Un grupo especial del FBI colabora con el juez Garc¨ªa Castell¨®n para investigar a Pinochet

Estados Unidos ha dado un nuevo e importante paso en la colaboraci¨®n con la Justicia espa?ola en la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. La Fiscal¨ªa General de EE UU ha adscrito a una fuerza especial de la Polic¨ªa Federal (Joint FBI Terrorism Task Force) la misi¨®n de reunir y aportar las pruebas solicitadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, que instruye una causa por genocidio y terrorismo internacional contra Pinochet y otros m¨¢ximos responsables de la dictadura chilena.

La documentaci¨®n en la que est¨¢ trabajando este cuerpo especial procede de los archivos, del Departamento de Estado, FBI, Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos norteamericanos.La decisi¨®n de la autoridad judicial estadounidense es un mensaje inequ¨ªvoco al Gobierno y a la c¨²pula militar de Chile, que hasta ahora han denegado al juez Garc¨ªa Castell¨®n cualquier tipo de colaboraci¨®n. Y no s¨®lo eso. Los generales chilenos enviaron recientemente a Madrid a un emisario de peso para interesarse por el curso de la investigaci¨®n del magistrado espa?ol. El auditor general del Ej¨¦rcito, Fernando Torres Silva, brazo derecho del general Pinochet, compareci¨®, sin haber sido citado, ante la Audiencia Nacional.

Fuentes pr¨®ximas a la Fiscal¨ªa estadounidense confirmaron ayer que la ampliaci¨®n de la comisi¨®n rogatoria presentada el mes pasado por el juez Garc¨ªa Castell¨®n ha sido acogida, aprobada y ejecutada sobre la base legal del tratado bilateral de asistencia judicial en materia penal entre EE UU y Espa?a, aprobado en 1995. En concreto, la ampliaci¨®n de la comisi¨®n rogatoria pide a la fiscal general, Janet Reno, que ordene que un n¨²mero determinado de testigos identificados (una decena) con residencia en Estados Unidos declaren ante el juez instructor.

Asimismo, solicita tener acceso a una serie de pruebas documentales existentes en archivos oficiales de EE UU sobre cr¨ªmenes contra la humanidad y terrorismo internacional cometidos por funcionarios a las ¨®rdenes del general Pinochet entre el 11 de septiembre de 1973 y abril de 1990, en Chile o en cualquier otro Estado del mundo. La fuerza especial antiterrorista del FBI est¨¢ ya trabajando en esta investigaci¨®n. Los abogados de la acusaci¨®n particular en la causa que instruye Garc¨ªa Castell¨®n han dirigido una carta a la Fiscal¨ªa General del Estado espa?ol en la que dan cuenta de la decisi¨®n adoptada por la autoridad judicial estadounidense "que coincide en el tiempo con la resoluci¨®n adoptada, por unanimidad el 18 de septiembre pasado por el Parlamento Europeo, que expl¨ªcitamente manifiesta su total respaldo a la investigaci¨®n por la Justicia espa?ola de tan graves y masivos cr¨ªmenes".

Los letrados solicitan una urgente entrevista con el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, para que "nuestra Fiscal¨ªa no se encuentre en un nivel de participaci¨®n en la investigaci¨®n inferior al que por su trascendencia internacional se le atribuye en la Fiscal¨ªa General de Estados Unidos". La carta pide expl¨ªcitamente "que se designe un fiscal especial que est¨¦ familiarizado con el Derecho Penal Internacional en que se fundamenta esta investigaci¨®n judicial".

Se trata, se?alan fuentes de la acusaci¨®n particular, de aplicar el Derecho especial que nace en diciembre de 1946 al aprobar la Asamblea General de la ONU los principios del estatuto y sentencia del Tribunal de Nuremberg, codificados en 1947 por las Naciones Unidas y que, desde entonces, son normas de derecho internacional.

El abogado Juan Garc¨¦s, en representaci¨®n de los familiares de Soria, los sacerdotes Joan Alsina y Antoni Llid¨® y cerca de otras 4.000 v¨ªctimas (asesinadas o desaparecidas) personadas en la causa, viajar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas a Estados Unidos, donde mantendr¨¢ reuniones con representantes del Departamento de Estado, de Justicia y otros. En relaci¨®n con la causa que paralelamente investiga el tambi¨¦n juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n sobre cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura militar argentina, la reciente visita a Espa?a realizada con gran sigilo por Hugo Anzorreguy, jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, ha suscitado las primeras reacciones pol¨ªticas. El secretario de Pol¨ªtica Exterior de Izquierda Unida, Carlos Carnero, enviar¨¢ ma?ana una carta formal en nombre de la coalici¨®n al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, para que explique lo que sabe de tal visita, qu¨¦ clase de contactos mantuvo Anzorreguy, y si fueron oficiales, con qui¨¦n y para qu¨¦. Seg¨²n dijo Carnero a este diario, la coalici¨®n no descarta presentar una iniciativa parlamentaria que incluya una pregunta en pleno al propio presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, teniendo en cuenta la estrecha relaci¨®n personal entre ambos.