El problema de las farmacias

El a?o 1996 fue, en alguna medida, el de las farmacias. Ello, en buena parte, se debe a la acci¨®n del Gobierno popular en el sector. Cuando el pasado 17 de julio se aprobaban nuevas medidas, por v¨ªa decreto, sobre las farmacias se levantaron numerosas voces en contra, tanto por la forma empleada como por el fondo de sus contenidos. Dichas medidas se refieren a la liberalizaci¨®n parcial del sector farmac¨¦utico, que ha sumido en un peque?o caos a los colectivos que tienen cartas en el asunto: farmac¨¦uticos, colegios, licenciados en paro y las propias autoridades sanitarias de las comunidades aut¨®nomas. A unos porque les parecen claramente insuficientes y a otros porque piensan que cualquier retoque del sistema debe estudiarse y consensuarse concienzudamente.Uno de los colectivos m¨¢s directamente implicados y que m¨¢s presi¨®n han ejercido en el debate farmac¨¦utico ha sido el de los licenciados en paro. Existe, es cierto, un excesivo n¨²mero de estudiantes (Espa?a tiene una de las tasas m¨¢s elevadas de farmac¨¦uticos dentro de la Uni¨®n Europea: 99 profesionales por cada 100.000 habitantes), que s¨®lo puede ser corregido por las autoridades educativas. El n¨²mero de estudiantes de farmacia en Espa?a asciende a 25.000 alumnos y el de licenciados alcanza los 2.300 al a?o. Siendo Espa?a el quinto pa¨ªs de la Uni¨®n Europea en poblaci¨®n es, sin embargo, el primero en n¨²mero de licenciados y el segundo en n¨²mero de estudiantes. El 27% del total de nuevos licenciados europeos sale de las aulas espa?olas. De otro lado, el hecho de que no sean titulares de una farmacia no indica que pertenezcan al colectivo de parados. Actualmente hay registradas hasta 47 salidas profesionales distintas. Es parad¨®jico, en este contexto, que en Espa?a el n¨²mero de facultades ha pasado de cuatro a 11 en los ¨²ltimos a?os.

Si nos atenemos al marco reci¨¦n creado, se delega en manos de las comunidades aut¨®nomas las competencias sobre apertura de nuevas oficinas de farmacia. Con esta nueva situaci¨®n podr¨ªamos acabar con 17 marcos reguladores distintos, un hecho que a?ade m¨¢s confusi¨®n a un sector ya de por s¨ª bastante ca¨®tico, que en nada ayuda a lograr la uniformidad que a todo sistema de salud se le supone. A pesar de que se han fijado unos nuevos m¨®dulos de poblaci¨®n (ahora son de 2.800 personas por farmacia, frente a las 4.000 de la anterior legislaci¨®n), en la expectativa de que se abran nuevas farmacias que contribuyan a reducir el paro en el sector, los resultados, mucho me temo, ser¨¢n totalmente opuestos. Hay razones suficientes para defender esta afirmaci¨®n. Actualmente, el umbral de rentabilidad farmac¨¦utica en Espa?a est¨¢ en tomo a los 59,5 millones de pesetas. Como la venta media es de 55,7 millones de pesetas, resulta que en Espa?a no faltar¨ªan farmacias, sino que, por el contrario, sobrar¨ªan 1.000 aproximadamente, seg¨²n un criterio de estricta rentabilidad econ¨®mica. Tambi¨¦n podr¨ªa pensarse que la capilaridad de nuestro sistema farmac¨¦utico no se adapta a las necesidades, por lo que necesitamos m¨¢s farmacias. Sin embargo, esto tampoco es cierto. Espa?a, con una red de m¨¢s de 18.000 farmacias -lo que representa 2.098 habitantes por farmacia-, es el tercer pa¨ªs dentro de la Uni¨®n Europea, por detr¨¢s de Grecia (1.478) y B¨¦lgica (1.992) en lo que a cobertura se refiere.

Con estos datos en la mano, no es extra?o comprobar que las cr¨ªticas hayan llovido desde casi todos los frentes. M¨¢s bien el desajuste haya que buscarlo en las presiones para conseguir el mayor n¨²mero de competencias sobre farmacias, con las reticencias del Estado para delegarlas. En primer lugar, son las propias comunidades aut¨®nomas las que se quejan del car¨¢cter impositivo de la norma, de la insuficiencia de su alcance y del escaso margen de maniobra que les permiten. Aprovechando unas jornadas que tuvieron lugar en Madrid hace unos meses sobre especialidades farrilac¨¦uticas y parafarmacia, el responsable de Castilla-La Mancha en esta ¨¢rea, Sabino Fern¨¢ndez, dijo que, aplicando la nueva normativa en la comunidad manchega, solamente se podr¨ªan crear cuatro nuevas farmacias, frente a las 250 que tienen previsto abrir pr¨®ximamente como fruto del anteproyecto de ley que tramitan en la actualidad. Persevera en esta misma l¨ªnea cr¨ªtica el consejero andaluz de Sanidad, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Arboleya, cuando califica de inconstitucional el decreto. Se apoya en la disposici¨®n primera de la norma, que advierte sobre el car¨¢cter de legislaci¨®n b¨¢sica de lo decretado, por lo que el tipo de categor¨ªa normativa utilizado en el decreto invalidar¨ªa por defecto de forma lo legislado. Tambi¨¦n se advierte una clara contradicci¨®n al se?alar que se remitir¨¢ al Congreso una ley general de ordenaci¨®n, mientras que, por otro lado, se deja a las comunidades aut¨®nomas que fijen tanto los l¨ªmites de libertad de horario como los procedimientos de apertura de nuevas oficinas. Incluso el responsable catal¨¢n de Farmacia, Eugeni Sedano, precis¨® que en el tr¨¢mite parlamentario para la aprobaci¨®n de este nuevo marco se deber¨¢n mejorar algunos aspectos.

Todo esto no viene sino a confirmar las falsas expectativas arrojadas como consecuencia de las incansables alabanzas a favor de la liberalizaci¨®n. Llama la atenci¨®n que la ¨²nica justificaci¨®n encontrada para la precipitaci¨®n del nuevo decreto fuera la demanda social que existe para mejorar el servicio. Es parad¨®jico que las encuestas de opini¨®n no revelen este aspecto ni tampoco lo haga el estudio del sistema sanitario espa?ol que dirigi¨® Femando Abril Martorell. Todo ello lleva a especular sobre los grupos de inter¨¦s que est¨¢n detr¨¢s de esta operaci¨®n: grandes superficies y multinacionales. Ser¨ªa l¨®gico acudir, para resolver este enredo, a los propios profesionales del sector y, desde ah¨ª, entablar un debate sobre las reformas razonables, en funci¨®n siempre de lo que debe ser un servicio integral de salud que desaconseje cualquier fragmentaci¨®n del mercado farmac¨¦utico.

Javier Cremades es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UNED y en el ICADE.