Corsarios
Cuando se encresp¨® la cruzada contra la corrupci¨®n del Poder socialista desatada de 1991 a 1996, fuimos muchos en alertar contra el cinismo del principal inquisidor que se postulaba a sucederle, sospechando que, una vez aupado al poder, el Partido Popular ser¨ªa mucho peor. Y en efecto, as¨ª est¨¢ resultando con creces cuando esto no ha hecho todav¨ªa m¨¢s que empezar. Excuso desgranar el rosario de incidentes que comienzan a acumularse, pues prefiero concentrarme en el buque insignia de la flota corruptora: el caso Telef¨®nica, destinado a ser la Super Filesa del se?or Aznar.?Qu¨¦ es la corrupci¨®n?: la complicidad espuria del poder p¨²blico con ciertos intereses privados. En efecto, un r¨¦gimen pol¨ªtico se define por las relaciones entre la sociedad civil y el poder p¨²blico: si son transparentes, imparciales, ajustadas a derecho y sometidas a control, el r¨¦gimen es leg¨ªtimo; pero si son opacas, sesgadas por el favoritismo, clandestinas y arbitrarias, entonces hay corrupci¨®n. En el caso del r¨¦gimen socialista, su corrupci¨®n result¨® casi transparente, al infringir la legalidad con tan ingenua evidencia. Por eso el nuevo r¨¦gimen de su ep¨ªgono conservador, aprendida la lecci¨®n, procura corregir y aumentar la dosis con mayor astucia e impunidad.
As¨ª es como el Partido Popular ha optado por un doble juego. Por un lado, finge ajustarse a la legalidad: para eso desata una guerra digital en el Parlamento y provoca una querella prevaricadora en los tribunales con la interesada complicidad de sus compa?eros de viaje. Pero como sabe que a la larga Bruselas o la jurisdicci¨®n contencioso-administrat¨ªva han de quitarle la raz¨®n, decide blindar sus operaciones reforz¨¢ndolas con una segunda l¨ªnea estrat¨¦gica, inmune a la acci¨®n de los tribunales. Y para esto recurre a la Telef¨®nica.
Cuando en nombre de un falaz inter¨¦s general, el Gobierno pretendi¨® expropiar los derechos exclusivos que Canal Sat¨¦lite hab¨ªa adquirido leg¨ªtimamente, publiqu¨¦ una columna donde sosten¨ªa que el capitalismo surgi¨® gracias a la invenci¨®n de los derechos de propiedad, citando la autoridad neoliberal del historiador Douglass North, premio Nobel de Econom¨ªa (Exclusivas, 24 de febrero de 1997). Sin embargo, existe otra teor¨ªa rival sobre los or¨ªgenes del capitalismo: es la de Marx, que postul¨® la necesidad de una previa acumulaci¨®n primitiva basada en la rapi?a, el colonialismo, la expoliaci¨®n y la pirater¨ªa.
Pues bien, al parecer, la estrategia adoptada por el partido en el Gobierno pretende alcanzar sus objetivos mediante esta segunda v¨ªa marxista. Para ello, al no poder utilizar su poder p¨²blico, necesariamente imparcial, ni actuar con instrumentos legales de m¨¢s que dudoso ¨¦xito, ha decidido recurrir a piratas, corsarios y bucaneros que, refugiados en la inexpugnable base de operaciones de esa nueva Isla de la Tortuga que es la Telef¨®nica, y bajo el mando de ese nuevo Morgan que es el se?or Villalonga, le hacen al se?or Aznar todo el trabajo sucio: sin ning¨²n escr¨²pulo y con perfecta impunidad.Jur¨ªdicamente, la Telef¨®nica es una empresa privada, pero pol¨ªticamente act¨²a en beneficio sectario de quien ocupa el poder p¨²blico. Esto es patente de corso: es decir, corrupci¨®n. En efecto, a los corsarios brit¨¢nicos del siglo XVII, con licencia real para saquear galeones espa?oles a cambio de un porcentaje del bot¨ªn para el Rey, se les llamaba privateers (o "barcos privados armados"). Pues bien, eso es hoy la Telef¨®nica: una privateer o empresa filibustera, con patente de corso extendida por Moncloa para saquear intereses ajenos en exclusivo beneficio pol¨ªtico de quien ocupa el poder. As¨ª se finge respetar en p¨²blico la legalidad cuando en privado se la elude con fraudulenta insolencia. Y lo. que resulta ilegal para la armada gubernamental de Aznar queda impune si quien lo ejecuta es la escuadra bucanera de Villalonga. No s¨¦ si esto se parece m¨¢s al caciquismo de la Restauraci¨®n o al corporativismo del R¨¦gimen franquista. Pero, desde luego, es corrupci¨®n pol¨ªtica qu¨ªmicamente pura.
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