El suelo, en el alero

La sentencia del Tribunal Constitucional que derrib¨® la Ley del Suelo de 1990 y el texto refundido de 1992 -derog¨® 185 art¨ªculos de los 310 y dio plena potestad a las comunidades aut¨®nomas- ha provocado un aut¨¦ntico terremoto entre ¨¦stas, ayuntamientos y partidos pol¨ªticos. Pr¨¢cticamente todos est¨¢n intentando, a toda m¨¢quina, tapar los vac¨ªos legales que ha provocado el fallo y que, b¨¢sicamente, afectan a la cesi¨®n obligatoria de terreno a los ayuntamientos (el Estado no tiene potestad para fijar el porcentaje de cesi¨®n), as¨ª como a la puesta en marcha de los planes de ordenaci¨®n urban¨ªstica. La sentencia se har¨¢ p¨²blica, seg¨²n todos los c¨¢lculos, a finales de este mes. ?stas son las repercusiones, comunidad por comunidad:ANDALUC¨ªA. El consejero de Obras P¨²blicas de la Junta de Andaluc¨ªa, Francisco Vallejo, asegura que la sentencia plantea un problema urgente: "Los retrasos en los planes generales de ordenaci¨®n urbana de M¨¢laga y Almer¨ªa y la posibilidad de que se vean afectados los ya aprobados en el resto de capitales andaluzas". El Gobierno de Manuel Chaves ha encargado dos estudios jur¨ªdicos -uno interno de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y otro privado- para evaluar las consecuencias de una sentencia. Vallejo no cree que se pueda producir un caos urban¨ªstico, aunque advirti¨® que en funci¨®n de los citados informes dictar¨¢ una "normativa de urgencia" para regularizar algunas de las actuaciones urban¨ªsticas que ya est¨¢n desarroll¨¢ndose.

ARAG?N. El Gobierno de Arag¨®n ha decidido iniciar con urgencia la redacci¨®n del proyecto de ley del Suelo para acabar con el vac¨ªo legal existente como consecuencia del fallo del Constitucional. El Ejecutivo aragon¨¦s se sum¨® en el a?o 1992 al recurso de inconstitucionalidad presentado por diferentes comunidades aut¨®nomas contra la Ley del Suelo y, asimismo, present¨® otro recurso contra el texto refundido. Como consecuencia de estos recursos y mientras se esperaba su resoluci¨®n, nunca se ha legislado sobre la materia en Arag¨®n.

ASTURIAS. El Gobierno regional de Asturias ya ha iniciado la elaboraci¨®n de un informe de situaci¨®n para conocer el alcance y repercusi¨®n en el Principado de la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de suelo y pretende acometer de inmediato la redacci¨®n de un proyecto de ley. Aunque la intenci¨®n es culminar el proyecto sin demora, ello no debe impedir, seg¨²n portavoces de la Consejer¨ªa de Fomento, una "suficiente meditaci¨®n" para lograr el mejor texto posible.

En la Consejer¨ªa de Fomento, la impresi¨®n que se tiene es que la sentencia no ha hecho cundir la inquietud, al menos de momento, entre los 78 municipios asturianos. En el mismo sentido se ha expresado Graciano Torre, alcalde socialista de San Mart¨ªn del Rey Aurelio y presidente de la Federaci¨®n Asturiana de Concejos: "No se percibe especial preocupaci¨®n. Lo que se ha producido es un cambio en la titularidad de las competencias sobre suelo. Por tanto, habr¨¢ preocupaci¨®n o no en virtud de que la comunidad aut¨®noma pueda introducir modificaciones en un sentido u otro en la legislaci¨®n. La sentencia no afecta al movimiento cotidiano de concesi¨®n de licencias, pero s¨ª a aquellos ayuntamientos que tienen sus planes urbanos en tramitaci¨®n o en proceso de revisi¨®n porque en ese caso parece prudente que demoren el proceso hasta conocer la nueva ley de ¨¢mbito auton¨®mico. Y eso entra?ar¨¢ retrasos".

BALEARES. El Ejecutivo balear acaba de aprobar un proyecto que regula el suelo r¨²stico y prepara uno de directivas territoriales y otro de suelo urbano, "con mucha prisa, porque habr¨¢ una vac¨ªo normativo", se?alan fuentes oficiales. El consejero de Obras P¨²blicas, Torneu Reus, del PP, cree que la anulaci¨®n "del 90% de las leyes socialistas de 1900 y 1992, aclara por fin cual es reparto competencial en una materia tan compleja y esencial para la autonom¨ªa de las Baleares, como es el urbanismo. Est¨¢bamos cargados de raz¨®n", a?ade.

Carlos Ripoll, concejal de urbanismo de Palma y secretario general del PP de Baleares, cree que la sentencia del Constitucional "viene a corregir la obsesi¨®n por el control de las actividades de la sociedad civil demostrada por el PSOE".

CANARIAS. El director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, C¨¦sar Mu?oz, record¨® que hay dos planes generales importantes que est¨¢n pendientes y que sufrir¨ªan consecuencias, como el de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad mayor y m¨¢s poblada del archipi¨¦lago, y el de La Laguna, localidad tinerfe?a de gran superficie que combina el suelo urbano con el agr¨ªcola.

Seg¨²n Mu?oz, estos cambios pueden ser algo traum¨¢ticos para el urbanismo por tener que aplicarse una ley "que ya est¨¢ obsoleta", de ah¨ª la importancia que en su opini¨®n tiene la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de las leyes auton¨®micas, que en el caso de Canarias est¨¢ a punto de concretarse.

CANTABRIA. La sentencia del Tribunal Constitucional sorprende al Ayuntamiento de Santander cuando el nuevo plan general de ordenaci¨®n urbana acaba ser aprobado definitivamente y est¨¢ a la espera de su confirmaci¨®n por la comisi¨®n regional de urbanismo. Seg¨²n fuentes municipales, el hecho de que el plan hubiese tomado como punto de partida la Ley del Suelo obligar¨¢ a la reforma parcial de aqu¨¦l al tenerse que adecuar a la ¨²nica normativa vigente que data de 1976.

CASTILLA-LA MANCHA. El Gobierno de Castilla-La Mancha est¨¢ elaborando una nueva Ley del Suelo que podr¨ªa entrar en vigor el pr¨®ximo a?o. La reciente sentencia del Constitucional agilizar¨¢ su redacci¨®n, seg¨²n el consejero de Obras P¨²blicas, Isidro Hern¨¢ndez Perlines. El borrador garantiza, seg¨²n el consejero, la funci¨®n social del suelo respetando el derecho del propietario pero "que evitar¨¢ el acaparamiento del suelo y por lo tanto la especulaci¨®n". De esta manera, seg¨²n Perlines, incluyendo tambi¨¦n factores de competencia se conseguir¨¢ abaratar el suelo incrementando su oferta.

CASTILLA Y LEON. Los responsables de los principales ayuntamientos de Castilla y Le¨®n mantendr¨¢n la pr¨®xima semana un encuentro con el consejero de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio, Francisco Jambrina, con el que analizar¨¢n la repercusi¨®n de la sentencia del Constitucional. Se tratar¨¢, seg¨²n Jambrina, de intentar que los ayuntamientos no vean paralizadas actuaciones en materia de urbanismo y los que tengan que revisar alg¨²n apartado, que sepan la forma de reorientar sus planes. La sentencia del tribunal no preocupa al Ejecutivo, ya que las actuaciones en curso, por ejemplo en cesi¨®n de suelo, "est¨¢n cubiertas por un real decreto al que no afecta la sentencia", dice.

CATALU?A. "La sentencia del Constitucional no tiene repercusiones en Catalu?a porque la comunidad ya tiene desde julio de 1990 una legislaci¨®n urban¨ªstica propia", seg¨²n recuerda Joan Antoni Solans, director general de Urbanismo de la Generalitat. "En Catalu?a, ni los ayuntamientos ni los propietarios ni los promotores deben tener ninguna inseguridad por la sentencia". El argumento de Solans es que la Generalitat ya recogi¨® en una refundici¨®n aprobada en un decreto toda la normativa propia sobre urbanismo.

Sobre la sentencia, Solans recalca que no debe pensarse que "deja sin competencias urban¨ªsticas al Estado". Recalca que lo que hace es definir los tres niveles de competencias: del Estado, de las comunidades aut¨®nomas y de los Ayuntamientos. El Estado tendr¨¢ competencia en valoraciones, expropiaciones y r¨¦gimen jur¨ªdico de la propiedad, las comunidades las competencias urban¨ªsticas y los ayuntamientos las particularizar¨¢n a su nivel".

COMUNIDAD VALENCIANA. La incidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el suelo es "practicamente nula" en la Comunidad Valenciana y no crea situaci¨®n alguna de vac¨ªo legal, dado que tiene su propia ley de la actividad urban¨ªstica desde finales de 1994, seg¨²n un portavoz de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas. La ley valenciana, de enorme complejidad t¨¦cnica, rompi¨® con la regulaci¨®n estatal sobre el suelo, redujo el proceso administrativo del proceso urbanizador, normalmente tres a?os, a seis meses, y liberaliz¨® el mercado del suelo urbanizable.

EXTREMADURA. La sentencia paraliza pr¨¢cticamente la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Badajoz, afectar¨¢ al de C¨¢ceres, que tras ocho a?os de estudio se encuentra pendiente tan s¨®lo de su aprobaci¨®n por la Comisi¨®n Regional de Urbanismo, e incide en el revisado Plan de Plasencia.

GALICIA. El Diario Oficial de Galicia public¨® el pasado 26 de marzo una ley del suelo de ¨¢mbito auton¨®mico, aprobada por unanimidad en el Parlamento, que obliga a los promotores a ceder a los ayuntamientos el 15% del aprovechamiento urban¨ªstico, frente al 10% que hab¨ªa establecido el decreto ley del Gobierno. Para corregir esa disparidad normativa, que la oposici¨®n consider¨® "una chapuza", la Xunta, aduciendo que la cesi¨®n del aprovechamiento urban¨ªstico era competencia de la Administraci¨®n central, hab¨ªa aprobado el 14 de marzo una "acomodaci¨®n normativa" de la citada ley por la que se aten¨ªa al 10%. Pero la sentencia ha obligado a la Xunta a volver sobre sus pasos: retirada de la acomodaci¨®n y plena aceptaci¨®n de la ley aprobada, con lo cual, sin pretenderlo, se convierte en la primera comunidad con ley de suelo propia, con un 15% de cesi¨®n obligatoria.

LA RIOJA. El director general de Urbanismo y Vivienda, ?ngel Luis Salinas, se?ala que, una vez sentado el principio de autonom¨ªa de las comunidades en materia de suelo, el objetivo pasa porque la nueva legislaci¨®n permita liberalizar el suelo urbano para as¨ª poder abaratar el acceso a la vivienda. Salinas subraya las dificultades que existen en la actualidad en la oferta de viviendas de protecci¨®n oficial por el elevado coste del suelo.

MADRID. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, enviar¨¢ en un mes a la Asamblea madrile?a un proyecto de ley que recoja las competencias que la Administraci¨®n central ha perdido tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales casi 200 art¨ªculos de las Ley del Suelo. "Los jueces han determinado que las competencias no deben estar en manos del Estado, sino en las de las autonom¨ªas. A las comunidades nos dan nuevos t¨ªtulos competenciales que debemos recoger", explica Ruiz-Gallard¨®n. La sentencia del Constitucional tambi¨¦n ha puesto en peligro el plan de ordenaci¨®n de Madrid.

MURCIA. El Ejecutivo murciano tambi¨¦n ha puesto en marcha los an¨¢lisis destinados a evaluar las repercusiones pr¨¢cticas de la sentencia y a preparar una legislaci¨®n propia.

NAVARRA. En esta comunidad, los promotores inmobiliarios est¨¢n obligados a ceder a los ayuntamientos un m¨ªnimo del 15% del suelo residencial de los planes generales en cada municipio para la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial, seg¨²n establece el art¨ªculo 42 de la Ley de Medidas de Intervenci¨®n en Suelo y Vivienda de 8 de junio de 1989, aprobada bajo el mandato de uno de los dos gobiernos socialistas que presidi¨® Gabriel Urralburu. Esta ley introdujo el derecho preferente de tanteo y retracto para la Administraci¨®n, as¨ª como una amplia capacidad expropiatoria para la confecci¨®n de bancos p¨²blicos de suelo.

La comunidad foral de Navarra tiene competencias exclusivas en materia de ordenaci¨®n del territorio, urbanismo y vivienda, reguladas por la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo aprobada el 11 de noviembre de 1986, bajo una clara definici¨®n de la funci¨®n p¨²blica del urbanismo y la subordinaci¨®n del inter¨¦s privado respecto al p¨²blico.

PA?S VASCO. La principal repercusi¨®n afectar¨¢ a Vitoria. Su ayuntamiento estaba a punto de proceder a la reserva, f¨®rmula que contemplaba la expropiaci¨®n, de 40 kil¨®metros cuadrados de terreno al noreste de la capital alavesa, las denominadas campas de Salburua y Zabalgana. Esta superficie iba a servir para poner en marcha un ambicioso proyecto del alcalde, Jos¨¦ ?ngel Cuerda, con un gran parque tem¨¢tico, zona deportiva, superficies comerciales y viviendas. Un asunto que ya hab¨ªa sido aprobado, pasado el periodo de exposici¨®n p¨²blica, y estaba a punto de finalizar el de alegaciones. Ahora deber¨¢ negociar con los 460 propietarios de los terrenos, o esperar a que el Parlamento vasco apruebe una modificaci¨®n a la Ley vasca del Suelo que contenga en su integridad el art¨ªculo 278 de la anulada ley del suelo socialista que permite hacer reservas de suelo.

Reportaje elaborado con informaci¨®n de Manuel Gracia P. J. Valderas, Javier Cuartas, Sebasti¨¢n Tobarra, Andreu Manresa, C¨¦sar Fern¨¢ndez-Trujillo, Jes¨²s Delgado, Isabel Salvador, Jerem¨ªas Clemente, Primitivo Carbajo, Francisco Forjas, Ignacio Mart¨ªnez, Vicente G. Olaya, Jos¨¦ Rocamora, Mikel Muez, Pedro Gorospe y Cristina V¨¢zquez.