Gorriar¨¢n, acusado de querer disolver el ej¨¦rcito y la democracia en Argentina

La derogaci¨®n de la Ley de Obediencia Debida, que exculp¨® penalmente a los mandos implicados en el terrorismo de Estado aplicado por la ¨²ltima dictadura castrense (1976-1983), y el posterior enjuiciamiento de los comandantes de las juntas militares por tribunales populares eran dos de los objetivos de los asaltantes del cuartel de La Tablada. Seg¨²n los dos fiscales del Estado encargados de la inculpaci¨®n de Enrique Gorriar¨¢n, el jefe del Movimiento Todos por la Patria (MTP), y organizador del ataque de 1989 al regimiento bonaerense, hubiera disuelto el ej¨¦rcito y cancelado la democracia.

Los fiscales piden cadena -perpetua para Gorriar¨¢n, de 55 anos, que ha sido el ¨²ltimo hist¨®rico de la guerrilla latinoamericana, e igual condena para su ex esposa, Ana Sivori. La intenci¨®n ¨²ltima de los aproximadamente 60 asaltantes, "y nefasta por cierto", afirm¨® la acusaci¨®n, fue el derrocamiento del Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989) mediante la toma de la unidad y el despliegue de sus carros de combate frente a la casa de Gobierno, que hubieran ca?oneado y ocupado despu¨¦s "con parte del pueblo"..De acuerdo con la documentaci¨®n acusatoria, de haber logrado la expulsi¨®n del presidente, Enrique Gorriar¨¢n Merlo hubiera cambiado la Constituci¨®n, suspendido el sistema democr¨¢tico y la divisi¨®n de poderes, y despu¨¦s lanzado un plan de Gobierno con expropiaci¨®n de bienes, . prohibici¨®n de despidos, eliminaci¨®n del presupuesto militar y finalmente la disoluci¨®n del Ej¨¦rcito y su sustituci¨®n por milicias populares. No quedaba all¨ª el supuesto decretazo revolucionano mencionado por los representantes de la Fiscal¨ªa del Estado. Gorriar¨¢n se dispon¨ªa a arrastrar a las masas mediante aumentos salariales, congelamiento de precios y alquileres de viviendas, reducci¨®n de las tasas de inter¨¦s, establecimiento de la justicia popular, eliminaci¨®n de las jubilaciones de privilegio, implantaci¨®n de un seguro de desempleo de amplia cobertura, nacionalizaci¨®n de la banca y comercio interior y penas de hasta 20 a?os de prisi¨®n para los especuladores.