Justicia invoca la buena fe y una nota sin firma para avalar la autorizaci¨®n

El Servicio Jur¨ªdico del Estado invoca el "principio de buena fe" para considerar "en cierto modo" que un informe de la Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos sin firma ni sello sirve de autorizaci¨®n administrativa para poner en marcha la Universidad de ?vila. Pero a continuaci¨®n el propio servicio jur¨ªdico, dependiente del Ministerio de Justicia, hace una curiosa pirueta y advierte: "Razones de buen gobierno exigen, sin embargo, que un supuesto an¨¢logo al ahora contemplado no debe volver a producirse".En el dictamen, emitido el pasado 7 de abril con la firma del director general, Jos¨¦ Javier Abad-P¨¦rez, se afirma literalmente lo siguiente: "El principio de buena fe obliga a considerar, en cierto modo, el informe emitido por la Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos (Ministerio de Justicia) del 5 de julio de 1996 como la 'autorizaci¨®n' para la creaci¨®n y puesta en marcha de la Universidad Cat¨®lica Santa Teresa de Jes¨²s, de ?vila".

Desarrollo legal

El documento reconoce "la dificultad que presenta la interpretaci¨®n del art¨ªculo 10 del acuerdo del 3 de enero de 1979, sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, entre el Estado y la Santa Sede", dado que "no hay ninguna norma de rango legal o reglamentario que propiamente lo desarrolle".En el art¨ªculo 10 se prescribe que los centros de la Iglesia "se acomodar¨¢n a la legislaci¨®n que se promulgue con car¨¢cter general en cuanto al modo de ejercer estas actividades". El texto legal contin¨²a: "Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en dichos centros se estar¨¢ a lo que disponga la legislaci¨®n vigente en la materia en cada momento".

El servicio jur¨ªdico estima que, "razonablemente", la autorizaci¨®n administrativa deber¨ªa ser otorgada en su caso por la Junta de Castilla y Le¨®n. Ahora bien, se a?ade, "para este caso tan singular es obligado aceptar" que el informe de Asuntos Religiosos ha de cumplir, "a efectos del Estado espa?ol", las funciones de "autorizaci¨®n administrativa".

El documento de Asuntos Religiosos no lleva membrete ni sello y carece de firma. En este informe, enviado al obispado de ?vila por el jefe de servicio de la secci¨®n de Fundaciones, se afirma que "es el parecer de este centro directivo que no es necesario llevar a cabo expediente administrativo alguno" para el reconocimiento de la universidad y se remite al "obligado procedimiento para el reconocimiento de efectos civiles de los estudios" como forma de que el Estado compruebe si la actividad docente se acomoda o no a la LRU y al real decreto de requisitos m¨ªnimos.Fuentes del Ministerio de Justicia han manifestado que el documento de Asuntos Religiosos no es propiamente un informe, sino una nota interna sin ning¨²n valor oficial.

El informe del Servicio Jur¨ªdico concluye afirmando que, "a la mayor brevedad posible, se hace preciso que el Estado espa?ol (Ministerio de Educaci¨®n y Cultura) produzca la norma de rango adecuado para desarrollar" el art¨ªculo 10 del acuerdo entre Espa?a y la Santa Sede.

En el dictamen se distinguen las universidades cat¨®licas de ?vila y de Murcia porque, "mientras la primera tiene ya una utilidad jur¨ªdica", la de Murcia "no pasa de ser un mero proyecto".