Bayo pas¨® de "expulsado de la Guardia Civil" a "retirado" tras declarar en el 'caso Lasa y Zabala'

El juez Javier G¨®mez de Lia?o, instructor del caso Lasa y Zabala, orden¨® el pasado martes el traslado a la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares (Madrid) del ex cabo Felipe Bayo, tal como ¨¦ste hab¨ªa pedido tras romper su silencio y prestar declaraci¨®n acusando a sus antiguos superiores. El juez orden¨® el traslado alegando que la situaci¨®n militar de Bayo es, desde octubre de 1993, la de "retiro por inutilidad f¨ªsica ocurrida en acto de servicio". Sin embargo, en mayo de 1996, Lia?o no accedi¨® a trasladar a Bayo a la c¨¢rcel militar y hasta ahora lo calificaba en sus autos de "expulsado de la Guardia Civil".

M¨¢s de un a?o ha tenido que pasar Bayo en prisi¨®n para que se aclare un aspecto tan aparentemente f¨¢cil de comprobar como su situaci¨®n administrativa. En el auto que dict¨® el pasado martes, el juez G¨®mez de Lia?o determin¨® que, "de las informaciones recabadas, aparece que la situaci¨®n militar de Felipe Bayo. Leal es [...] la de retiro por inutilidad f¨ªsica ocurrida en acto de servicio".El auto argumenta que la Ley, Procesal Militar homologa a losmilitares retirados con los que est¨¢n en activo a la hora de cumplir condena en c¨¢rceles castrenses y, aunque no dice nada de los primeros cuando regula la prisi¨®n preventiva, situaci¨®n en la que est¨¢ Bayo, "no se ve raz¨®n para no incluir a los retirados en ese r¨¦gimen". En consecuencia, el juez accedi¨®, "por ahora y sin perjuicio de ulterior resoluci¨®n", a trasladar a Bayo a la prisi¨®n militar, lo que se ejecut¨® el mi¨¦rcoles.

La petici¨®n de traslado fue presentada por su nuevo abogado, Angel L¨®pez Montero, el pasado 14 de agosto, dos d¨ªas despu¨¦s de que el ex agente compareciera por primera vez ante G¨®mez Lia?o para romper su silencio.

Bayo reconoci¨® haber participado en la vigilancia de Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala cuando se encontraban secuestrados en el Palacio de La Cumbre (San Sebasti¨¢n), pero neg¨® cualquier intervenci¨®n en su captura, tortura y asesinato y, sobre todo, implic¨® en los hechos al general Enrique Rodr¨ªguez Galindo, al ex gobernador Julen Elgorriaga y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.

Precisamente, la existencia de presiones tras su cambio de declaraci¨®n fue uno de los motivos esgrimidos por el abogado de Bayo para pedir el traslado. El fiscal, a quien el juez consult¨® al respecto, se mostr¨® de acuerdo en cambiarlo de centro penitenciario, pero no se pronunci¨® respecto a si ¨¦ste deb¨ªa ser civil o militar, ya que ello depende, argument¨®, de "si el propio procesado sigue ostentando la condici¨®n de militar".

La preferencia de Bayo por la prisi¨®n militar frente a cualquier c¨¢rcel civil resulta comprensible. En Alcal¨¢ de Henares no existen problemas de hacinamiento, ni de convivencia con reclusos peligrosos, la mayor¨ªa de las celdas son individuales y el r¨¦gimen de visitas es muy generoso. Ya en mayo de 1996, cuando fue detenido junto a su ex compa?ero Enrique Dorado Villalobos, el entonces abogado de ambos, Jorge Argote, solicit¨® el traslado de los dos presos a la c¨¢rcel militar, dada su condici¨®n de guardias civiles.

"Indignos de la instituci¨®n"

G¨®mez de Lia?o no accedi¨® entonces a dicha petici¨®n, dando por hecho que tanto Dorado como Bayo fueron expulsados de la Guardia Civil y hab¨ªan perdido, por tanto, el derecho a ingresar en una prisi¨®n castrense. Por ejemplo, en el auto de procesamiento de Argote por un delito de encubrimiento, el juez le acusaba de hacer gestiones para lograr que Dorado y Bayo obtuvieran una pensi¨®n, "pese a haber sido expulsados de la Guardia Civil por sus delictivas conductas, lo que les hac¨ªa indignos de pertenecer a la instituci¨®n

Pero no era G¨®mez de Lia?o el ¨²nico convencido de ello. La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el auto en el que ratific¨® la prisi¨®n de Bayo, recog¨ªa, entre sus argumentos, "el hecho cierto de que actualmente [est¨¢] expulsado del Cuerpo de la Guardia Civil".

Este hecho ha resultado ahora incierto. Para comprobarlo, le bast¨® al juez preguntar a la direcci¨®n general de la Guardia Civil si Bayo "ha perdido su condici¨®n de militar y si, en consecuencia, no re¨²ne las condiciones para poder permanecer ingresado en calidad de preventivo en un Centro Penitenciario Militar".

En un escrito de 20 de agosto pasado, la Guardia Civil le contest¨® que "formalmente, su situaci¨®n es la de retirado", por una orden del Ministerio de Defensa de octubre de 1993, con efectos retroactivos desde noviembre de 1987. Explicaba tambi¨¦n el escrito que, aunque la Ley Procesal Militar homologa a los militares retirados con los que est¨¢n en activo para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, nada dice sobre la prisi¨®n preventiva.

Pero el informe de la Guardia Civil no se quedaba ah¨ª. Agregaba que Bayo fue condenado a seis a?os de inhabilitaci¨®n especial por la Audiencia de San Sebasti¨¢n, en sentencia confirmada por el Supremo en febrero de 1994. "Compete, no obstante, al Ministerio de Defensa aclarar las dudas y responder a las consultas sobre la posible incidencia de tal circunstancia sobre los derechos que como retirado corresponden al interesado, por ser el ¨®rgano con atribuciones para adoptar las resoluciones en materia de situaciones del personal de la Guardia Civil", conclu¨ªa el escrito dirigido al juez.

La inhabilitaci¨®n especial conlleva la expulsi¨®n autom¨¢tica de la Guardia Civil. Dorado, condenado tambi¨¦n por torturas en el caso Olano, fue expulsado en mayo de 1995. La ¨²nica raz¨®n para no aplicar a Bayo id¨¦ntica medida es que se considerara que no ten¨ªa ya la condici¨®n de militar y no era posible, por tanto, privarle de ella. De hecho, el informe de la Guardia Civil lo califica siempre de "ex cabo".

G¨®mez de Lia?o no consult¨® al Ministerio de Defensa.