Un delito demostrado

LA SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Baleares lo ha dicho claro: Gabriel Ca?ellas, ex presidente del Gobierno de Baleares, es autor criminal responsable de un delito de cohecho por aceptar una comisi¨®n de 50 millones de pesetas del empresario Antonio Cuart a cambio de la concesi¨®n de las obras del t¨²nel. La sentencia confirma adem¨¢s que el ex gerente del PP Jos¨¦ Antonio Berast¨¢in es encubridor de este delito. Aunque el tribunal absuelve finalmente a Ca?ellas y al resto de los, acusados por el caso del t¨²nel del Soller, debido a que el delito ha prescrito, la sentencia establece su culpabilidad, que en t¨¦rminos pol¨ªticos significa que el PP recurri¨® tambi¨¦n a donativos ilegales para financiarse.El propio Ca?ellas ha confundido la gimnasia con la magnesia al afirmar que su honor no ha quedado en entredicho. Por el contrario, es lo ¨²nico que la sentencia pone en cuesti¨®n, puesto que considera probado el delito de cohecho, aunque el tiempo transcurrido le impide actuar contra el patrimonio o la libertad de los acusados. Si han resultado absueltos no es por inexistencia de delito, sino porque ¨¦ste ha prescrito al haberse superado con creces los cinco a?os que establece el nuevo C¨®digo Penal. No cabe, pues, que el ex presidente de Baleares o su partido se vanaglorien de la sentencia, salvo en el sentido de que al primero le ha evitado ir a la c¨¢rcel.

Hace tiempo que resultan poco cre¨ªbles los intentos de los partidos pol¨ªticos para desligarse de la corrupci¨®n. atribuyendo a grupos localizados de militantes la iniciativa delictiva de "pasar el platillo", por utilizar la chusca expresi¨®n del delegado del Gobierno en la Zona Franca de Barcelona, el popular Enrique Lacalle, autoinvolucrado en el caso de las aportaciones financieras de Javier de la Rosa a su partido. Dicho lo cual, tambi¨¦n hay que reconocer que la escasa eficacia de los tribunales para tratar los casos de financiaci¨®n fraudulenta de los partidos est¨¢ produciendo en la opini¨®n p¨²blica un cierto des¨¢nimo. Si en el caso Filesa -la red de recaudaci¨®n fraudulenta del PSOE- el n¨²mero de acusados se ha reducido de forma sustancial y se ha extendido la fundada sospecha de que la instrucci¨®n del caso ha sido insuficiente, la absoluci¨®n de Ca?ellas y de todos los acusados es otra decepci¨®n que viene a sumarse a una lista importante de fracasos. Las dificultades de la justicia para castigar a los autores de este tipo de delitos incita a una reflexi¨®n seria.

Aunque la decisi¨®n judicial pueda resultar frustrante para quienes defienden que los partidos tienen los medios suficientes para financiarse dentro de la ley, lo cierto es que la sentencia supone un golpe moral y pol¨ªtico para los acusados. Despu¨¦s de la sentencia del caso S¨®ller resulta evidente que la financiaci¨®n mediante comisiones ilegales y cohechos no es una pr¨¢ctica aislada. M¨¢s bien parece una actitud extendida y que puede ser extremadamente peligrosa para la transparencia democr¨¢tica. La clave principal es que los partidos cumplan a rajatabla las leyes que ellos mismos han aprobado, y que, en el caso de que se deba investigar un nuevo asunto de financiaci¨®n ilegal, el Estado y el sistema judicial agilicen los tr¨¢mites para que el delito no se escape entre las rendijas de las normas.