La universidad del obispo

La amenaza de los chiringuitos acad¨¦micos planea sobre la universidad. Hab¨ªa p¨²blicas, privadas y de la Iglesia, y ahora surge en Avila y en Murcia un modelo in¨¦dito: la universidad del obispo. Estos establecimientos, que ofrecen plazas para octubre en 14 carreras cada uno, aunque carecen de autorizaci¨®n administrativa, han recibido el incondicional apoyo del PP en Avila -incluido el del n¨²mero tres ?ngel Acebes- y la oposici¨®n radical de la misma formaci¨®n en Murcia. La alarma por la multiplicaci¨®n de campus y la falta de garant¨ªas acad¨¦micas ha llevado al vicepresidente del Consejo de Universidades (CU), Juan Jos¨¦ Badiola, rector de Zaragoza, a denunciar los "preocupantes intentos de tercermundializar la universidad espa?ola".Primero en ?vila y luego en Murcia han nacido dos singulares proyectos religiosos y acad¨¦micos que han dejado al sistema universitario en una encrucijada jur¨ªdica y pol¨ªtica. Arrancan cu¨¢ndo la proliferaci¨®n de universidades -iniciada con el Gobierno socialista-se ha desbocado, hasta el punto de que ya est¨¢ sobre la mesa la necesidad de modificar la normativa de creaci¨®n de universidades privadas para preservar la calidad,

"Ahora son las universidades del obispo, pero dentro de poco vendr¨¢n las del di¨¢cono si este proceso no se detiene". Esta iron¨ªa de un catedr¨¢tico refleja el convencimiento de que las autoridades tienen que hacer algo en este trance por proteger el t¨¦rmino universidad y diferenciarlo de cualquier otra iniciativa de ense?anza superior.

Reivindicaciones locales

Sobre un fondo de impulsos populistas y reivindicaciones locales, lo que est¨¢ en juego en ?vila y en Murcia- es sencillamente si un obispo tiene bula ["bula de erecci¨®n" se denomina] para crear una universidad por decisi¨®n soberana, esquivar los procedimientos y exigencias nacionales, y no perder por ello el derecho al reconocimiento del Estado.Si los aspectos acad¨¦micos y de investigaci¨®n de ambos proyectos han sido cuestionados en toda la l¨ªnea, el laberinto jur¨ªdico ha llegado a tal extremo que, a petici¨®n de varias subcomisiones del Consejo de Universidades, la ministra de Educaci¨®n, Esperanza Aguirre -que el pasado 15 de octubre asisti¨® en ?vila a la colocaci¨®n de la primera piedra-, ha enviado el asunto al Consejo de Estado.

El m¨¢ximo organismo consultivo dictaminar¨¢ en breve si ambas universidades pueden o no eludir la norma general ampar¨¢ndose en los acuerdos entre el Vaticano y Espa?a, especialmente el de Ense?anza y Asuntos Culturales de 1979.

El procedimiento legal para crear una universidad puede resumirse as¨ª: se env¨ªa la memoria al correspondiente Gobierno auton¨®mico, que la examina y la remite para informe (no vinculante) al Consejo de Universidades. Una vez emitido este informe, el Ejecutivo presenta al Parlamento regional una ley que "reconoce" la universidad privada o "aprueba" la p¨²blica. En el ¨¢mbito estatal, el procedimiento es similar, pero con el Ministerio de Educaci¨®n y las Cortes Generales. Una vez autorizada la creaci¨®n, la universidad debe someter sus planes de estudios a informe del Consejo de Universidades y posterior homologaci¨®n del Gobierno.

Adem¨¢s, los poderes p¨²blicos deben velar para que las universidades cumplan la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y el real decreto 557 de 1991, conocido como de requisitos m¨ªnimos, que estipula las condiciones b¨¢sicas que se exigen para garantizar. la calidad de la docencia y la investigaci¨®n.

Las dos nuevas universidades cat¨®licas se niegan a que se les aplique la LRU y el decreto de requisitos m¨ªnimos. Es decir, rechazan pertenecer al sistema general de garant¨ªas y s¨®lo aceptan someterse a la homologaci¨®n indivudual de sus planes de estudios, lo que, seg¨²n algunos expertos, equivaldr¨ªa a que una universidad extranjera ofreciera t¨ªtulos nacionales.

En Espa?a funcionan actualmente cuatro universidades de la Iglesia: la Pontificia de Salamanca, de la Conferencia Episcopal; la de Comillas (Madrid) y la de Deusto (Vizcaya), ambas de los Jesuitas, y la de Navarra, del Opus Dei. Las cuatro est¨¢n plenamente reconocidas a efectos civiles y cumplen como cualquier otra la LRU, y el real decreto de requisitos m¨ªnimos.

El nuevo fen¨®meno es muy distinto. La madeja empez¨® a liarse cuando el anterior obispo de ?vila, Antonio Ca?izares, actual arzobispo de Granada, decidi¨® crear la Universidad Cat¨®lica Santa Teresa de Jes¨²s. Desbrozaba una v¨ªa in¨¦dita: la del acuerdo Espa?a-Santa Sede de 1979. Desde el primer momento cont¨® con la participaci¨®n de ?ngel Acebes, entonces alcalde; su sucesora, Mar¨ªa Dolores Ruiz-Ay¨²car, y el presidente de la Diputaci¨®n, Sebasti¨¢n Gonz¨¢lez, todos del Partido Popular. Los impulsores consideran que la iniciativa es vital para impedir la despoblaci¨®n de ?vila, una ciudad de 47.000 habitantes.

Ca?izares dejar¨¢ el 5 de julio su puesto de gran canciller de la universidad, equivalente a presidente del Consejo Social, a su sucesor en el obispado, Adolfo Gonz¨¢lez Montes. Otra personalidad que apoy¨® el proyecto fue Adolfo Su¨¢rez, pero, tras diversas gestiones, se ha mantenido relativamente al margen y no ha llegado a tomar posesi¨®n como vicecanciller.

La Universidad Santa Teresa de ?vila tiene como objetivo "la b¨²squeda y difusi¨®n de la verdad iluminada por el Evangelio". En su acta fundacional se alude a "la quiebra de los valores morales que delatan una profunda crisis de humanidad, el vac¨ªo de sentido en amplios sectores de poblaci¨®n y la b¨²squeda de significado de otros, la p¨¦rdida del sentido de Dios". La asignatura de Teolog¨ªa y Moral Cat¨®licas ser¨¢ obligatoria en todas las carreras, al igual que Historia del Pensamiento Social Cristiano lo ser¨¢ en la Cat¨®lica de Murcia.

Curiosamente, la mayor¨ªa de los bienes de la universidad abulense proviene de instituciones p¨²blicas, mientras que el creador, el obispado, s¨®lo aporta un seminario, que adem¨¢s ¨¦l mismo gestionar¨¢ como residencia.

Con un valor oficial de 431 millones, el Ayuntamiento ha cedido el edificio del antiguo matadero, y ha recalificado y cedido 26.000 metros cuadrados.

La Diputaci¨®n ha cedido el antiguo colegio de Hu¨¦rfanos Ferroviarios (de donde tendr¨¢n que ser desalojados alumnos de la UNED y de la Universidad de Salamanca) y 146.000 metros cuadrados que lo rodean. El valor de su aportaci¨®n supera los 1.870 millones. Las cesiones son por 50 a?os.

La Junta de Castilla y Le¨®n aporta 420 millones para restauraciones inmobiliarias, con cargo a Cultura y Fomento, y la Caja de ?vila, 450 millones para la biblioteca, pr¨¢cticamente la totalidad de los fondos de su obra cultural.

Participaci¨®n p¨²blica

Diversos expertos cuestionan la legalidad de que instituciones p¨²blicas se sometan presuntamente al fuero de un Estado extranjero, el Vaticano, y participen econ¨®micamente de forma directa y preponderante en un proyecto confesional que no ha sido reconocido por los organismos educativos. Una de las cuestiones que deber¨¢ decidir el Consejo de Estado es si una fundaci¨®n de la que forman parte el Ayuntamiento, la Diputaci¨®n y una caja de ahorros puede crear una universidad al amparo de los acuerdos con la Santa Sede.La universidad abulense comenz¨® como privada, pero esta v¨ªa se trunc¨® el 17 de junio de 1996, cuando la Comisi¨®n Acad¨¦mica del Consejo de Universidades analiz¨® su memoria y sac¨® estas conclusiones: dudosa viabilidad econ¨®mica, insuficiente dotaci¨®n de profesorado, proyecto investigador acient¨ªfico y reduci-

da demanda de muchos t¨ªtulos ofrecidos (en varias carreras se preve¨ªan 10 alumnos por curso).Ante el cariz que tomaban las cosas, la universidad opt¨® por abandonar la v¨ªa de las privadas -corrigiendo las deficiencias se?aladas, seg¨²n su versi¨®n- y eludir el requisito de la autorizaci¨®n administrativa para la creaci¨®n, para lo que se refugi¨® en la v¨ªa eclesi¨¢stica. No obstante, varias subcomisiones del Consejo de Universidades han rechazado tramitar la documentaci¨®n enviada por la universidad hasta que no quede aclarada su situaci¨®n jur¨ªdica. "Antes de decidir si un plan de estudios concreto sirve o no sirve, queremos saber de qui¨¦n hablamos", se?ala un rector.

La Universidad Cat¨®lica San Antonio, de Murcia, es un proyecto desarrollado tras el de ?vila. Sus responsables tambi¨¦n mantienen que, como universidad cat¨®lica, tiene un r¨¦gimen jur¨ªdico propio, basado en los acuerdos con el Vaticano, por lo que no debe atenerse a la LRU y al real decreto de m¨ªnimos.

La respuesta del rector de la Universidad p¨²blica de Murcia, Juan Monreal, es rotunda: "Es un chiringuito. No se acuesta uno sin Universidad Cat¨®lica y se levanta con ella. Adem¨¢s, est¨¢n provocando precisamente a los organismos que en su momento deber¨ªan dar el visto bueno a su funcionamiento. Es una actitud insensata".

El Gobierno regional, del PP, ha difundido un comunicado en el que advierte que en la Universidad Cat¨®lica "no quedan garantizados los requisitos m¨ªnimos de calidad, ni las l¨ªneas o actividades de investigaci¨®n y los equipamientos que se debe exigir a cualquier estudio que aspire a denominarse universitario". El proyecto presenta "indeterminaci¨®n jur¨ªdica" y "graves incertidumbres acerca de la posibilidad de inserci¨®n laboral de sus posibles estudiantes", seg¨²n el comunicado.

La consejera de Educaci¨®n, Cristina Guti¨¦rrez-Cortines, teme que el fen¨®meno se reproduzca a gran velocidad y se muestra convencida de que episodios como ¨¦ste hacen necesario un sistema de evaluaci¨®n que permita informar a los ciudadanos sobre la calidad de los centros docentes. "Un Estado cada vez menos intervencionista debe encargarse de garantizar la calidad de las diversas iniciativas y debe invertir en sistemas de informaci¨®n para que el ciudadano tome sus decisiones".