El Gobierno dar¨¢ a empresas privadas acceso a datos reservados en la Administraci¨®n tributaria

El Gobierno vulnera el principio de confidencialidad de los datos reservados en la Administraci¨®n tributaria. El Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de abril public¨® las bases de un concurso dirigido a empresas asesoras de imagen promovido por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributarla cuya pretensi¨®n es mejorar su imagen. El pliego de prescripciones t¨¦cnicas otorga a las empresas de imagen el "acceso a temas confidenciales", lo que vulnera el principio de reserva de los datos obtenidos por Hacienda.

El BOE del pasado d¨ªa 17 public¨® un concurso dirigido a las empresas de imagen para optar por el asesoramiento del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, en general. La empresa adjudicataria, seg¨²n las bases del concurso que se cerrar¨¢ el pr¨®ximo 26 de mayo, prestar¨¢ asesoramiento en "todo lo relativo a prensa e imagen ante los medios de comunicaci¨®n, opini¨®n p¨²blica y organismos de la Administraci¨®n".El pliego de las bases reconoce el acceso por parte de la empresa adjudicataria a temas confidenciales. En su punto octavo se?ala: "Dados los temas confidenciales a los que podr¨ªa tener acceso, la empresa adjudicataria se compromete a publicar aquello que se determine por los ¨®rganos de direcci¨®n de la Agencia Tributaria o del Servicio de Vigilancia Aduanera".

Dicho acceso por parte de una empresa ajena a la Administraci¨®n vulnera el principio de confidencialidad de la Administraci¨®n Tributaria. El art¨ªculo 113 de modificaci¨®n parcial de la Ley General tributaria, del 20 de julio de 19951 se?ala: "Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administraci¨®n tributaria en el desempe?o de sus funciones tienen car¨¢cter reservado y s¨®lo podr¨¢n ser utilizados para la efectiva aplicaci¨®n de los tributos o recursos cuya gesti¨®n tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".

La legislaci¨®n ofrece cinco excepciones para la intervenci¨®n de terceros, pero ninguna afecta a este caso. Las excepciones son: la investigaci¨®n o persecuci¨®n de delitos p¨²blicos por los ¨®rganos jurisdiccionales o el Ministerio P¨²blico; la colaboraci¨®n con otras administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ¨¢mbito de sus competencias; la colaboraci¨®n con la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma; la colaboraci¨®n con cualesquiera otras administraciones p¨²blicas para la lucha contra el fraude en la obtenci¨®n o percepci¨®n de ayudas o subvenciones a cargo de fondos p¨²blicos o de la Uni¨®n Europea y la colaboraci¨®n con las mismas comisiones parlamentarias de investigaci¨®n en el marco legalmente establecido.

La legislaci¨®n es muy rigurosa con la confidencialidad de la Administraci¨®n tributaria. El mismo art¨ªculo 113 se?ala: "Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estar¨¢n obligados al m¨¢s estricto y completo sigilo respecto a ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracci¨®n de este particular deber de sigilo se considerar¨¢ siempre falta disciplinaria muy grave".

El rigor de la legislaci¨®n en materia de Administraci¨®n tributaria entra en contradicci¨®n con el acceso a temas confidenciales que tendr¨¢ la empresa adjudicataria de imagen. Las competencias de la empresa son amplias. Seg¨²n el pliego, "dise?ar¨¢ las estrategias informativas que deban seguir durante la vigencia del contrato" y "asesorar" y preparar¨¢ al personal que se determine por el Servicio de Vigilancia Aduanera y en su caso por la Agencia Tributaria, en general, para ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones...". La duraci¨®n del contrato ser¨¢ de dos anos, prorrogables hasta seis. El importe del mismo ser¨¢ de 11.200.000 pesetas.

Se da la paradoja de que el pasado enero el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Rodrigo Rato, aludi¨® a la confidencialidad con que protege esta ley para rechazar la propuesta socialista de publicar los nombres de los presuntos beneficiados por la supuesta amnist¨ªa fiscal de 200.000 millones del anterior Gobierno socialista.