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LA DENUNCIA enviada a la Uni¨®n Europea por la Uni¨®n Progresista de Fiscales es una relaci¨®n de los desafueros cometidos por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en contra de la independencia de la carrera fiscal en particular y de la justicia en general. Cierto es que es poco com¨²n el hecho de que una asociaci¨®n de funcionarios del Estado como los fiscales env¨ªe a Bruselas una denuncia contra su Gobierno por cuestiones de orden interno.Y no es menos cierto que se trata, ante todo, de un acto pol¨ªtico porque la UPF no puede pedir ni mediaci¨®n ni decisi¨®n de la Uni¨®n Europea en todas las cuestiones que se citan y que han llevado al enfrentamiento masivo de la carrera fiscal con el Gobierno del Partido Popular. Como todo acto pol¨ªtico, la decisi¨®n de la UPF de remitir a Bruselas la denuncia es discutible. Y sin duda tambi¨¦n es controvertida.

Pero si la forma en s¨ª de denunciar el malestar de la carrera fiscal es controvertido, la reacci¨®n del Ejecutivo es una vez m¨¢s deplorable. Un Gobierno, y ante todo su presidente, tiene perfecto derecho a molestarse ante la actitud de un colectivo que le critica. Pero su deber ante una acusaci¨®n de hechos grav¨ªsimos como los que se denuncian ante Bruselas es, desmentir o rebatir las acusaciones o, si esto no es posible, explicar los motivos de las actuaciones gubernamentales all¨ª descritas.

Lo que no es de recibo es la respuesta con gracioso chascarrillo, f¨®rmula quiz¨¢ demasiado utilizada por el presidente Aznar cuando quiere descalificar a alguien o algo y no responder a lo que realmente se le plantea. La sonrisa y el adem¨¢n displicente cuando califica de "rid¨ªculas" las denuncias de la UPF pueden posiblemente confirmar la adhesi¨®n a su persona de los sectores menos dotados de sensibilidades jur¨ªdicas. Pero no dicen nada bueno de su propia percepci¨®n de c¨®mo han de afrontarse problemas capitales en un Estado de derecho.

En el contenido de la denuncia ante la UE coinciden toda la carrera fiscal de Espa?a y alguna relevante asociaci¨®n de magistrados. Son problemas provocados en su mayor¨ªa con maestr¨ªa digna de mejor causa por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Van desde los controvertidos relevos de dos fiscales generales y la defenestraci¨®n del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, hasta el inaudito y seg¨²n muchos ilegal nombramiento de uno de los cabecillas de la rebeli¨®n de fiscales en la Audiencia, Eduardo Fungairi?o, como el sucesor del jefe ignominiosamente destituido por el Ejecutivo.

Y son problemas con los que se va a tener que enfrentar el Gobierno ahora, cuando se inicie el curso judicial, porque no ha resuelto ninguno de ellos. Por mucho que se r¨ªa de sus propias gracias y descalificaciones el jefe del Gobierno, la ministra de Justicia o todos los que han ridiculizado la denuncia, los problemas relatados en el texto de la UPF est¨¢n ah¨ª y son muy tercos en su consistencia.

Menci¨®n aparte merece en este contexto la zafiedad con que miembros del Gobierno y del Partido Popular se han referido a los destinatarios de la denuncia. De "furor bruselino" de los adversarios de este Gobierno han calificado algunos dirigentes populares y sus corifeos m¨¢s conspicuos el hecho de que coincidan ¨²ltimamente diversas denuncias contra el Ejecutivo en Bruselas.

La descalificaci¨®n y en muchos casos difamaci¨®n de diversos miembros de la Comisi¨®n Europea se ha convertido en h¨¢bito entre ciertos sectores del Gobierno. La UE parece ser para el Gobierno de Aznar poco menos que un ¨®rgano simp¨¢tico que orquesta reuniones ciclistas por Amsterdam, pero que no tiene competencia alguna para molestar aqu¨ª con sus advertencias de que todos los miembros de la Uni¨®n han de respetar ciertas formas y las regulaciones comunes.

Muchos parecen ser entre los actuales gobernantes los que tienden a ver en Bruselas una fuerza hostil extranjera y extranjerizante que "no nos entiende" y que se alimenta de denuncias de espa?oles poco patriotas que acuden all¨ª con sus diversas cuitas. Actitudes tan chuscas pueden quiz¨¢ fomentar el regocijo de los sectores m¨¢s trabucaires del electorado del PP. Pero en todo caso no son los h¨¢bitos que se esperan en Europa de Espa?a.

En el fondo, lo que el Gobierno de Aznar deber¨ªa preguntarse es por qu¨¦, tras 20 a?os de democracia, s¨®lo 18 meses despu¨¦s de haber llegado el PP al poder, sectores muy diversos de la sociedad espa?ola buscan en Bruselas la protecci¨®n y las garant¨ªas legales que no creen ya poder encontrar en las instituciones regidas por ellos.