La incineradora "no da?a la salud", dicta el Tribunal Superior
La actividad de la planta incineradora de Valdeming¨®mez no se ha demostrado que represente "un peligro para la salud de las personas", si bien su tecnolog¨ªa "no es la mejor posible: es mejorable". As¨ª lo indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resoluci¨®n, hecha p¨²blica ayer, en la que se pronuncia sobre un recurso de la fiscal¨ªa en el que ped¨ªa a este alto tribunal la adopci¨®n "de medidas cautelares" contra la planta por entender que incumple la legislaci¨®n de medio ambiente. No obstante, el proceso judicial sigue abierto.Los tres hornos de Valdeming¨®mez comenzaron a funcionar en pruebas en diciembre de 1995. La fiscal¨ªa madrile?a aleg¨® entonces ante el tribunal por entender que eran necesarias distintas medidas cautelares. Su actividad, adujo, carec¨ªa de suficientes controles y exist¨ªa un riego potencial para la salud. El Ayuntamiento y Tirmadrid, empresa que gestiona la planta, se opusieron a tales medidas al afirmar que la actividad de la planta respeta las normas que regulan la emisi¨®n de dioxinas (part¨ªculas t¨®xicas) a la atm¨®sfera. La decisi¨®n del tribunal de no adoptar, "al menos por ahora", ninguna medida cautelar ha sido tomada por la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo. Este tribunal concluye: Valdeming¨®mez carece "de la mejor tecnolog¨ªa disponible", si bien "no se ha demostrado" que su funcionamiento implique "un peligro concreto para la salud de las personas". Sus emisiones y controles, subraya, se ajustan a la legislaci¨®n.
Antes de adoptar esta decisi¨®n, el tribunal (integrado por Fernando Ortiz, F¨¦lix M¨¦ndez, Emma Galcer¨¢n y Jos¨¦ Alberto Fern¨¢ndez Rodera) ha estudiado los informes de 12 peritos: cuatro propuestos por la fiscal¨ªa, otros cuatro por el Ayuntamiento e igual n¨²mero por Tirmadrid.
PASA A LA P?GINA 3
El Tribunal Superior recomienda que se revisen" los I¨ªmites de emisi¨®n de dioxinas
VIENE DE LA P?GINA 1Los jueces entienden que los l¨ªmites de emisi¨®n de dioxinas y furanos se ajustan a un real decreto de 1992, cuyo contenido coincide con una directiva europea fechada en 1989 y que son revisables en tanto fijaron unos l¨ªmites de acuerdo con "la mejor tecnolog¨ªa disponible" en aquel momento.
A pesar de que entiende el tribunal que por ahora no procede adoptar ninguna medida cautelar, s¨ª recomienda, en cambio, "a las autoridades" que "revisen" la normativa por la que se rige Valdeming¨®mez y la adapten "a los l¨ªmites" sobre emisi¨®n de gases que imperan en pa¨ªses como "Austria, Holanda y Alemania", e incluso en Catalu?a, donde existen dos plantas. Sin embargo, los jueces pueden haberse equivocado en este punto, ya que la normativa catalana no establece m¨ªnimos de emisiones, subrayaron ayer fuentes de las partes. La legislaci¨®n catalana s¨®lo recomienda que "durante un muestreo de seis a ocho horas no se superen los 0,1 nanogramos [milmillon¨¦sima de gramo] de dioxinas por metro c¨²bico de aire".
La normativa madrile?a es m¨¢s dura que la aplicada en Catalu?a, porque obliga a que esa misma cantidad no se sobrepase en ning¨²n momento. Fuentes jur¨ªdicas valoraron ayer el auto del tribunal por cuanto, subrayaron, "no implica en absoluto el cierre del procedimiento judicial, que sigue abierto", y, adem¨¢s, "recomienda que se revise a la baja el l¨ªmite sobre la emisi¨®n de dioxinas y furanos".
Estudio de salud
La fiscal¨ªa sigue manteniendo que la planta, dada su ausencia de controles suficientes (el tribunal difiere de esta apreciaci¨®n), s¨ª puede da?ar la salud de las personas. De hecho, ha encargado ya oficialmente al Instituto de Salud Carlos III un estudio exhaustivo de los vecinos de la zona.La asociaci¨®n ecologista Aedenat expres¨® ayer su "decepci¨®n" por el contenido del auto judicial, y critic¨® que el tribunal haya otorgado m¨¢s credibilidad a los "informes de los peritos municipales que a los de la fiscal¨ªa".
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Adriano Garc¨ªa Loygorri, manifest¨® a Europa Press que sent¨ªa una gran satisfacci¨®n al comprobar que el Tribunal Superior hab¨ªa dado al Ayuntamiento la raz¨®n.
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