Un juicio pol¨ªtico

EL PRESIDENTE de este peri¨®dico vio ayer restringida su libertad personal, mancillada su honorabilidad y denigrada su trayectoria profesional en un auto judicial que quedar¨¢ en la historia del derecho como ejemplo memorable de ignorancia t¨¦cnica. Tampoco deber¨ªa extra?arnos demasiado. El banquillo de los acusados ha sido dignificado en muchas ocasiones por quienes se han atrevido a disentir: a decirle no al poder y a no humillas su independencia de criterio frente al capricho del que manda.El llamado caso Sogecable no es sino una manipulaci¨®n, no por burda menos condenable, que se inscribe en las pr¨¢cticas de acoso del Gobierno de Aznar contra los medios de comunicaci¨®n que no le halagan. No es por eso el ¨²nico, aunque resulta el m¨¢s evidente y simb¨®lico. Las protestas del portavoz Rodr¨ªguez en el sentido de que el Gobierno no tiene nada que ver con el procedimiento judicial est¨¢n fuera de lugar. Fue a partir de un informe solicitado por el Gobierno a personas que trabajan para los promotores de la querella como ¨¦sta se inici¨®. Fue el director de una revista de la derecha silvestre, colaborador y socio de la nonata plataforma digital del Gobierno, quien present¨® la denuncia. La televisi¨®n del Gobierno, la radio de los obispos, los peri¨®dicos que jalean al Gobierno, los columnistas que se embelesan con el Gobierno, funcionan como soporte medi¨¢tico de esta maniobra de linchamiento moral. Es el Gobierno, y el Ministerio de Fomento, el que, a pesar de no haber hecho nunca ninguna objeci¨®n a las cuentas de Canal +, depositadas reglamentariamente en su ventanilla cada a?o, guarda silencio respecto a la claridad de las mismas. La Moncloa, tiene en su poder desde el mes de marzo un informe de la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General en el que se pone de manifiesto que no existe delito en la contabilidad de Sogecable. De modo que en todo eso tiene que ver el Gobierno con el caso, al tiempo que contempla imp¨¢vido c¨®mo el fiscal encargado del mismo se permite desobedecer ¨®rdenes y c¨®mo el fiscal jefe de la Audiencia ampara el desprop¨®sito.

La transparencia y normalidad de las operaciones de Sogecable han sido puestas de relieve por numerosos peritos independientes e incluso por los que han trabajado para el propio juez instructor. Convertir una discusi¨®n t¨¦cnica sobre pr¨¢cticas contables en una acusaci¨®n penal -cuando los balances y memorias de la sociedad han sido auditados, con todos los pronunciamientos favorables, por una empresa de la solvencia de Arthur Andersen- ser¨ªa un hecho rid¨ªculo si no hubiera devenido en cosas tan graves como las que comentamos. Pero si es l¨ªcito pensar que los auditores saben m¨¢s de estas materias que el resto de los mortales -y por eso ejercen las funciones que la ley les tiene encomendadas al respecto-, la lectura del auto pone de relieve lo poqu¨ªsimo que sabe y todo lo que ignora, el juez G¨®mez de Lia?o. Es m¨¢s que preocupante el hecho de que un juzgado de la Audiencia Nacional que tiene que entender de delitos econ¨®micos est¨¦ en manos de quien afirma cosas como que la rebaja del IVA determina "una disminuci¨®n considerable de los ingresos" de la compa?¨ªa, que decidi¨® "compensar las p¨¦rdidas a base de incrementar las cuotas de abono". Hasta el propietario de un peque?o comercio sabe que el IVA no es un ingreso de su empresa y que ¨¦sta no pierde ni gana m¨¢s o menos en funci¨®n de la cuant¨ªa de ese impuesto.

Inexistencia de delito

No vamos a insistir en las irregularidades cometidas por el juez instructor, amigo del denunciante, con el que no tiene empacho en comer, cenar o desayunar, al que le ligan lazos familiares, y que admiti¨® la denuncia en 24 horas y convoc¨® a los denunciados en tres d¨ªas, para luego tardar m¨¢s de cuatro meses en tomarles declaraci¨®n -y no a todos todav¨ªa- Su intento de acusar de prevaricaci¨®n a los magistrados de la sala que ha revocado ya cinco de sus decisiones contrasta con la suntuosa adulaci¨®n que les dedica en el auto cuando reconoce que se ha equivocado, pero ya ha sido "enmendado el desatino" por quienes tienen "preeminencia de n¨²mero y criterio". No hay que olvidar, por otra parte, que su actuaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ sometida a investigaci¨®n por el Consejo General del Poder Judicial. Fervientes defensores del Estado de derecho, acatamos todas las decisiones judiciales, incluso las arbitrarias, infundadas y fuera de lugar. Pero estas ¨²ltimas deben ser corregidas con urgencia y sancionados sus responsables.Por lo dem¨¢s, es tan palmaria la inexistencia de delitos en lo que se refiere al fondo de la cuesti¨®n que sonroja tener que volver a repetir los argumentos. De 1,4 millones de abonados a Canal +, s¨®lo ocho parecen sentirse concernidos por los supuestos perjuicios causados por la compa?¨ªa, mientras ¨¦sta ha devuelto ya m¨¢s de 400.000 fianzas, por valor de 7.000 millones de pesetas a aquellos que han decidido borrarse del servicio. Ni e fisco ni los particulares han sido da?ados en forma alguna. Y el uso de las fianzas -como el de los descodificadores digitales que el Gobierno trata de prohibir- es el mismo que se practica en Francia, en Italia y en el resto de los pa¨ªses europeos. Resulta completamente absurda la suposici¨®n de que Canal +, que es la primera televisi¨®n de pago en Europa, con m¨¢s de ocho millones de abonados en cinco pa¨ªses diferentes, se dedica a apropiarse del dinero de sus suscriptores en Espa?a. Y es bochornoso que el juez haga suya la acusaci¨®n de que los dep¨®sitos de garant¨ªa han sido repartidos como dividendos.

Claro que, en realidad, nada de esto es fundamental en este juicio. Lo verdaderamente importante es comprender que nos encontramos ante un proceso pol¨ªtico, arropado por el silencio del Gobierno, instigado por sus corifeos medi¨¢ticos y cocido a la lumbre de lo que se conoce como el "entorno de Mario Conde".

No es necesario imaginar una improbable operaci¨®n combinada entre el "entorno de Conde" y el "entorno de Aznar" para comprender la convergencia objetiva de sus intereses en esta maniobra de acoso al Grupo PRISA. Ahora habr¨¢ que esperar a ver d¨®nde nos conduce la historia. Lo sucedido ayer en Bruselas puede intentar ser minimizado, hasta obligarle a mentir al portavoz del Gobierno, pero nos tememos que tendremos que asistir al triste espect¨¢culo de ver c¨®mo una ley aprobada por el Parlamento -gracias a la alianza entre la derecha y los comunistas- tiene que ser revocada y reemplazada por otra acorde con las normas europeas.

La situaci¨®n pol¨ªtica se viene caldeando hasta extremos insoportables, a pesar de la buena marcha de la econom¨ªa. No es para menos. Todav¨ªa hay unos cuantos millones de ciudadanos de este pa¨ªs que conceden a las reglas del juego y al disfrute de la libertad m¨¢s valor que al ¨ªndice de inflaci¨®n. Las medidas contra el presidente de Sogecable y de PRISA son medidas contra todos nosotros: contra cuantos hacemos este peri¨®dico, pero tambi¨¦n, conviene saberlo, contra los ciudadanos que nos leen, est¨¦n de acuerdo o no con nuestras opiniones. Como lo son contra quienes se expresan a diario en la SER -y no importa que su ideolog¨ªa sea de derechas o de izquierdas- y contra los que libremente se abonan a los servicios de televisi¨®n de pago que PRISA gestiona. Son medidas contra la ciudadan¨ªa, las leyes del mercado, la dignidad de la prensa independiente y la honorabilidad de quienes demuestran que se pueden hacer negocios sin apearse de la ¨¦tica, enriquecerse sin robar, criticar sin difamar e informar sin manipular ni mentir.

Son miles los jueces y fiscales de este pa¨ªs que cumplen a diario, calladamente y con honor, su funci¨®n. No son los errores judiciales -inevitables a veces- ni las conductas individuales lo que nos preocupa. Nos preocupa ver el esp¨ªritu de di¨¢logo triturado en manos del poder, dispuesto a todo con tal de asegurar su permanencia, en la convicci¨®n palpable de que el fin justifica los medios. EL PA?S se fund¨® precisamente para defender todo lo contrario.