Un emisario de Pinochet comparece ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n para proteger al dictador

El auditor general del Ej¨¦rcito chileno, Fernando Torres Silva, brazo derecho del general Pinochet durante la dictadura, compareci¨® el pasado 3 de octubre ante el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, y que instruye una causa por genocidio y terrorismo contra la Junta militar chilena. El general en activo compareci¨® voluntariamente, sin ser citado, con la presunta intenci¨®n de clausurar la instrucci¨®n que sigue el magistrado espa?ol, cuya investigaci¨®n preocupa en la c¨²pula militar chilena.

Una providencia enviada por el juez Garc¨ªa Castell¨®n, con fecha del 15 de octubre de 1997, da cuenta a las partes de la comparecencia ante la Audiencia Nacional del general Fernando Torres Silva, que fue fiscal general del Ej¨¦rcito durante la dictadura. Medios jur¨ªdicos no ocultaban ayer la trascendencia del paso dado por Pinochet, quien sin duda est¨¢ detr¨¢s de la visita de Torres Silva a Espa?a. El estampar su firma en el expediente judicial significa que el Estado chileno se da por notificado formalmente de la existencia de este procedimiento judicial, al haber comparecido uno de los m¨¢s altos representantes en activo del Ej¨¦rcito.En otras palabras, lo que pudo plantearse como un intento de condicionar la independencia de la Justicia espa?ola, podr¨ªa tener importantes consecuencias jur¨ªdicas futuras para los patrocinadores de tal idea, a?aden dichas fuentes. Hasta ahora, tanto el Gobierno como los jefes de las Fuerzas Armadas de Chile han descalificado el proceso del juez Garc¨ªa Castell¨®n, por considerar que la Justicia espa?ola no es competente para investigar actos de terrorismo y cr¨ªmenes masivos de los que fueron v¨ªctimas ciudadanos espa?olas y otras nacionalidades, cometidos por funcionarios del Estado de Chile dentro y fuera de sus fronteras.

La presencia del auditor general del Ej¨¦rcito chileno en la Audiencia Nacional adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta que ¨¦l la ha negado p¨²blicamente. El diario El Mercurio de Santiago public¨® el jueves el desmentido de Torres Silva. "Estuve en Espa?a, pero no he tenido acceso a ning¨²n proceso", declar¨®. Y a?ade el peri¨®dico: "Seg¨²n manifest¨®, su visita al pa¨ªs europeo tuvo car¨¢cter personal, puesto que la hizo en uso de sus d¨ªas administrativos. 'No he tenido antecedentes sobre c¨®mo se sigue ese juicio, salvo lo que sale aqu¨ª en la prensa, que es bastante poco', asegur¨®". La visita a Espa?a del general Torres Silva coincidi¨® con la que realiz¨® recientemente el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, Hugo Anzorreguy, seg¨²n ha podido confirmar este diario en Buenos Aires. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n investiga en otra causa por genocidio y terrorismo durante la dictadura militar argentina la desaparici¨®n de varios cientos de ciudadanos espa?oles.

La presencia de Anzorreguy en Madrid estuvo directamente relacionada con esta instrucci¨®n y con el reciente auto de prisi¨®n dictado por Garz¨®n contra el antiguo capit¨¢n de corbeta Adolfo Sicilingo, que confes¨® su participaci¨®n directa en los llamados vuelos de la muerte, en los que desaparecieron 4.400 ciudadanos arrojados al mar desde aviones militares a gran altura. El juez espa?ol emiti¨® una orden internacional de b¨²squeda y captura contra diez antiguos jefes de la Armada, con su ex comandante en jefe Emilio Eduardo Massera, como responsables de delitos de genocidio y terrorismo.

Contra esta resoluci¨®n recurri¨® ayer el fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, por estimar que la Justicia espa?ola no es competente para dilucidar sobre delitos que ya fueron juzgados en Argentina por las leyes de Punto Final. Representantes de organismos defensores de los derechos humanos en Argentina han hecho un llamamiento al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, y al fiscal Rubira en el que expresan su repulsa por el recurso.

Anzorreguy, cuya visita a Espa?a ha estado rodeada del m¨¢ximo sigilo, mantiene estrechas relaciones personales con el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con quien se fotografi¨® ante el Palacio de la Moncloa en mayo de 1966, una semana despu¨¦s de la toma de posesi¨®n del jefe del Ejecutivo espa?ol.

Por otra parte, el juez Garz¨®n ha citado a declarar el martes a Emilio Mignone, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires, y a Elsa Eva Villaflor, hija de desaparecidos espa?oles.