El fiscal centra el juicio a Ca?ellas por el "caso S¨®ller" en destapar las finanzas irregulares del PP

"?No vio [el Gobierno balear, del PP] que perjudic¨® el servicio p¨²blico y a los intereses de los ciudadanos?". Con esta pregunta, con afirmaci¨®n incorporada, el fiscal Juan Carrau sustanci¨® ayer uno de los momentos m¨¢s duros del interrogatorio a Gabriel Ca?ellas, ex presidente del PP y del Ejecutivo balear, en el primer d¨ªa del juicio del caso S¨®ller, por supuesto cobro de comisiones a cambio de una adjudicaci¨®n irregular a un empresario amigo. Durante la larga declaraci¨®n de Ca?ellas -que dur¨® m¨¢s de tres horas, y que hoy continuar¨¢-, el ex presidente descarg¨® en el ex secretario general del PP balear Jos¨¦ Antonio Berast¨¢in muchas de las acusaciones sobre financiaci¨®n ilegal del partido.

Carrau centr¨® sus sospechas en las "finanzas negras" del PP, en el funcionamiento personalista del partido conservador sometido a los dictados de Ca?ellas, que, en su opini¨®n, no segu¨ªa las normas internas ni facilitaba el control financiero institucional del Tribunal de Cuentas. El fiscal dud¨® de que el Ejecutivo defendiese los intereses generales y respetara la legalidad cuando otorg¨® la explotaci¨®n del t¨²nel de peaje a un amigo y socio del destituido presidente regional.Ca?ellas est¨¢ acusado de prevaricaci¨®n y cohecho -junto a dos de sus ex consejeros, Jer¨®nimo S¨¢iz y Jos¨¦ Antonio Berastain- por entregar, en 1988, la explotaci¨®n del t¨²nel de peaje al empresario Antonio Cuart, que devino insolvente, quebr¨® y paraliz¨® durante seis a?os la entrada en funcionamiento de la obra.

El Gobierno balear, seg¨²n la acusaci¨®n, no respet¨® la legalidad que marcan las leyes europeas para la concesi¨®n privada de servicios p¨²blicos y desconoci¨® las exigencias de solvencia financiera y de impacto ambiental exigibles al proyecto de Cuart. Su oferta se declar¨® ganadora contra los criterios de la comisi¨®n evaluadora, y el Ejecutivo del PP tampoco sancion¨® al empresario por los retrasos e incumplimientos.

Ilegalidad, falsedad ideol¨®gica y narraci¨®n falsa y mendaz" fueron las calificaciones del fiscal acerca de la actuaci¨®n del Gobierno de Ca?ellas. Tanto el pol¨ªtico acusado como el concesionario favorecido rebatieron los alegatos del ministerio p¨²blico. Ca?ellas se remiti¨® a los actos colegiados del Ejecutivo, a los asesores jur¨ªdicos y al control de la consejer¨ªa correspondientes.

El fiscal atac¨® con los datos, del informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas del partido conservador en 1989. Carrau cree que el ex l¨ªder y el PP recibieron de Cuart, como m¨ªnimo, 50 millones de pesetas y apunt¨® datos sobre el desv¨ªo posible de otros 100 millones.

"Yo no me he cuidado nunca de la administraci¨®n (del PP) ser¨¢ una irresponsabilidad m¨ªa, pero jam¨¢s he efectuado ning¨²n ingreso ni pago", manifest¨® Ca?ellas en un argumento reiterado con el que traspasaba al ex gerente y ex secretario general las responsabilidades.

Ca?ellas fue acusado de cooperar en la ocultaci¨®n sobre la contabilidad y finanzas del PP, de no evitar la destrucci¨®n de los libros y asientos contables del partido y de no controlar los donativos ni identificarlos como exige la Ley de Financiaci¨®n de los Partidos y de no reunir a los ¨®rganos democr¨¢ticos.

Berastain afronta ahora la necesidad de responder sobre el manejo de talones, ingresos, pagos a proveedores y posibles d¨¢divas a pol¨ªticos tr¨¢nsfugas que cooperaron con el PP. Todas las partidas cuestionadas derivaban de las supuestas comisiones que pag¨® Cuart. ?ste justific¨® el desv¨ªo detectado en el pago a un socio, que ya ha muerto.