El 'Caso Lia?o'

EL PRESIDENTE de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional traslad¨® ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupaci¨®n ante la "extra?a actitud" del juez G¨®mez de Lia?o en relaci¨®n con el caso Sogecable, del que es instructor. Tal actitud se habr¨ªa "exacerbado" en los ¨²ltimos d¨ªas. Que un juez instructor pida amparo al Consejo por considerarse "vejado" por el tribunal que corrige una decisi¨®n suya -la de prohibir viajar al extranjero a Jes¨²s de Polanco y Juan Luis Cebri¨¢n- es ya bastante fuerte; que ante un se gundo correctivo de la Sala - ¨¦ste sobre el secreto del sumario- reaccione planteando que los magistrados podr¨ªan haber cometido un delito (de prevaricaci¨®n, se supone) al dictar esta resoluci¨®n supera todo lo conocido. "Ins¨®lito", "absurdo", "un disparate", "invierte las reglas esenciales del proceso penal", han dicho las aso ciaciones judiciales. Una de ellas indica en un comunica do que, con su iniciativa, Lia?o "deja claro que no es un juez imparcial".No puede decirse, por tanto, que la alarma no est¨¦ extendida. Tampoco que carezca de fundamento. Despu¨¦s de elevar al CGPJ la queja por lo que considera extralimitaciones de la Sala de lo Penal, ayer mismo volv¨ªa Lia?o a decretar el secreto para las nuevas diligencias que ¨¦l mismo ha encomendado a la Polic¨ªa Judicial, de las que son muestra el interrogatorio abusivo al que dos inspectores sometieron a un distribuidor de Canal + en un pueblo de Le¨®n.

Los jueces de instrucci¨®n tienen un enorme poder que no siempre emplean con responsabilidad. Lo menos que puede decirse de las ¨²ltimas decisiones de Lia?o es que contienen una desbordante carga de subjetividad. Algo que no es nuevo en su trayectoria: hace dos a?os, el CGPJ -del que entonces era vocal- se vio obligado a intervenir ante lo desbocado de los escritos con que replic¨® a un voto particular del magistrado Andr¨¦s de la Oliva, que hab¨ªa considerado conveniente la abstenci¨®n de Javier G¨®mez de Lia?o en un asunto relacionado con el sumario del caso Banesto, en el que su hermano Mariano es imputado.

Pero el llamado caso Sogecable -que cada d¨ªa que pasa se configura m¨¢s y m¨¢s como el caso Lia?o- precisa otras consideraciones. El levantamiento del secreto ha permitido confirmar algo que ya se supon¨ªa: la intervenci¨®n directa del Gobierno en la creaci¨®n de la inconcebible denuncia presentada por uno de sus socios en la plataforma digital. El periodista Miguel Plat¨®n, autor del reportaje publicado en la revista ?poca que sirvi¨® de base para las querellas (y hoy director de informaci¨®n de la agencia de prensa gubernamental Efe), declara que su art¨ªculo se bas¨® en un informe realizado por Gerardo Ortega, Rafael P¨¦rez Escolar y una tercera persona que podr¨ªa ser Ram¨®n Tamames. Ortega manifest¨®, por su parte, que lo hab¨ªa redactado a instancia "de un secretario de Estado". P¨¦rez Escolar ha sido socio de Conde y est¨¢ procesado con ¨¦l en el caso Banesto. Tamames ha realizado igualmente informes para el ex presidente que llev¨® dicho banco a la quiebra.

En un editorial publicado en EL PMS el 2 de marzo se dec¨ªa: "Suena a excusa no pedida la proclamaci¨®n que hizo ayer el vicepresidente Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema... ?Qu¨¦ ha hecho con ese informe que, seg¨²n ?poca, ten¨ªa en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?".

Resulta que el Gobierno no s¨®lo conoc¨ªa el informe, sino que lo hab¨ªa ordenado: se trataba de un documento sobre las cuentas de Sogecable destinado a buscar eventuales motivos para un procesamiento de sus administradores. Y ello se produjo en medio de la ofensiva contra el Grupo PRISA desatada por el Gobierno a ra¨ªz de la firma del pacto sobre el f¨²tbol televisado que desbarat¨® sus planes sobre el sector de la comunicaci¨®n.

Pero la opini¨®n p¨²blica ha conocido despu¨¦s otros datos relevantes sobre este asunto: las amenazas desde La Moncloa a Antonio Asensio de llevarle a la c¨¢rcel por haber firmado con Polanco dicho acuerdo y la disposici¨®n del PP a aprobar leyes antieuropeas y anticonstitucionales con tal de salirse con la suya. El juez G¨®mez de Liarlo, por su parte, admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia (y las querellas posteriores) por los supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida, estafa y falsedad en documento mercantil: precisamente los mismos de que est¨¢ acusado Mario Conde . Otra casualidad.

La empresa de Canal + ha insistido una y otra vez en que todo este asunto se trata de un montaje y que no ha cometido ning¨²n delito. Hoy es evidente que la transparencia de las cuentas de Sogecable, auditada sin m¨¢cula por Arthur Andersen, contrasta con otros interrogantes que saltan a la vista: ?qui¨¦n en el Gobierno encarg¨® el informe de marras?, ?con qu¨¦ motivo y finalidad? y ?con qu¨¦ dinero se pag¨®?