Cuba vive una nueva 'ofensiva revolucionaria' previa al congreso del PC

Cuba vive en la actualidad una nueva ofensiva revolucionaria caracterizada por el enfoque ideol¨®gico y pol¨ªtico y el par¨®n en el proceso de apertura econ¨®mica. As¨ª lo advierten diplom¨¢ticos y empresarios en la isla, que se?alan que, en v¨ªsperas del V Congreso del Partido Comunista, que se celebrar¨¢ en octubre, el Gobierno ha cerrado filas y echado mano de su discurso m¨¢s ortodoxo. La ofensiva se presenta como una "batalla contra la indisciplina y el desorden" y persigue paliar las desigualdades que han surgido durante el proceso de reformas, as¨ª como tapar las grietas pol¨ªticas abiertas por la crisis.

Uno de los flancos principales que combaten las autoridades en ¨¦sta nueva ofensiva es la iniciativa privada. La raz¨®n es sencilla. A pesar de su escasa dimensi¨®n -s¨®lo 180.000 cubanos poseen licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia sobre una poblaci¨®n activa de m¨¢s de cuatro millones-, el incipiente desarrollo de la iniciativa privada ya ha provocado contrastes y desigualdades dif¨ªciles de asumir en un sistema que durante 35 a?os se ha fundamentado en el igualitarismo."Si un taxista puede ganar 10 d¨®lares al d¨ªa [unas 1.500 pesetas], mientras el salario de un m¨¦dico es de 400 pesos al mes [alrededor de 18 d¨®lares o 2.600 pesetas], entonces todo el sistema se tambalea", afirma un economista cubano. Para reducir esta brecha social y limitar el descontento que generan las crecientes desigualdades, agravadas por la falta de alternativas y perspectivas de futuro, el Gobierno ha incrementado las "medidas de control" sobre los trabajadores por cuenta propia y exacerbado la vigilancia para prevenir las "infracciones".

"El principal instrumento para conseguir este objetivo ha sido aumentar hasta el l¨ªmite la presi¨®n impositiva", indica un diplom¨¢tico. Un ejemplo. Los due?os de restaurantes privados -existen alrededor de 1.500 en el pa¨ªs- que comercializan sus productos en d¨®lares deben pagar aproximadamente 700 d¨®lares al mes (unas 100.000 pesetas), adem¨¢s de cumplir escrupulosamente restricciones corno no vender carne de vaca ni marisco, no tener m¨¢s de 12 sillas, etc.

Otro ejemplo evidente es lo ocurrido con el floreciente negocio del alquiler de cesas. Hace un par de a?os, debido a la crisis y al incremento del turismo, miles de cubanos empezaron a arrendar cuartos dentro de sus casas o casas enteras por precios que oscilaban entre 10 y 50 d¨®lares diarios (1.500 y 7.300 pesetas). Se calcula que unas 10.000 familias se dedicaban a esta actividad tolerada pero no legalizada, la mayor¨ªa en La Habana.

Hace tres meses, las autoridades anunciaron que gravar¨ªan esta actividad, y dieron un golpe demoledor al negocio con los impuestos: 200 d¨®lares al mes (unas 29.000 pesetas) por cuarto en las zonas de inter¨¦s, y tan s¨®lo por el derecho a arrendar, o seis d¨®lares por metro cuadrado en caso de alquilar la vivienda completa.

Muchos han anunciado ya que abandonan el negocio.

Los impuestos elevados y las meticulosas inspecciones, unidos a la decisi¨®n estatal de limitar el n¨²mero de licencias de trabajo por cuenta propia que se conceden por municipio, ha tenido un reflejo directo sobre la iniciativa privada: hace un a?o 208.000 personas ten¨ªan licencia para ejercerla. Hoy son s¨®lo 180.000.

Pero la ofensiva revolucionaria va mucho m¨¢s all¨¢ de lo puramente econ¨®mico -que tambi¨¦n es pol¨ªtico- "En los ¨²ltimos meses, el Gobierno ha adoptado diversas medidas para meter en cintura a los llamados descontrolados, que han ido instal¨¢ndose en las grietas que la crisis y las t¨ªmidas reformas han abierto en el sistema", se?ala un diplom¨¢tico europeo. El abanico de descontrolados es amplio. Abarca desde ONG cubanas que hab¨ªan ido ganando m¨¢rgenes de independencia, pasando por las iglesias y los "emigrantes ilegales" que llegaron a La Habana en busca de nuevas perspectivas econ¨®micas.

La situaci¨®n de las ONG preocupa especialmente a las autoridades. Desde hace alg¨²n tiempo funciona una comisi¨®n gubernamental de la que forma parte el ministro de Justicia, que revisa el trabajo y contenido de las ONG que ya existen y analiza las medidas de control para las nuevas.