El juez Garz¨®n renuncia a carear a Manglano y Perote al suavizar el coronel su versi¨®n

El juez Baltasar Garz¨®n no pudo carear ayer a los jefes del espionaje durante gran parte del mandato de los socialistas, el teniente general Emilio Alonso Manglano -ex director del Cesid- y el coronel Juan Alberto Perote -ex jefe de la Agrupaci¨®n Operativa-, pues no lleg¨® a haber graves contradicciones en sus declaraciones, tras suavizar Perote su versi¨®n. Ambos fueron interrogados en relaci¨®n con los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, recientemente desclasificados. Perote estuvo dubitativo y con importantes lagunas de memoria, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Estas fuentes aseguraron que Perote estuvo muy impreciso y ambiguo y que fue esta actitud la que impidi¨® la celebraci¨®n de un careo con Manglano, puesto que de hecho no se apreciaron contradicciones rotundas. Adem¨¢s, condicion¨® la posibilidad de que el fiscal solicitase medidas cautelares contra alguno de ellos o ambos, ya que los dos comparecieron en calidad de imputados.Las citadas fuentes agregaron que en la Audiencia Nacional existe la impresi¨®n de que Perote ha dado "frenazo y marcha atr¨¢s", al menos hasta que conozca el resultado del juicio que tiene pendiente ante la jurisdicci¨®n militar por revelaci¨®n de secretos, y en el que el fiscal pide 10 a?os de prisi¨®n para ¨¦l. Incluso no descartan que el coronel haya llegado a un pacto t¨¢cito para guardar silencio a cambio de un trato benigno. El juicio contra Perote est¨¢ previsto para el pr¨®ximo 9 de junio.

Ayer el juez Garz¨®n mostr¨® tanto a Manglano como a Perote los documentos desclasificados y les volvi¨® a preguntar sobre el significado de la abreviatura "Pte." que figuraba en una nota de despacho manuscrita por Manglano. El general insisti¨® en que significa "pendiente y Perote ratific¨® -al parecer con matices- que significa "presidente", en referencia al entonces presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, al que, de ser cierta la versi¨®n de Perote, supuestamente se habr¨ªa informado del inicio de las acciones de la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia.

No obstante, a la salida de la Audiencia Nacional, Perote declar¨® a los periodistas acerca de este asunto: "Es una pol¨¦mica que se resolver¨¢ en su d¨ªa por quien lo tenga que resolver".

Manglano fue preguntado, entre otros detalles, sobre la persona a la que daba cuenta de las operaciones que realizaba el Cesid o de las informaciones que obten¨ªa. El general, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, declar¨® que ¨¦l despachaba con el ministro de Defensa, que en las fechas a las que se refieren los documentos, finales de 1983, era Narc¨ªs Serra.

Tanto Perote como Manglano siguen como imputados en el caso O?ederra, pero el fiscal no ha pedido, y por consiguiente el juez tampoco las adopt¨®, ning¨²n tipo de medidas cautelares contra ellos. El caso O?ederra investiga varios delitos relacionados con la guerra sucia, entre los que destacan cuatro de los primeros asesinatos de los GAL, el secuestro de un miembro de los GRAPO, la experimentaci¨®n de f¨¢rmacos en mendigos como cobayas humanas para aplicarlo luego a dirigentes etarras, y el env¨ªo de cartas bomba a militantes Herri Batasuna o simpatizantes de ETA.

Escasez de pruebas

En medios de la Audiencia Nacional se hab¨ªa especulado estos d¨ªas con que, tras la desclasificaci¨®n de los papeles de Cesid por parte del Gobierno, los jueces Baltasar Garz¨®n y Javier G¨®mez de Lia?o elevar¨ªan en breve una exposici¨®n razonada al Tribunal Supremo por entender que existen indicios de delito en personas aforadas, especialmente los responsables del Ministerio del Interior de Gobiernos socialistas y otros altos cargos, entre los que podr¨ªa figurar Felipe Gonz¨¢lez. Pero fuentes de la Audiencia descartan ahora tal posibilidad. El fiscal Jes¨²s Santos, encargado del caso Lasa-Zabala, que instruye Lia?o, ha comentado a sus ¨ªntimos que no ve¨ªa el env¨ªo de la causa al Supremo ni antes de la desclasificaci¨®n ni ahora que los papeles han dejado de ser secretos.

Respecto al caso O?ederra, fuentes jur¨ªdicas se?alan que en el sumario no existen indicios suficientes para que el proceso sea elevado al Supremo. Estas fuentes han argumentado que de lo actuado hasta ahora se puede llegar a la convicci¨®n de una estrategia general, pero que no existen pruebas concretas de las supuestas implicaciones de altos cargos en los hechos delictivos que se investigan.