El Gobierno suprime las aportaciones por 'deuda hist¨®rica' a las comunidades aut¨®nomas

El Gobierno del Partido Popular ha decidido plantarse ante la reclamaci¨®n financiera de algunas comunidades aut¨®nomas que invocan una deuda hist¨®rica del Estado recogida en sus estatutos. Las comunidades de Andaluc¨ªa, Extremadura y Galicia a han reivindicado recientemente. Las dos primeras (gobernadas por el PSOE) ya la reclamaron con ¨¦xito hace a?o y medio y lograron 20.000 y 5.000 millones, respectivamente, por acuerdo del Consejo de Ministros socialista del 22 de febrero de 1996. El ministro de Administraciones P¨²blicas, Mariano Rajoy, afirma que si el Gobierno cediera a las demandas de deuda hist¨®rica ser¨ªa como reconocer que "Espa?a est¨¢ en deuda consigo misma".

El secretario de Estado de Administraci¨®n Territorial, Jorge Fern¨¢ndez, argumenta que pr¨¢cticamente todas las comunidades tienen en sus estatutos de autonom¨ªa cl¨¢usulas que las podr¨ªa hacer acreedoras de una deuda hist¨®rica. Pero tanto Fern¨¢ndez como el ministro Rajoy aseguran que su reclamaci¨®n ya no tiene sentido tras la decisi¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, en septiembre, y de las Cortes en 1997, de aprobar un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que "concede la corresponsabilidad fiscal a las comunidades aut¨®nomas y ofrece garant¨ªas de un nivel m¨ªnimo de prestaci¨®n de servicios".Un informe interno del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, en l¨ªnea con el argumento de Jorge Fern¨¢ndez, concluye que muchas comunidades disponen en sus estatutos de cl¨¢usulas espec¨ªficas sobre financiaci¨®n auton¨®mica que les permitir¨ªa acogerse a la reclamaci¨®n de deuda hist¨®rica.

El informe dice expresamente: "El an¨¢lisis concreto de cada Estatuto de Autonom¨ªa permitir¨ªa llegar a una conclusi¨®n general, y es que todos ellos contienen previsiones destinadas a garantizar lo que la propia LOFCA [Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas] recoge: la garant¨ªa y el equilibrio de la financiaci¨®n para las comunidades, asegurando la solidaridad interterritorial y la distribuci¨®n adecuada de los recursos".

As¨ª, las disposiciones transitorias quinta de los estatutos de Galicia y Valencia y la d¨¦cima de Cantabria recogen la previsi¨®n de que al fijar las transferencias para inversiones "se tendr¨¢ en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde, la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado, estableci¨¦ndose en su caso las transferencias necesarias para el funcionamiento de los servicios".

Asimismo, la disposici¨®n transitoria d¨¦cima del estatuto de La Rioja establece que "mientras no se dicten disposiciones que permitan la financiaci¨®n total de los servicios transferidos correspondientes a las competencias propias de la comunidad, el Estado contribuir¨¢ a su sostenimiento partiendo de una cantidad igual al coste efectivo del servicio, actualiz¨¢ndola de acuerdo con las circunstancias y estando facultada la comunidad aut¨®noma para no aceptar la transferencia que no cuente con financiaci¨®n suficiente".

La disposici¨®n adicional segunda del estatuto de Extremadura prev¨¦ que "mientras las circunstancias socio-econ¨®micas [de la regi¨®n] impidan la prestaci¨®n de un nivel m¨ªnimo en los servicios transferidos, los presupuestos del Estado consignar¨¢n asignaciones complementarias para garantizar la consecuencia de dicho nivel m¨ªnimo". A su vez, el estatuto de Canarias contempla en su disposici¨®n cuarta sobre la valoraci¨®n de los traspasos que "se tendr¨¢ en cuenta en la asignaci¨®n de medios que el coeficiente de aplicaci¨®n por habitante no podr¨¢ ser [para las islas] inferior a la media del Estado, teniendo presente, en todo caso, el coste de insularidad".

El estatuto de Arag¨®n establece, en su art¨ªculo 49, que se tendr¨¢n en cuenta "otros criterios como la relaci¨®n entre los ¨ªndices de d¨¦ficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la comunidad y al conjunto del Estado, y la relaci¨®n entre los costes por habitante de los servicios transferidos para Arag¨®n y el conjunto del Estado". A su vez, el estatuto de Castilla-La Mancha prev¨¦, en su art¨ªculo 46, como base de negociaci¨®n con el Estado, entre otros criterios, "la relaci¨®n entre los ¨ªndices de d¨¦ficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la regi¨®n y al conjunto del Estado".

Asegurar un nivel m¨ªnimo

El secretario de Estado de Administraci¨®n Territorial recuerda que el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal -organismo de encuentro del Gobierno con las 17 comunidades- cre¨® el 23 de septiembre una comisi¨®n para instrumentar las asignaciones de nivelaci¨®n de los servicios p¨²blicos fundamentales, que es donde debe determinarse la asignaci¨®n de los fondos presupuestarios a las comunidades "la fin de asegurar el mantenimiento de un nivel m¨ªnimo en la prestaci¨®n de los servicios fundamentales".Fern¨¢ndez asegura que el acuerdo del Consejo y la creaci¨®n de la comisi¨®n invalida las reclamaciones unilaterales de cada comunidad. "La comisi¨®n debe estudiar los desequilibrios y realizar las asignaciones".