Estados Unidos ayudara a Espa?a en el caso contra la dictadura del general Pinochet

La investigaci¨®n del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n obre la desaparici¨®n de ciudadanos espa?oles y chilenos durante la dictadura del general Augusto Pinochet ha recibido un espaldarazo desde EE UU. La fiscal general (ministra de Justicia) norteamericana, Janet Reno, ha ordenado que su departamento preste auxilio judicial y facilite los datos archivados en las agencias de seguridad, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas de Madrid. Esto representa un golpe para el Gobierno chileno que, hasta ahora, hab¨ªa denegado su colaboraci¨®n con Espa?a.

A iniciativa de un grupo de congresistas dem¨®cratas, el Departamento de Justicia ha admitido la petici¨®n de auxilio judicial de las autoridades espa?olas en la investigaci¨®n de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el r¨¦gimen del general Augusto Pinochet". La fiscal general ha encargado a la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, en sus siglas inglesas) que preste su colaboraci¨®n al juez Garc¨ªa Castell¨®n, en el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua hispano-norteamericano.En este sentido, la OIA ya ha entrado en contacto con las agencias de seguridad de la Administraci¨®n norteamericana, como la CIA o el FBI, para recabar la informaci¨®n relativa al caso de la Audiencia Nacional que pueda obrar en sus archivos, aunque "dentro del margen permitido por las leyes", seg¨²n se constata en un escrito del Departamento de Justicia dirigido al congresista dem¨®crata John Conyers, quien, junto con otros parlamentarios estadounidenses, entre los que se incluye el senador por Massachusetts Edward Kennedy, ha solicitado apoyo para la petici¨®n espa?ola de auxilio judicial.

Altos cargos

Otros altos cargos de Washington han recibido tambi¨¦n la comunicaci¨®n de la fiscal general sobre el caso espa?ol contra Pinochet, entre ellos, el presidente del Comit¨¦ de Relaciones Internacionales del Senado, Benjamin Gilman; el consejero nacional de Seguridad, Sandy Berger, y el asesor de Derechos Humanos del Departamento de Estado, John Shattuck.El pasado 6 de febrero, el juez Garc¨ªa Castell¨®n, titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, tramit¨® el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria internacional a la fiscal general de EE UU para poder acceder a la informaci¨®n de las agencias federales sobre "cr¨ªmenes contra la humanidad (...) cometidos entre 1972 y 1990 en Chile o en el exterior por personas bajo las ¨®rdenes del general Pinochet". Dos d¨ªas despu¨¦s, este mismo magistrado decidi¨® admitir a tr¨¢mite la denuncia de genocidio presentada un a?o antes por la Uni¨®n de Fiscales Progresistas de Espa?a ante la impunidad de que gozan en Chile los presuntos autores de los cr¨ªmenes contra la humanidad, amparados en una amplia amnist¨ªa.

M¨¢s de una decena de ciudadanos espa?oles de origen y varios centenares de segunda y tercera generaci¨®n fueron v¨ªctimas de la represi¨®n de la dictadura chilena. Entre ellos destacan el funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llid¨®.

'Caso Soria'

En el primero de los casos, el Tribunal Supremo chileno declar¨® v¨¢lida la amnist¨ªa contra sus presuntos asesinos y desestim¨® las tesis de la acusaci¨®n de los abogados de la familia que argumentaba que la condici¨®n de funcionario internacional de Carmelo Soria (era jefe de secci¨®n de la CEPAL, dependiente de la ONU) dejaba sin efecto la amnist¨ªa sobre este caso.Este asunto, el de Soria en particular, y el de los espa?oles desaparecidos en general, ha ocasionado algunos roces entre los Gobiernos de Madrid y Santiago. Chile, que vive una transici¨®n democracia bajo la vigilancia del propio Pinochet, quien se empan¨® para dar protecci¨®n legal a su controvertida figura de comandante supremo del Ej¨¦rcito, no desea remover un problema que puede enfrentarle al estamento castrense.

Por ello, el Gobierno chileno anunci¨® el 29 de mayo su negativa a colaborar con la justicia espa?ola, incluso antes de que se solicitase oficialmente el auxilio judicial, seg¨²n fuentes de la acusaci¨®n particular en el caso de la Audiencia Nacional.

El ex presidente de Chile Patricio Aylwin rechaz¨® declarar el pasado mes de mayo ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n, al acogerse a su fuero diplom¨¢tico durante su visita a Espa?a. Aylwin hab¨ªa declarado dos meses antes al diario mexicano Excelsior que hab¨ªa que sentar en el banquillo de los acusados al general Pinochet "por todos los cr¨ªmenes que se cometieron" bajo su r¨¦gimen. Sus palabras causaron un aut¨¦ntico revuelo pol¨ªtico en Chile.