Un consejo contra el caos televisivo

El mapa del presente y del futuro de la televisi¨®n en Espa?a se est¨¢ configurando en medio de un caos cada vez m¨¢s confuso, en que el Gobierno actual del PP y algunos grupos econ¨®mico-medi¨¢ticos intentan apoderarse de la televisi¨®n para utilizarla como medio de poder pol¨ªtico, econ¨®mico y social. El PSOE tiene tambi¨¦n alguna responsabilidad de esta situaci¨®n. Tanto el Gobierno anterior como el partido socialista han carecido de una pol¨ªtica clara y coherente en materia de comunicaci¨®n. La tardanza en la aprobaci¨®n de la Ley de Telecomunicaciones por Cable y del preceptivo reglamento propici¨® m¨²ltiples situaciones irregulares, principalmente en la concesi¨®n de las licencias municipales correspondientes por parte de los ayuntamientos del PSOE y del PP. Tampoco la regulaci¨®n de la televisi¨®n digital por sat¨¦lite fue acometida a su tiempo por el Gobierno socialista, dejando de incorporar al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol la directiva de televisi¨®n digital.Los vac¨ªos socialistas han servido de excusa a la voracidad audiovisual del PP, que est¨¢ practicando abiertamente una pol¨ªtica intervencionista, olvid¨¢ndose de su pretendida imagen liberal. La utilizaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n como poder es una de las pocas cosas claras de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que ha aprendido muy bien por su tradici¨®n familiar en la ¨¦poca de Franco y en lo que est¨¢ bien entrenado por sus pr¨¢cticas desde el Gobierno de Castilla y Le¨®n, donde cont¨® con la ayuda de su principal asesor, el actual y pol¨¦mico secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez. Es tanta la prisa que tiene el PP para controlar el poder de los medios de comunicaci¨®n que no lo oculta y utiliza para ello, como v¨ªa legislativa habitual, el decreto-ley, que, por definici¨®n y constitucionalmente, es un procedimiento excepcional.

Una de las primeras medidas legislativas del Partido Popular fue precisamente la aprobaci¨®n en junio de 1996 del real decreto-ley de liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones, al que sigui¨® en enero de este a?o el real decreto-ley denominado de televisi¨®n digital. Por una vez que el PP ha utilizado el procedimiento normal del proyecto de ley, en el caso de la denominada Ley del F¨²tbol Televisado, lo ha hecho dot¨¢ndola de efectos retroactivos, en contra del principio general de la irretroactividad de las leyes que protege los derechos adquiridos y la seguridad jur¨ªdica de acuerdo con lo establecido en nuestro C¨®digo Civil.

Un hecho de suma gravedad ha sido que el Gobierno del PP se haya convertido en juez y parte en el desarrollo de la televisi¨®n digital, impulsando desde el poder una plataforma af¨ªn a sus intereses e ideolog¨ªa, confundiendo los intereses p¨²blicos con los privados, en lugar de actuar de manera imparcial, en contra concretamente del Estatuto. de Radiotelevisi¨®n, que impide a la televisi¨®n p¨²blica participar en operaciones econ¨®micas con entidades privadas.

En Espa?a se necesita una clarificaci¨®n total, del panorama televisivo actual y del futuro, en el que deben convivir televisiones de ¨¢mbito nacional, auton¨®mico y local, digitales, por cable, por sat¨¦lite y por v¨ªa terrestre, p¨²blicas y privadas, de pago y de r¨¦gimen abierto, a lo que hay que a?adir la confusa situaci¨®n de la radio, donde se anuncia la pr¨®xima concesi¨®n de licencias de frecuencia modulada. Por el momento, la situaci¨®n es de un totum revolutum. En la televisi¨®n p¨²blica no existe ning¨²n modelo de desarrollo futuro y s¨ª, por el contrario, una clara instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica. Al mismo tiempo, algunas comunidades aut¨®nomas han aprobado la privatizaci¨®n de sus canales televisivos sin que se debatiese antes por el Parlamento nacional si se debe modificar la Ley del Tercer Canal. No menos confuso es el desarrollo de las televisiones privadas, en las que es necesario garantizar el pluralismo y la transparencia de las empresas informativas. A menos de dos anos de la resoluci¨®n de las actuales licencias, sin esperar a agotar los plazos, el Gobierno del PP ha anunciado la creaci¨®n de nuevos canales privados, sin que se conozcan razones ni criterios.

En este contexto, intentar racionalizar el espacio audiovisual espa?ol y reconducirlo a un debate sobre la libertad de expresi¨®n y el derecho de los ciudadanos a una informaci¨®n veraz puede ser un intento tan dificultoso como el del mito de S¨ªsifo.

En el panorama televisivo actual, en el que no hay normas jur¨ªdicas o ¨¦ticas adecuadas y las que existen no se cumplen, en que cada d¨ªa m¨¢s frecuentemente se utiliza la informaci¨®n como mera mercanc¨ªa o como instrumento de poder, en que a los ciudadanos se les trata como meros consumidores de telebasura, el primer paso para salir del caos deber¨ªa ser la creaci¨®n del Consejo Superior de lo Audiovisual, tal como fue propuesto por acuerdo un¨¢nime del Senado en la legislatura pasada y concebido como ¨®rgano Independiente nombrado por el Parlamento como instancia p¨²blica con funciones de obligado asesoramiento del Gobierno y del Parlamento en todo lo referente a la legislaci¨®n y desarrollo del sector audiovisual, incluida la con cesi¨®n de licencias de emisi¨®n, con la misi¨®n de vigilancia del cumplimiento tanto de las normas jur¨ªdicas como de los c¨®digos deontol¨®gicos y de protecci¨®n de los derechos fundamentales de las personas en relaci¨®n con la publicidad y los contenidos audiovisuales.

Lamentablemente, ni desde el Gobierno ni desde los partidos de la oposici¨®n se recuerda la urgencia de su puesta en pr¨¢ctica. Si es l¨®gico que el Gobierno del PP se haya olvidado del mandato del Senado, resulta incomprensible la amnesia desde el PSOE y desde IU. En lugar de apostar por este consejo imparcial e independiente como ¨²nica autoridad sobre todo el sector audiovisual, desde la televisi¨®n digital hasta el f¨²tbol televisado, primero los dirigentes socialistas y despu¨¦s los de Izquierda Unida han optado por apoyar como suced¨¢neo la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones, ¨®rgano dependiente del Gobierno que, sin embargo, se ha aceptado como ¨²nica garant¨ªa de imparcialidad en el desarrollo de la televisi¨®n digital. Han marginado sus deberes como partidos de izquierda por el plato de lentejas de colocar a algunos de sus representantes en un ¨®rgano en el que adem¨¢s est¨¢n en evidente minor¨ªa.

Un modelo parecido se acaba de repetir, con las mismas complicidades en relaci¨®n con la Ley del F¨²tbol Televisado, con la creaci¨®n de un nuevo consejo, presentado tambi¨¦n como independiente, que, sin embargo, se enmarca dentro del marco gubernamental. Mientras tanto resulta pat¨¦tico y bastante hip¨®crita que tanto los dirigentes del PSOE como los del PP intenten probar su pureza audiovisual con la creaci¨®n de comisiones parlamentarias sobre abusos de poder y al mismo tiempo no se ponga remedio a la situaci¨®n actual con la creaci¨®n urgente de un ¨²nico consejo audiovisual imparcial, tal como existe en toda la Europa comunitaria, como autoridad independiente, que ser¨ªa un instrumento adecuado contra las arbitrariedades y abusos de poder.

En esta situaci¨®n, no es descabellado excluir que desde La Moncloa se intente resucitar cualquier d¨ªa el antiguo proyecto de Miguel ?ngel Rodr¨ªguez de regenerar dogm¨¢ticamente el panorama audiovisual espa?ol con una regulaci¨®n jur¨ªdica de los contenidos audiovisuales, incluyendo la definici¨®n de las noticias de inter¨¦s general y la obligatoriedad de su difusi¨®n.