La fiscal¨ªa 'destapa' otro "grav¨ªsimo" vertido de gasolina a un acu¨ªfero.
La Fiscal¨ªa de Madrid ha presentado una querella por delito ecol¨®gico contra los due?os de una gasolinera de San Sebasti¨¢n de los Reyes por contaminar gravemente un "importante acu¨ªfero" cercano al surtidor y del que se abastec¨ªan para riego e incluso consumo humano algunas fincas de la zona. La fiscal¨ªa reclama a los due?os de esta gasolinera una fianza de 1.000 millones de pesetas. Esta querella es distinta del auto dictado por un juez de Coslada (v¨¦ase El PA?S de ayer) contra otra gasolinera de San Fernando de Henares, a la que el juez ha impuesto una fianza de 1.000 millones por un vertido similar. Detr¨¢s de ambas diligencias est¨¢ la Secci¨®n de Medio Ambiente de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Madrid.Si grave era la contaminaci¨®n que se atribuye a la gasolinera de San Fernando, propiedad de Repsol y acusada de derramar a un acu¨ªfero 250.000 litros de hidrocarburos, no lo es menos la que la fiscal¨ªa imputa ahora a los due?os del surtidor situado en el kil¨®metro 24 de la carretera de Burgos, en San Sebasti¨¢n de los Reyes. La empresa querellada en este caso es Setor, SA. El descomunal derrame de hidrocarburos que se le imputa se produjo "entre los a?os 1992 y 1995, y se debi¨® a la rotura o filtraciones procedentes de un tanque de combustible. Los hidrocarburos llegaron hasta el acu¨ªfero formando una gigantesca bolsa.
Consecuencias
La fiscal¨ªa considera que el vertido ha provocado "un da?o irreparable" al acu¨ªfero.
De resultas de este vertido, a?ade el fiscal, "se ha producido un notorio riesgo para la salud de las personas que consumen o han consumido agua del acu¨ªfero". Seg¨²n la fiscal¨ªa, "las afecciones que sufre el acu¨ªfero, tanto ambientales como sanitarias, pudieran ser irreparables". "Minimizar" los da?os", agrega, "requiere un costos¨ªsimo esfuerzo econ¨®mico".En opini¨®n del fiscal, "un derrame de semejante entidad por fuerza debi¨® de ser, si no realizado voluntariamente, s¨ª advertido o conocido por los responsables de la empresa". A pesar de todo, "los responsables de la empresa no efectuaron actuaci¨®n alguna para evitar o aminorar las consecuencias del derrame". Los due?os de la empresa, subraya el fiscal, han negado en todo momento "cualquier relaci¨®n con el vertido, a pesar de la certeza del mismo".
Antonio Herrero, portavoz de la empresa de la gasolinera, indic¨® ayer que no ten¨ªa conocimiento de la querella, y menos a¨²n de la fianza. "No tengo ning¨²n escrito de ning¨²n organismo oficial inculp¨¢ndonos de contaminaci¨®n alguna. Hace un par de a?os", dijo, "se hizo un control de los tanques por parte de una empresa homologada por la Comunidad de Madrid, cuyos resultados no revelaban la existencia de filtraci¨®n alguna". Herrero se mostr¨® convencido de que la filtraci¨®n no procede en absoluto de la gasolinera: "De haber existido una filtraci¨®n de la magnitud que se dice, nos habr¨ªa arruinado".
En el escrito remitido al Juzgado de Alcobendas, donde se desarrollar¨¢ la investigaci¨®n judicial, la fiscal¨ªa demanda que se llame en calidad de imputados a los due?os de la empresa. Se trata de su presidente, Carlos Gil Mart¨ªn, y de los consejeros delegados, Angel Herrero Mu?oz y Antonio Herrero.
Tambi¨¦n pide el fiscal que sean citados, pero en calidad de perjudicados, "las empresas y personas afectadas" por este vertido, y que se ofrezca al Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n de los Reyes, en cuyo t¨¦rmino se enclava el surtidor y el acu¨ªfero, la posibilidad de actuar como particular.
La fiscal¨ªa reclama tambi¨¦n al juzgado que designe como perito, para que elabore un informe sobre el grado de contaminaci¨®n del acu¨ªfero, a Ram¨®n Llamas, catedr¨¢tico de Hidrogeolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid. El fiscal quiere que, "a la mayor urgencia posible", el citado catedr¨¢tico determine el alcance de la contaminaci¨®n e informe "sobre las medidas correctoras que con urgencia hayan de establecerse".
La fianza de 1.000 millones de pesetas que exige el fiscal a esta empresa, en concepto de responsabilidad civil, tiene como finalidad garantizar la ejecuci¨®n de los trabajos que se estimen oportunos para "restaurar" en lo posible el acu¨ªfero. En el caso de que no fuese abonada la citada fianza, bien con "car¨¢cter l¨ªquido o bien mediante aval bancario", el fiscal sugiere al juzgado que ordene "el embargo preventivo" del surtidor y "de todos, los bienes (cuentas bancarias y de explotaci¨®n ... ) de la empresa Setor, propietaria de la estaci¨®n de servicios investigada.
La fiscal¨ªa solicita igualmente que la empresa Setor elabore, con car¨¢cter de urgencia, "un proyecto para restaurar el acu¨ªfero", y advierte que si, por cualquier motivo, no lo hiciese, tal misi¨®n debe ser efectuada, en el plazo m¨¢s perentorio posible", por la Confederaci¨®n Hidrog¨¢fica del Tajo "en el ejercicio de sus competencias".
La citada gasolinera de San Fernando y la de San Sebasti¨¢n de los Reyes no son las ¨²nicas que se han visto implicadas en casos de filtraciones de hidrocarburante. En 1989, la gasolinera del Pinar de Chamart¨ªn fue cerrada 48 horas por una filtraci¨®n de gasolina en la red de agua del Canal, que sembr¨® la alarma en el vecindario.
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