Pol¨¦mica en los tribunales espa?oles

La precipitada destituci¨®n del Fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, nombrado por el Gobierno de centro-derecha el pasado verano , es un s¨ªntoma de malestar en el coraz¨®n del sistema judicial espa?ol.La decisi¨®n fue una velada respuesta del Gobierno a las hostilidades en la c¨²pula de los fiscales, particularmente en la Audiencia Nacional en Madrid, escenario de muchos casos relevantes y algunos extra?os acontecimientos.

Una de las figuras claramente desconcertadas por el mecanismo de la investigaci¨®n judicial es Carlos March, presidente del banco que lleva el nombre de su familia y grande de Espa?a, casi equivalente a Rockefeller. Para sorpresa suya y consternaci¨®n de sus socios banqueros, una decisi¨®n judicial tomada la pasada semana le prohibi¨® salir del pa¨ªs sin permiso del juez.

La actuaci¨®n -que no tiene nada que ver con el banco, sino que est¨¢ relacionada con el tema de la televisi¨®n, y que tiene mayores connotaciones pol¨ªticas- es la ¨²ltima vuelta de tuerca de una serie de oscuros episodios que bien pudieran ser material de un culebr¨®n televisivo sobre la profesi¨®n legal.

Una de las particularidades del sistema judicial espa?ol es la acusaci¨®n popular, un caso criminal que un particular ejerce ante los tribunales si logra convencer al juez para que lo lleve a tr¨¢mite. Los jueces instructores de la Audiencia Nacional tienen un amplio poder para tomar sus propias iniciativas. Este caso tan particular, iniciado por un controvertido abogado, es contra Sogecable, la empresa puesta en marcha por la cadena de televisi¨®n de pago Canal Plus, ligada a la cadena francesa del mismo nombre.

El caso tiene un trasfondo pol¨ªtico, coincide con una amarga batalla sobre la televisi¨®n digital entre el Gobierno y Sogecable, que tiene su propio sat¨¦lite ya en funcionamiento y que est¨¢ luchando contra las condiciones reguladoras impuestas en el ¨²ltimo minuto por la Administraci¨®n.

Se acusa a Canal Plus de haber financiado originalmente su televisi¨®n de pago incorrectamente utilizando los dep¨®sitos pagados por sus 1,4 millones de suscriptores. El desembolso para formalizar la suscripci¨®n es de 9.000 pesetas por inscripci¨®n y 6.000 pesetas por el alquiler del descodificador. Carlos March es miembro del Consejo de Administraci¨®n de Sogecable.El juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o ya hab¨ªa limitado el movimiento del presidente de Sogecable, Jes¨²s de Polanco, y otros dos altos ejecutivos. Sin embargo, una sala de apelaci¨®n de la Audiencia desautoriz¨® dichas ¨®rdenes por ser "arbitrarias" y "desproporcionadas" y "sin base legal". Sin embargo, la orden sobre March se mantiene.

Mientras tanto, el hermano mayor del juez, Mariano G¨®mez de Lia?o, est¨¢ tambi¨¦n presente en la Audiencia Nacional en un papel diferente. Como defensor y socio del banquero ca¨ªdo en desgracia Mario Conde, se enfrenta a la acusaci¨®n de fraude en el caso del grupo bancario Banesto, que fue intervenido por el Banco de Espa?a en 1993. Tambi¨¦n G¨®mez de Lia?o defendi¨® a Conde en un reciente juicio oral, donde el ex banquero fue sentenciado a seis a?os de c¨¢rcel y est¨¢ pendiente de apelaci¨®n.

En el pasado ha habido conmoci¨®n entre los jueces, algunos de los cuales han sido acusados de conducta irregular. El cese, el pasado viernes, de Ortiz ?rculo como fiscal general ha sido un intento de restaurar el orden. Su sucesor al frente de la fiscal¨ªa, Jes¨²s Cardenal, es un respetable jurista, aunque con puntos de vista ultra-conservadores, que ha sido trasladado a Madrid desde el Pa¨ªs Vasco.

Al mismo tiempo, la ministra de Justicia acept¨® la recomendaci¨®n de ?rculo de trasladar a uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, a quien ¨¦l acus¨® de ser "¨¢spera" y cometer "excesos".

Tambi¨¦n ocurre que M¨¢rquez de Prado ha estado por alg¨²n tiempo unida sentimentalmente con el juez G¨®mez de Lia?o.

La pol¨¦mica ha supuesto una pesada carga sobre la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuya actuaci¨®n ha sido atacada por el l¨ªder de la oposici¨®n, Felipe Gonz¨¢lez, como de una "asombrosa ineficacia".

Los expertos legales dicen que lo esencial del problema est¨¢ en la instituci¨®n misma, la Audiencia Nacional. Puesta en marcha tras la era de Franco, inicialmente para ser el lugar en el que deb¨ªan ser juzgados los delitos de terrorismo, cubri¨® el vac¨ªo que dej¨® la abolici¨®n del ignominioso Tribunal de Orden P¨²blico, donde, por cierto, el padre de la ministra de Justicia ejerci¨® de juez. Ya el pasado mes de diciembre, la mayor¨ªa de los espa?oles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas pensaba que los acontecimientos en la Audiencia Nacional conllevar¨ªan una p¨¦rdida de confianza en la justicia. Lo que ahora parece una afirmaci¨®n muy moderada.

, 12 de mayo