S forma parte de un borrador que puede no ser definitivo, y precis¨® que la comisi¨®n que ratificar¨¢ o revocar¨¢ la decisi¨®n de suministrar o no un documento secreto a un juez no estar¨¢ integrada por tres magistrados.Parece claro que la regulaci¨®n definitiva a¨²n no est¨¢ decidida. Los diarios El Mundo y Abc aseguran en sus ediciones de hoy que, seg¨²n el anteproyecto del Gobierno, el pleno de la Sala Tercera del Supremo seguir¨¢ siendo quien resuelva los conflictos que surjan sobre los secretos de Estado.

Los socialistas, por contra, se retrotraen a la f¨®rmula propuesta por Felipe Gonz¨¢lez en octubre, seg¨²n la cual los documentos sensibles s¨®lo deben ser examinados por los presidentes del Gobierno, de las Cortes y del Tribunal Supremo. El ex vicepresidente socialista Narc¨ªs Serra se manifest¨® a favor de que sea el Ejecutivo, y no los jueces, el que tenga poder de decisi¨®n sobre asuntos relativos a la seguridad del Estado.