Entre lo falso y lo ¨ªnteresado

La decisi¨®n del Gobierno central de ofrecer un mayor protagonismo a las comunidades aut¨®nomas en los asuntos de Estado que directamente afectan a los ciudadanos es, sin lugar a dudas, un camino que debiera haberse emprendido hace tiempo para corresponsabilizar a las autonom¨ªas en el control y gesti¨®n de los recursos p¨²blicos. Decisiones como la instauraci¨®n del nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, aun con sus interrogantes, van en esta direcci¨®n. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ha adoptado otras de menor entidad, pero en la l¨ªnea de ofrecer a las autonom¨ªas un mayor grado de responsabilidad en su autogobierno.Una de esas decisiones es estos d¨ªas motivo de controversia. El Gobierno entendi¨® que era oportuno crear un servicio p¨²blico que, a nivel auton¨®mico, integrara todos los esfuerzos que los distintos responsables p¨²blicos ven¨ªan haciendo en favor del empleo. Para ello restructur¨® el Inem traspasando al Instituto Nacional de la Seguridad Social el pago de las prestaciones por desempleo, y dejando el resto de sus funciones pr¨¢cticamente intactas. El segundo paso consisti¨® en iniciar la territorializaci¨®n del mismo, es decir, traspasarlo a las comunidades aut¨®nomas para configurar un servicio eficaz e integral de lucha contra el paro, uno de los problemas que debiera tener la consideraci¨®n de cuesti¨®n de Estado y estar al margen de corporativismos, de visiones aprior¨ªsticas y trasnochadas, y de luchas fraticidas y partidistas.

Como se sabe, el nivel de autogobierno de las distintas comunidades aut¨®nomas no es el mismo. Cada una, en su estatuto, tiene un nivel competencial diferente y, por tanto, tambi¨¦n distintas caracter¨ªsticas tienen las competencias que reciben. De hecho, el traspaso del Inem a las comunidades a las que se ha hecho efectivo hasta el momento no ha sido el mismo, presentando, seg¨²n la autonom¨ªa, peculiaridades diversas.

La autonom¨ªa de Euskadi, en este sentido, no es ni mejor ni peor que las dem¨¢s. Es simplemente distinta. Tiene previsto un marco competencial que puede considerarse amplio (comparado con el resto), y tiene una especificidad singular: su modelo de financiaci¨®n se rige por el conocido concierto econ¨®mico. Atenta a la raz¨®n pensar que alguien plantee que una transferencia, cualquiera que ¨¦sta sea, se lleve a cabo a una autonom¨ªa con el mismo r¨¦gimen y contenido que a Euskadi. Simplemente ser¨¢ igual si su estatuto lo permite y contempla, y si cuenta con un modelo de concierto y cupo. De modo contrario se estar¨ªa violentando el marco establecido, cuyo cambio puede reclamarse, dicho sea de paso, de forma leg¨ªtima.

El modelo de traspaso que Euskadi tiene del Inem. no es el del PNV, ni siquiera el del Gobierno vasco. Es el modelo de todas las fuerzas pol¨ªticas representadas en el Parlamento vasco. Este modelo parte de lo previsto en el Estatuto de Gernika. El art¨ªculo 12 apartado segundo del mismo, dedicado a las competencias laborales, concluye afirmando que corresponder¨¢ al Pa¨ªs Vasco promover "la cualificaci¨®n de los trabajadores y su formaci¨®n integral". Todos los partidos parlamentarios vascos respaldaron a finales de 1995 que la forma de llevar a cabo esta labor era, como no puede ser de otra forma, aplicando el modelo de concierto econ¨®mico. Lo que exige recaudar las cuotas que financian el servicio de formaci¨®n a los desempleados y emprender los correspondientes ajustes en el cupo para que el efecto financiero sea neutro. La negociaci¨®n del Inem no se plantea por dinero, por m¨¢s recursos, sino por hacer m¨¢s eficaz la lucha contra el paro y la marginaci¨®n. As¨ª de simple.

Los servicios de intermediaci¨®n y de promoci¨®n y gesti¨®n de empleo del Inem. que tambi¨¦n se plantean como transferibles no han sido motivo de atenci¨®n, aunque s¨ª la recaudaci¨®n de la cuota correspondiente a formaci¨®n porque, al parecer, rompe el modelo de "caja ¨²nica" de la Seguridad Social. Dicho m¨¢s ampliamente, se le acusa al Pa¨ªs Vasco de un ego¨ªsmo cainita, de estar al margen de los mecanismos de solidaridad entre las regiones, y de no querer contribuir al trasvase de recursos de las poblaciones ricas a las pobres para lograr un Estado m¨¢s justo y cohesionado. Pues bien, todas estas acusaciones son falsas e interesadas.

Las cuotas que pagan empresarios y trabajadores para formar y reciclar a las personas en paro no son parte de los recursos de la Seguridad Social que, simplemente, se limita a recaudarlas lo mismo que pudiera hacerlo Hacienda. Esto no lo dicen los partidos vascos, ni el Gobierno vasco, ni el PNV. Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 124/89. ?Puede alguien sostener sin sonrojo que el dinero que se utiliza para dar cursos de soldadura, de alba?iler¨ªa, de electricidad, de inf¨®rm¨¢tica, etc¨¦tera, es un recurso intangible de la Seguridad Social?

Las acusaciones de insolidaridad contra el Pa¨ªs Vasco no son nuevas. Euskadi es y quiere seguir siendo solidaria con el resto de las comunidades aut¨®nomas del Estado porque cree en ello y su vocaci¨®n solidaria est¨¢ suficientemente acreditada. Los mecanismos para hacer efectiva esta solidaridad est¨¢n establecidos y funcionan. Otra cuesti¨®n diferente es si la solidaridad est¨¢ bien articulada en el seno del Estado. En lo que al Inem se refiere, el Pa¨ªs Vasco est¨¢ dispuesto a establecer con el Estado los mecanismos necesarios para garantizar una adecuada coordinaci¨®n y gesti¨®n solidaria de los fondos.

Los sindicatos UGT y CC OO se han mostrado especialmente sensibles y cr¨ªticos con este asunto. Ya lo fueron cuando se plante¨® el traspaso de la formaci¨®n continua. Es curioso comprobar c¨®mo unas organizaciones de estructura interna confederal tienen comportamientos tan jacobinos y realizan interpretaciones tan un¨ªvocas. Ambos sindicatos llevan a?os consumiendo buena parte de su tiempo en la acci¨®n institucional. Han centralizado, junto con la CEOE, buena parte de su labor negociadora y reivindicativa. Han conseguido centralizar la gesti¨®n de cientos de miles de millones. La menor noticia de que estos fondos puedan territorializarse les pone simplemente nerviosos. Al igual que las noticias sobre la gesti¨®n de los mismos. (Para este verano estaba anunciado el informe del Tribunal de Cuentas sobre el primer periodo de vida del FORCEN sin que todav¨ªa se conozcan sus resultados).

Es cierto que el Acuerdo Nacional sobre Formaci¨®n suscrito por UGT, CC OO y Gobierno central contempla los fondos de formaci¨®n como pertenecientes a la "caja ¨²nica" de la Seguridad Social. Se incluy¨® como propuesta de sindicatos y patronal porque se pretende cercenar cualquier posibilidad de que estos fondos se trasfieran o descentralicen a una autonom¨ªa. Estos dos sindicatos y la CEOE han interpretado y sentado que el Estatuto de Gernika en materia social no puede ni debe desarrollarse. Los motivos de esta actitud tendr¨¢n que explicarse porque estamos hablando de una ley org¨¢nica que regula el autogobierno de los vascos.