Los militares argentinos responder¨¢n ante la justicia por el robo de ni?os en la dictadura

La Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas (Conadep) en Argentina ten¨ªa raz¨®n. En su informe sobre la dictadura (1973-1983) constat¨® que los militares o civiles que arrancaron a los ni?os desaparecidos de sus casas, o de las madres que parieron en cautiverio, decidieron sobre la vida de aquellas criaturas con la frialdad de quien dispone de un bot¨ªn de guerra. Despojados de su identidad, esos ni?os, cerca de cuatrocientos, "constituyen y constituir¨¢n por largo tiempo una profunda herida abierta" en la sociedad argentina. La herida no cicatriza. Casi 13 a?os despu¨¦s de haberse publicado ese documento, el fiscal federal Eduardo Freiler emiti¨® un fallo que sienta precedente: el robo de ni?os durante la dictadura debe ser investigado por la justicia porque queda fuera de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que perdon¨® a los comandantes de la dictadura. "Este dictamen es un verdadero freno a la impunidad", aplaudi¨® Alberto Pedroncini, abogado de la Asociaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo.Los familiares de los m¨¢s de 10.000 argentinos desaparecidos en aquel salvajismo castrense (1976-1983) empujan a la justicia, y sostienen que, por su naturaleza, aquellos cr¨ªmenes no deben prescribir. En diciembre pasado se present¨® una querella criminal contra varios jefes militares retirados, a quienes se atribuye la preparaci¨®n y ejecuci¨®n de un "plan sistem¨¢tico" para robar hijos de detenidos. Los cinco mandos imputados por seis abuelas son el teniente general Cristino Nicolaides, almirante Rub¨¦n Franco, general Eduardo Albano Harguindey, y el ex miembro de las Juntas Militares, Reynaldo Bignone. Tambi¨¦n, el ex general Carlos Guillermo Su¨¢rez Mason, expulsado del Ej¨¦rcito por sus propios compa?eros de armas.

Las querellantes sostienen que la sustracci¨®n de menores constituye un delito permanente, que no prescribe. Recientemente, durante un juicio contra el Estado para recabar m¨¢s informaci¨®n sobre desaparecidos, fue esgrimido un documento sobre el tema encontrado en un establecimiento militar.

Dictamen imprescindible

No se reabre el proceso contra las Juntas Militares efectuado en 1985. Se trata de un proceso nuevo, en fase preliminar, por sustracci¨®n de menores. El dictamen de un fiscal federal era imprescindible para poner en marcha el proceso. A partir de ahora, se practicar¨¢n medidas pr¨¢cticas de investigaci¨®n y declaraciones indagatorias de los cinco militares imputados, a cargo del juzgado federal del magistrado Adolfo Bagnasco. De no haberse producido el dictamen, no hubiera habido la posibilidad de esta nueva vista. Los fiscales federales dependen del procurador general de la naci¨®n.

El fiscal Freiler, que abre camino a otras instancias, consider¨® que "no resultan aplicables las normas previstas en las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida para el delito de sustracci¨®n y apropiaci¨®n de menores". Reclama tambi¨¦n un informe m¨¦dico para determinar los da?os ps¨ªquicos sufridos por un reci¨¦n nacido al ser separado de sus padres. El delito de apropiaci¨®n pasar¨ªa entonces al de "privaci¨®n ilegal de la libertad", castigado en el art¨ªculo 144 del C¨®digo Penal, y en la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura.

La Conadep resumi¨® as¨ª el sufrimiento de las familias: "La desesperada, premiosa b¨²squeda de abuelos y, en ciertos casos, de padres de criaturas desaparecidas, puede considerarse como una s¨ªntesis intransferible de dolor y angustia frente al hecho de que, en alg¨²n lugar, junto a personas desconocidas, est¨¢ creciendo una criatura sin v¨ªnculo alguno con su familia".

Durante el Gobierno del ex presidente Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989), dirigente de la Uni¨®n C¨ªvica Radical, socialdem¨®crata, se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para excluir de la investigaci¨®n y procesamiento, por esos u otros delitos, a los escalafones medios e inferiores de las tres armas y cuerpos de seguridad. Alfons¨ªn manifestar¨ªa despu¨¦s que promulg¨® esas leyes para salvar una democracia amenazada.