Una "operaci¨®n comercial"
El autor considera la compra de Antena 3 por Telef¨®nica la prueba de que el Gobierno Aznar y el PP quieren controlar los grandes medios de comunicaci¨®n.
La compra de Antena 3 Televisi¨®n por parte de Telef¨®nica y sus socios bancarios constituye una p¨¦sima noticia para todos los dem¨®cratas de este pa¨ªs. Porque, m¨¢s all¨¢ de sus graves implicaciones, viene a confirmar sin equ¨ªvocos posibles, no ya la tentaci¨®n autoritaria, sino la decisi¨®n, la firmeza, la audacia incluso del Gobierno Aznar y del Partido Popular en el control y el sojuzgamiento de los grandes medios de comunicaci¨®n espa?oles.Al parecer, no les bastaba con una Televisi¨®n Espa?ola que ha llevado sus telediarios a las ¨²ltimas cotas posibles de gubernamentalizaci¨®n y vasallaje hasta rememorarnos cada d¨ªa, con su desfile de ministros e inauguraciones, las m¨¢s deleznables im¨¢genes de No-Do; y cuya programaci¨®n trufada de programas-basura como de espacios de ideolog¨ªa derechista descarnada, lleva un ano recibiendo la sanci¨®n del p¨²blico con una fuerte ca¨ªda de audiencia. Tampoco les parec¨ªa suficiente controlar la mayor¨ªa de los canales auton¨®micos, con una manipulaci¨®n pol¨ªtica que s¨®lo queda oscurecida por la zafiedad de sus programas estrella. Ni una agencia de noticias Efe que se gana de nuevo con ah¨ªnco su antiguo adjetivo de "nacional". Ni una buena cantidad de medios privados afectos.
Una "operaci¨®n comercial": ha hecho falta la m¨¢xima capacidad de cinismo del m¨¢s deslenguado y siniestro de los portavoces del Gobierno desde la transici¨®n para llamar as¨ª a esta actuaci¨®n. Pero los comentaristas y editorialistas de medios afines al Gobierno, que hasta ayer clamaban contra los monopolios informativos, se han encargado de dejar claros los fines pol¨ªticos de esta operaci¨®n. Tampoco hac¨ªa falta, porque las pruebas circunstanciales resultan ya harto sospechosas y elocuentes: un importante empresario de comunicaci¨®n que hace un mes se atrev¨ªa a denunciar las amenazas y presiones intolerables del Gobierno y que, ahora, despu¨¦s de m¨¢s de diez a?os de aspiraciones logradas a trabajar en televisi¨®n, decide vender, arrojar la toalla y retirarse a sus peri¨®dicos. Hasta el m¨¢s torpe aficionado a las historias de detectives se pregunta en estas ocasiones qu¨¦ ha pasado, qui¨¦nes fueron los criminales y qu¨¦ herramientas eficaces utilizaron. M¨¢s a¨²n si las coincidencias sospechosas se acumulan: proceso inducido a Canal Plus, nota de la Fiscal¨ªa del Estado contra Antena 3, amenazas y advertencias, escuchas telef¨®nicas inexplicadas, investigaci¨®n y registro de Telecinco...
Tales sospechas no son arriesgadas. Telef¨®nica, un monstruo empresarial en el contexto espa?ol gracias al monopolio "p¨²blico" disfrutado durante d¨¦cadas, entr¨® ya hace meses en el sector de la comunicaci¨®n audiovisual como un elefante en una cacharrer¨ªa. Pero tras acumular fracaso tras fracaso en el cable y en la televisi¨®n por sat¨¦lite digital, pese a todas las ayudas del Gobierno y de sus decretos y leyes, intenta salvarse de la derrota total en este campo dominando ahora a golpe de miles de millones en Antena 3 TV. Con una facturaci¨®n de m¨¢s de dos billones de pesetas anuales -cinco veces todo el mercado audiovisual espa?ol-, con el disfrute del monopolio de la telefon¨ªa. b¨¢sica hasta 1998 y la calificaci¨®n de "operador dominante" hasta el a?o 2005, con la reserva legal de poder ser operador de cable en todas las demarcaciones que desee y el predominio, accionarial en V¨ªa Digital, Telef¨®nica controlar¨¢ ahora la cadena de televisi¨®n privada de mayor audiencia, estar¨¢ presente en su competidor de televisi¨®n por sat¨¦lite y detentar¨¢ una buena proporci¨®n de los derechos del f¨²tbol. En suma, la mayor acumulaci¨®n que ha habido jam¨¢s sobre la comunicaci¨®n y las comunicaciones en este pa¨ªs, con un potencial capaz de desestabilizar todo el panorama audiovisual y comunicativo espa?ol, y tambi¨¦n por ello la mayor amenaza contra la libertad de expresi¨®n de los ¨²ltimos 20 a?os.
Ciertamente, la privatizaci¨®n reciente de Telef¨®nica parece poner este comportamiento al abrigo de los debates pol¨ªticos. En realidad, y como un columnista se?alaba hace poco tiempo en las p¨¢ginas de este peri¨®dico, estos hechos tan s¨®lo muestran emp¨ªricamente los oscuros meandros y vericuetos de las privatizaciones del Partido Popular, con c¨²pulas directivas que aprovechan la ocasi¨®n para enquistarse manteniendo objetivos pol¨ªticos prioritarios como "amigos de Aznar" por encima de toda l¨®gica econ¨®mica y de los deseos e intereses de los mal llamados n¨²cleos "duros" de accionistas privados. En la comunicaci¨®n, adem¨¢s de Telef¨®nica, Endesa es otra muestra, transparente con su entrada en Retevisi¨®n y su c¨®modo triunfo de concesiones diversas de televisi¨®n por cable, al filo mismo del anuncio de su proceso de privatizaci¨®n. Pero si se suman los medios estatales gubernamentalizados, los medios privados entusiastas y los medios controlados a trav¨¦s de las empresas p¨²blicas privatizadas o en proceso de serlo, es casi toda la arquitectura de la comunicaci¨®n social en Espa?a la que queda bajo el control del Gobierno Aznar. Est¨¢ claro que cuando el Gobierno advert¨ªa que "no puede permitirse excesiva concentraci¨®n de poder en la sociedad civil", no se refer¨ªa a s¨ª mismo ni a su partido.
Hace unos meses el director de un importante diario de Barcelona se atrevi¨® a llamar a una movilizaci¨®n frente a los peligros que acechaban a la libertad de expresi¨®n en Espa?a, y ahora comprobamos hasta qu¨¦ punto llevaba raz¨®n. Pero hay instrumentos legales y pol¨ªticos disponibles para luchar contra esa creciente amenaza al pluralismo. La Direcci¨®n General de Telecomunicaciones est¨¢ obligada legalmente a denunciar un abuso tan evidente de posici¨®n dominante. La Fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, que parece haber descubierto ahora los excesos en la propiedad de algunas cadenas -seis a?os despu¨¦s que todo el mundo-, deber¨ªa tambi¨¦n actuar. En su defecto, a la oposici¨®n le toca interpelar al Gobierno sobre su complicidad pol¨ªtica en esta operaci¨®n, exigir que no autorice su inscripci¨®n en el registro, y denunciar la ante el Tribunal de la Competencia, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Televisi¨®n Privada y del Reglamento de Televisi¨®n por Sat¨¦lite, contra los que esta absorci¨®n atenta manifiestamente. Adem¨¢s de presentar denuncia ante el Parlamento y la Comisi¨®n de la Uni¨®n Europea contra una compra-venta ins¨®lita en toda Europa, que viola el reglamento anti-monopolio de Bruselas de 1989 y que resulta incompatible con el disfrute de un monopolio de telefon¨ªa b¨¢sica.
En cuanto a los partidos que apoyan al Gobierno, PNV y a CiU, les corresponde ahora poner en pr¨¢ctica sus convicciones democr¨¢ticas contra una monopolizaci¨®n partidista de la comunicaci¨®n que ma?ana se volver¨¢ contra ellos. Izquierda Unida tiene, por su parte, la ocasi¨®n de demostrar que sus proclamas en favor del pluralismo obedec¨ªan a principios firmes y no a intereses coyunturales de sus dirigentes. Los bancos implicados deber¨ªan asimismo explicar su colaboraci¨®n en esta operaci¨®n tan dudosa financieramente como sospechosa pol¨ªticamente. Finalmente, somos todos los ciudadanos -comenzando por los m¨¢s relaciona dos con la comunicaci¨®n- quienes tenemos la in soslayable obligaci¨®n de denunciar una pol¨ªtica autoritaria que las consignas de los dirigentes del PP en favor de su supuesta identificaci¨®n con el centro y las libertades podr¨¢n cada vez menos camuflar.
Antes de que sea demasiado tarde, de que un reparto partidista de las nuevas frecuencias de radio empeore la situaci¨®n, o de que el Gobierno lleve a cabo sus advertencias -?amenazas?- de desestabilizar todav¨ªa m¨¢s el mercado publicitario de televisi¨®n con nuevos canales por ondas para otros amigos. Porque, a trav¨¦s de le yes, actuaciones judiciales y "operaciones comerciales", no cabe duda de que estamos ante un proceso de politizaci¨®n de la comunicaci¨®n espa?ola.
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