Juicio pol¨ªtico(II)

EL DIRECTOR-fundador y actual consejero delegado de este peri¨®dico present¨® ayer formalmente su recusaci¨®n contra el magistrado Javier G¨®mez de Lia?o en la causa que instruye sobre la empresa de televisi¨®n Sogecable, gestionada por el Grupo PRISA. Muchos pensar¨¢n que ya era hora, y no faltar¨¢ quien se pregunte por qu¨¦ han soportado los querellados en este caso el c¨²mulo de irregularidades que presiden la instrucci¨®n sin ejercer antes su leg¨ªtimo derecho a reclamar un juez imparcial. A la vista del escrito de recusaci¨®n y de los acontecimientos de las ¨²ltimas semanas, la respuesta no es dif¨ªcil de encontrar: la animadversi¨®n del juez G¨®mez de Lia?o -y aun de su familia- hacia EL PA?S y hacia su primer director vienen de lejos, Pero el auto dictado despu¨¦s de la declaraci¨®n de nuestro presidente, Jes¨²s de Polanco, es la prueba evidente de que es imposible recabar imparcialidad a quien tanto se ha distinguido en su aversi¨®n a este peri¨®dico y a quienes lo realizan.La recusaci¨®n ejercida por Juan Luis Cebri¨¢n se hace, inevitablemente, a t¨ªtulo Personal, pero conviene no enga?arse: tiene el apoyo solidario del resto de los encausados y representa, a mayor abundamiento, la recusaci¨®n mucho m¨¢s contundente y amplia que el colectivo de esta empresa y del grupo de medios de comunicaci¨®n que naci¨® del desarrollo de EL PA?S vienen expresando desde hace tiempo. Despu¨¦s de lo sucedido con nuestro presidente, que lo es tambi¨¦n de Sogecable, la dignidad es la mejor y m¨¢s evidente de las razones para que se haya dado el paso que comentamos.

Pero no es la ¨²nica. El incidente de recusaci¨®n permitir¨¢ al instructor del mismo comprobar hasta qu¨¦ punto todo este asunto es un puro ama?o, un verdadero montaje -como los afectados han repetido en varias ocasiones- emanado de la conspiraci¨®n activa de algunos individuos que no paran mientes a la hora de presumir de sus relaciones personales y familiares con el juez encargado del mismo. ?C¨®mo es posible que el primer, denunciante, que pone en marcha la instrucci¨®n, presuma de su relaci¨®n con el magistrado encargado de la misma? ?C¨®mo aceptar, sin reacci¨®n alguna, la chuler¨ªa de mostrarse repetidas veces en p¨²blico y en privado en compa?¨ªa del Juez al que jalea y presiona de continuo desde las tribunas a su alcance? ?C¨®mo imaginar que, tras las numerosas irregularidades en la instrucci¨®n, el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial, la renovada desobediencia de los fiscales indomables de la Audiencia, el desprecio a los dict¨¢menes de los peritos del Ministerio de Hacienda y de los expertos juristas que insisten en la inexistencia de delito, los imputados iban a permanecer pasivos sin ejercer todas las armas que el Estado de derecho pone en sus manos a la hora de defender no s¨®lo su inocencia -tan evidente como incontestada por quienes se han acercado con limpia objetividad al caso-, sino el honor y la imagen de sus nombres, de sus empresas, de su trayectoria profesional? Honor e imagen hoy ya indisolublemente unidos a la devoluci¨®n de ambas cosas a una Audiencia Nacional, cuyo prestigio. viene siendo zarandeado por un juez como el que nos ocupa. ?Y c¨®mo nadie podr¨ªa creer que ante los intereses de quienes se empe?an en utilizar a la Administraci¨®n de justicia con desfachatez para obtener sus turbios fines, nuestro peri¨®dico, situado desde, el principio en el centro del objetivo de esta campa?a infame, iba a permanecer callado? Dec¨ªamos hace ocho d¨ªas, y repetirnos ahora, que el llamado caso Sogecable es en realidad un juicio pol¨ªtico, instrumentado al hilo de las medidas gubernamentales sobre la televisi¨®n digital, iniciado mediante los informes. que encarg¨® un, secretario de Estado, y que ha conseguido dividir a la sociedad espa?ola ante el espect¨¢culo de desviaci¨®n de poder que estamos viviendo. Es una, aut¨¦ntica causa general contra un grupo independiente de medios de comunicaci¨®n, contra quienes Id fundaron, lo dirigen y lo inspiran, pero tambi¨¦n contra los trabajadores, los accionistas y quienes respaldan su quehacer diario como lectores, oyentes, o televidentes. Es el intento de criminalizar la actividad de la prensa libre y de mancillar la fama de algunos de sus exponentes m¨¢s conocidos. Para que sirva de ejemplo a los tibios y de escarmiento a los rebeldes.

Las grandes maniobras se cuecen a veces en los peque?os rincones. La aparici¨®n de individuos como Rafael P¨¦rez Escolar, Jes¨²s Cacho o Garc¨ªa Trevijano entre los bastidores de la trama, el abuso de la figura de la acci¨®n popular, utilizada con demasiada frecuencia por estafadores, grandes delincuentes de cuello blanco y oportunistas, pone, de relieve. que muy pocas personas con algo de dinero y tiempo se bastan para sacudir la estabilidad de nuestra fr¨¢gil convivencia democr¨¢tica, sobre todo si cuentan con complicidades o aplausos en sectores de la Administraci¨®n del Estado.

Ya, s¨®lo los ciegos ponen en duda que el caso Sogecable se inscribe en una acci¨®n del poder para tratar de doblegar a los medios de comunicaci¨®n. del Grupo PRISA. La convocatoria a Jorge Sempr¨²n para que acuda ante el juez, salt¨¢ndose todo orden l¨®gico en la instrucci¨®n de la querella, pone igualmente de relieve las aut¨¦nticas intenciones del procedimiento. Es tan di¨¢fano que no ha existido ni apropiaci¨®n ni desv¨ªo de fondos, ni ocultaci¨®n de pasivos, ni ning¨²n tipo de irregularidad, que es preciso buscar ahora responsabilidades en la ad judicaci¨®n de la licencia de Canal +, cuya limpieza y legalidad han sido empero refrendadas recientemente por el Tribunal Supremo. El caso es buscar y rebuscar, encontrar algo aparentemente punible que permita es conder las. crecientes y graves responsabilidades en las que querellantes, juez y fiscal pueden incurrir tras el desprop¨®sito de sus actuaciones.

La recusaci¨®n del juez G¨®mez de Lia?o, si es acepta da, como esperamos dados los di¨¢fanos motivos que la inspiran' alentar¨¢ la esperanza de que se acelere la instrucci¨®n y se resuelva cuanto antes el contencioso. Los .¨²nicos perjudicados visibles en este caso son la empresa y sus, administradores, por lo que es preciso no prolongar las diligencias innecesariamente. Pero estamos tambi¨¦n ante una oportunidad de oro para empezar a poner orden en la Audiencia Nacional, descubrir las manipulaciones de quienes administran justicia con total irresponsabilidad y devolver a los tribunales la buena imagen que necesitan y, salvo excepciones, merecen.