El Supremo permite a California abolir la discriminaci¨®n positiva

California puede seguir adelante con la abolici¨®n de la discriminaci¨®n positiva que sus electores aprobaron mayoritariamente en refer¨¦ndum el pasado noviembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaz¨® en la tarde del pasado jueves la petici¨®n de que bloqueara la entrada en vigor de la denominada Proposici¨®n 209, que anula en el m¨¢s poblado y din¨¢mico Estado norteamericano la pol¨ªtica de favorecer en la educaci¨®n y el empleo a los miembros de minor¨ªas ¨¦tnicas, culturales o sexuales.La petici¨®n de bloqueo hab¨ªa sido efectuada por una coalici¨®n de asociaciones de derechos humanos y grupos progresistas de San Francisco. Sin el menor comentario, el Supremo autoriz¨® a California a seguir adelante. con una pol¨ªtica que contradice la practicada en todo el pa¨ªs desde los a?os sesenta. La Proposici¨®n 209 entr¨® en vigor el pasado 28 de agosto, tras superar el escollo del bloqueo de un juez federal.

El Supremo de EE UU, no obstante, no ha dicho su ¨²ltima palabra al respecto. En su registro de entrada existe una petici¨®n para que estudie la constitucionalidad de la Proposici¨®n 209. El Supremo deber¨¢ estudiar esa petici¨®n este a?o judicial que empieza.

El pasado noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas, los electores de California tuvieron que pronunciarse en dos referendos separados sobre la legalizaci¨®n de la marihuana para usos m¨¦dicos y la abolici¨®n de la discriminaci¨®n positiva. En ambos casos su respuesta fue afirmativa. El fin de la pol¨ªtica de favorecer a miembros de minor¨ªas fue aprobado por el 54% de los votantes.

California se ha convertido as¨ª en el primer Estado norteamericano que desautoriza la filosofia de la affirmative action adoptada en todo el pa¨ªs hace tres d¨¦cadas. El fundamento de esa filosofia es que las mujeres y los negros han sido discriminados secularmente, por lo que s¨®lo pueden alcanzar una situaci¨®n de igualdad si reciben el empuj¨®n de los poderes p¨²blicos a la hora de estudiar o ser contratados. En aplicaci¨®n de la affirmative action, los municipios, los Estados y el Gobierno federal deben otorgar preferencia a los miembros de las minor¨ªas.