El fiscal acusa a Ca?ellas de lucrar al PP en contra del inter¨¦s general

Gabriel Ca?ellas, ex presidente del Gobierno balear y del PP, cometi¨® -seg¨²n relata el fiscal del caso S¨®ller, Juan Carrau, en su escrito de conclusiones definitivas desvelado ayer- una "infracci¨®n manifiesta y reiterada de las disposiciones legales y reglamentar¨ªas" en la concesi¨®n del t¨²nel de peaje, a su socio y amigo Antonio Cuart, en 1988. El l¨ªder derechista actu¨® contra los intereses de la comunidad al concertarse con Cuart y lograr de ¨¦ste una contraprestaci¨®n de 50 millones de pesetas que "fue a engrosar los fondos del PP, adem¨¢s de beneficiar personalmente al propio acusado Ca?ellas, a trav¨¦s de una Fundaci¨®n [Bles Balears] controlada por ¨¦l mismo".La concesi¨®n del t¨²nel de S¨®ller, seg¨²n la fiscal¨ªa, estuvo "presidida por el favorecimiento interesado", como "la compensaci¨®n a un pago econ¨®mico que repercut¨ªa parciaImente al PP", porque "Ca?ellas era plenamente conocedor de tal pago y que el mismo era la ¨²nica causa de la adjudicaci¨®n".

El ex secretario general del PP y ex consejero, Jos¨¦ Antonio Berastain, es considerado el encargado de la "gesti¨®n, ocultamiento y aprovechamiento M dinero [de Cuart] para pagos del PP". Pero esta circunstancia penal como encubridor del cohecho no merece para el fiscal sanci¨®n jur¨ªdica al haber pasado -desde 1989- los tres anos que marcan la prescripci¨®n del delito. IU, que ejerce la acusaci¨®n popular, pide una condena de inhabilitaci¨®n para el cajero del dinero negro del PP.

Carrau considera que quien fuera m¨¢ximo mandatario balear cometi¨® un delito de cohecho y otro de prevaricaci¨®n continuada, por los queje pide un a?o de c¨¢rcel, 18 de inhabilitaci¨®n, 100 millones de pesetas de multa y el retomo de los 50 millones de comisiones ilegales. La actuaci¨®n de Cuart merece casi id¨¦ntica calificaci¨®n penal, con una petici¨®n de pena de un a?o de prisi¨®n, nueve de inhabilitaci¨®n Y 100 millones de multa. El ex consejero de Obras P¨²blicas, Jer¨®nimo Saiz, por prevaricaci¨®n, puede ser condenado a nueve a?os de inhabilitaci¨®n especial.

A juicio del ministerio p¨²blico, Ca?ellas fue arbitrario, no vel¨® por los intereses generales y dio un claro trato de favor a un amigo, incumpliendo una larga relaci¨®n de normas jur¨ªdicas de contrataci¨®n y control, y vulner¨® las espec¨ªficas para autopistas de peaje. El delegado del Gobierno en la compa?¨ªa del t¨²nel, Gabriel Lessene, miembro de la direcci¨®n del PP en la ¨¦poca en que Cuart pag¨® las comisiones, es se?alado por su "manifiesto incumplimiento de sus deberes". Lessene es director general de Obras P¨²blicas del Gobierno balear.

El fiscal cree que el Gobierno debi¨® rescindir la concesi¨®n de aquel servicio p¨²blico en manos privadas. El t¨²nel de pago generar¨¢ en 27 a?os de explotaci¨®n una cifra de negocio cercana a los 50.000 millones de pesetas. La obra se inaugur¨® en febrero de 1997, con siete a?os de retraso por la quiebra de la empresa de Cuart.

La constructora FCC -a la que Cuart lleg¨® a deber 2.050 millones- controla hoy la concesi¨®n. El letrado del concesionario, Joan Buades, ha intentado durante el juicio demostrar que su cliente no fue beneficiado por el Gobierno. Menos esfuerzo ha puesto en negar los pagos al PP.

El presidente balear, mientras gobern¨®, entre 1983 y 1995, fue se?alado por sus afines y los dirigentes nacionales del PP, como un pol¨ªtico ejemplar y un gestor a imitar por los logros que consegu¨ªa en Baleares. Al destaparse el esc¨¢ndalo del caso S¨®ller, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar oblig¨® a Ca?ellas a dimitir del Gobierno regional y como presidente del PP, pero Ca?ellas sigue siendo diputado y dirigente regional.