M¨¢s del 90% de las denuncias por aborto son de novios despechados y maridos separados
Las cl¨ªnicas aseguran que la mayor¨ªa de las reclamaciones es archivada por los jueces
La orden de ingreso en prisi¨®n de dos ginec¨®logos en Barcelona ha desatado los tel¨¦fonos esta semana en las cl¨ªnicas que practican abortos legales. "?Me pasar¨¢ algo a m¨ª?", preguntan muchas mujeres que no se sienten del todo amparadas por la ley. Porque el aborto, al ser un delito fuera de los tres supuestos despenalizados, se presta a que sean denunciadas por novios despechados o maridos en proceso de divorcio que quieren la custodia de sus hijos. Seg¨²n las cl¨ªnicas consultadas, ¨¦sta es la v¨ªa del 90% de las denuncias, aunque luego son archivadas en su mayor¨ªa por los jueces.
Es verdad que las denuncias no han sido muchas desde que entr¨® en vigor la despenalizaci¨®n parcial del aborto, en 1985. Pero las suficientes, dicen los m¨¦dicos, para crear un estado permanente de inseguridad entre quienes deciden interrumpir su embarazo. La cl¨ªnica Dator, de Madrid, donde se practica cerca de un 60% de todos los abortos legales de esta comunidad, seg¨²n sus responsables, ha recibido en 10 a?os entre 70 y 80 requerimientos judiciales por otras tantas intervenciones. "Todas de maridos y novios", explica Victoria Virtudes, portavoz del centro.Las historias son todas parecidas a la que motiv¨® el proceso que termin¨® en condena de los ginec¨®logos del Centro M¨¦dico Arag¨®n, de Barcelona, Rol¨ªn Julio Robles y Guerrit Jan Bosma, pendientes a¨²n de su ingreso en prisi¨®n: un marido con desavenencias conyugales decide denunciar a su mujer, que abort¨® tras quedarse embarazada a pesar de llevar un DIU. Los resquicios de la ley permitieron que esta circunstancia no se considerara dentro del primer supuesto legal para abortar que contempla la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre.
Salud de la madre
En Espa?a el 98% de los abortos legales se realizan en cl¨ªnicas privadas. Y de ellos m¨¢s del 90% se justifican en este primer supuesto, al que recurren novios y maridos. "En el caso de los maridos, es curioso", dice Victoria Virtudes. "Cuando su mujer abort¨®, las acompa?aron a la cl¨ªnica e incluso pagaron la factura, y a?os despu¨¦s, si est¨¢n en un proceso de divorcio, las denuncian s¨®lo para conseguir quedarse con los hijos. Su argumento es que una madre que aborta, que asesina, no es una madre responsable".
Para rizar el rizo de la venganza, el caso que afect¨® a otra cl¨ªnica en M¨¦rida. Su ¨²nica denuncia por ahora, en cuatro a?os de funcionamiento. "En este caso, un hombre denunci¨® a su ex mujer, de la que estaba separado hac¨ªa tiempo, por acompa?ar a abortar a la hija de ambos de 16 a?os", explica una de sus portavoces. "Todos los que conocemos son iguales; o por venganza o por hacer la pu?eta", agrega.
Los novios. Uno, madrile?o, sembr¨® de pintadas el barrio de su novia meses despu¨¦s de haberla acompa?ado a abortar, s¨®lo porque ¨¦sta le iba a dejar. Despu¨¦s de la publicidad, la denunci¨®, cuenta Victoria Virtudes. En una cl¨ªnica de Las Palmas fue el padre del novio el que acudi¨® a los tribunales contra una joven "para reclamar el derecho de su hijo, que quer¨ªa tener el ni?o", explica el doctor Juan Reyes, del citado centro.
Reyes y Virtudes coinciden en que en la gran mayor¨ªa de los casos las denuncias no van a ninguna parte. "Los jueces las archivan", dice Reyes. "Los jueces son conscientes de que es un arma que utilizan estas personas contra la mujer", apostilla Virtudes. Con todo, y aunque la denunciada generalmente no va a la c¨¢rcel -a diferencia de sus m¨¦dicos-, el proceso hace que pase dos veces por el mismo calvario: revivir la situaci¨®n y su historia cl¨ªnica aireada en despachos de abogados.
Los responsables de los centros aseguran que no pueden negarse a entregar, a petici¨®n de un juez, el historial m¨¦dico de la mujer que ha abortado. Sin embargo, existe discrepancia entre los juristas sobre esta obligaci¨®n. Aceptando que los preceptos constitucionales queprotegen el secreto profesional a¨²n no est¨¢n desarrollados legalmente, algunos expertos recuerdan que la Ley General de Sanidad s¨ª recoge el derecho de todo usuario a la confidencialidad de su proceso y su estancia en un centro sanitario.
Pero, en ¨²ltima instancia, lo que estas denuncias ponen en evidencia, subrayan los responsables de las cl¨ªnicas, es la situaci¨®n de indefensi¨®n en la que deja a mujeres y sanitarios la actual regulaci¨®n, "que sigue sin reconocer el derecho de la mujer a decidir", concluye Victoria Virtudes.
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