Un decreto ley dudosamente constitucional

El pleno del Congreso convalidar¨¢ la semana, pr¨®xima el decreto ley 17/1997 de 10 de octubre, de reforma de la Ley del Servicio Militar, por el que se reinstaura el excedente de cupo, diez a?os despu¨¦s de su abolici¨®n. El pre¨¢mbulo de la nueva norma se explaya en argumentar por qu¨¦ "resulta obligado" acudir a la f¨®rmula del decreto ley para regular este asunto y matiza que los art¨ªculos modificados no tienen car¨¢cter org¨¢nico, aunque s¨ª lo tenga el conjunto de la ley.

Lo prolijo de la justificaci¨®n evidencia que los redactores del decreto se sienten en la obligaci¨®n de despejar algunas dudas. Y efectivamente, las hay. Los expertos consultados por EL PA?S recuerdan que el decreto ley s¨®lo es admisible en casos de "extraordinaria y urgente necesidad"; es decir, cuando el problema que se quiere resolver no resultara previsible.

El art¨ªculo 36 de la Constituci¨®n afirma, adem¨¢s, que los decretos leyes no pueden afectar a "los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T¨ªtulo l" de la Carta Magna. Y el servicio militar obligatorio se deriva del art¨ªculo 20, incluido en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n.

"El ¨¢mbito de los decretos leyes es un tema muy pol¨¦mico, en el que el propio Tribunal Constitucional ha emitido sentencias contradictorias", agregan los expertos.