Ocultar la verdad

Tan peligroso como decir la mentira es ocultar la verdad. Y tan in¨²til. Tanto la mentira como la ocultaci¨®n de la verdad acaban "dando la cara" y no terminan por enga?ar a nadie.Es lo que est¨¢ ocurriendo con la pol¨ªtica "digital" del Gobierno. No pas¨® nada el 24 de diciembre de lo que el Gobierno se preocupara, pues era un "acuerdo empresarial". No tuvo nada que ver el Gobierno con la denuncia interpuesta contra Sogecable y tramitada en la Audiencia Nacional por el juez G¨®mez de Lia?o. Nada ten¨ªa que ver con Canal Sat¨¦lite Digital el Real Decreto-Ley aprobado el 31 de diciembre, justamente un d¨ªa despu¨¦s de que Canal Sat¨¦lite iniciara su emisi¨®n. Nada se ten¨ªa que decir al Parlamento de la reuni¨®n con el comisario Bangemann de 14 de marzo y de la carta al comisario Monti de 9 de abril. Nada ha tenido que ver el Gobierno con la compra por Telef¨®nica de Antena 3 y as¨ª sucesivamente.

Es verdad que la Constituci¨®n (art¨ªculo 24.2) reconoce de manera general el derecho "a no declarar contra s¨ª mismo", es decir, el derecho a no decir la verdad o a ocultarla. Pero est¨¢ claro que lo hace en el marco del proceso penal y para las personas acusadas de alg¨²n delito. La traslaci¨®n de ese derecho del proceso penal al proceso pol¨ªtico y la extensi¨®n del mismo a sus comparecencias p¨²blicas relativas a la televisi¨®n digital por parte del portavoz del Gobierno, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez; por el ministro Arias Salgado, por el vicepresidente ?lvarez Cascos y hasta por el propio presidente Aznar, parece, a todas luces, abusiva.

Abusiva y adem¨¢s est¨²pida. Porque, como dec¨ªa al principio, no acaban enga?ando a nadie. En la comparecencia parlamentaria del ministro Arias Salgado el mi¨¦rcoles pasado hemos tenido ocasi¨®n de comprobarlo. La afirmaci¨®n del ministro de que nos encontramos ante una simple "disputa jur¨ªdica", como cualquier otra, entre la Comisi¨®n Europea y el Gobierno espa?ol que tendr¨¢ que acabar siendo resuelta por el Tribunal de Luxemburgo es una de sus t¨ªpicas verdades a medias, que oculta por lo menos tanto como lo que dice.

Oculta ante todo algo esencial. El Real Decreto-Ley 1 / 97 de 31 de enero, convertido posteriormente en la Ley 17 / 97, de 3 de mayo, es una norma "por la que se incorpora al Derecho espa?ol la Directiva 95 / 47 / CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisi¨®n de se?ales de televisi¨®n". As¨ª aDarece en el BOE.

El conflicto se produce, por tanto, no en torno a cualquier norma, sino en torno a una norma de trasposici¨®n al derecho interno de una directiva comunitaria. Y lo que la Comisi¨®n dice es que el Gobierno, de forma torticera y con el pretexto de trasladar derecho comunitario al derecho interno, dicta una norma que no s¨®lo vulnera la directiva sino que viola adem¨¢s art¨ªculos esenciales del Tratado constitutivo d¨¦ la hoy Uni¨®n Europea.

La "justificaci¨®n" para dictar el Real Decreto-Ley la busc¨® el Gobierno en el Derecho Comunitario. As¨ª aparece de manera expresa en la Exposici¨®n de Motivos de dicho Decreto-Ley. Esa justificaci¨®n es la que la Comisi¨®n le niega. El Gobierno no est¨¢ "trasponiendo", sino que, con el pretexto de trasponer, est¨¢ "violando" el Derecho Comunitario.

La misma doblez con que el Gobierno se est¨¢ dirigiendo a la sociedad espa?ola, es la que est¨¢ utilizando respecto de la Comisi¨®n Europea. Que un delincuente para evitar una condena penal act¨²e de esa manera, se explica. Que lo haga el Gobierno de la Naci¨®n resulta repugnante. Y adem¨¢s, vuelvo a repetir, est¨²pido.