EL fiscal Fungairi?o anuncia que "se opondr¨ªa" a medidas contra militares chilenos

Eduardo Fungairi?o, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha negado competencia a la justicia espa?ola en la causa contra el general chileno Augusto Pinochet y sus colaboradores que instruye el juez de la Audiencia Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, y ha vaticinado que la Fiscal¨ªa que dirige impugnar¨ªa cualquier orden de prisi¨®n contra militares chilenos que pudiera dictar el juez.

El fiscal Fungairi?o, cuyo nombramiento en junio pasado provoc¨® el rechazo un¨¢nime de toda la carrera fiscal, ha concedido una amplia entrevista al diario chileno El Mercurio, estrechamente vinculado a los militares, en la que da su particular visi¨®n de los hechos. "En la medida que las transgresiones cometidas por las dictaduras militares no pueden calificarse de delitos de genocidio porque no se orientan respecto de una raza, etnia o grupo social determinado, ni como delitos de terrorismo ya que no tratan de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos pa¨ªses, no merecen tal clasificaci¨®n y por tanto no pueden ser juzgados por las autoridades espa?olas", afirma el fiscal.Fungairi?o va m¨¢s all¨¢ y advierte que "si se dan en este procedimiento los mismos supuestos que en la causa que sigue el juez Baltasar Garz¨®n -donde inicialmente no hay ning¨²n espa?ol responsable en los hechos ocurridos durante la represi¨®n argentina-, l¨®gicamente la Fiscal¨ªa adoptar¨ªa la misma resoluci¨®n y se opondr¨ªa a que este juzgado [Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6, cuyo titular es Garc¨ªa Castell¨®n] dictara ¨®rdenes de prisi¨®n contra militares, polic¨ªas u otros chilenos que hubiesen cometido presunta o realmente estos delitos". Parad¨®jicamente, estas controvertidas declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, extremadamente parco con los medios de comunicaci¨®n espa?oles respecto del sumario chileno, han sido efectuadas al diario chileno que mayor apoyo prest¨® a la dictadura del general Pinochet.

Fuentes jur¨ªdicas consultadas por este diario no ocultaban ayer su estupor por la actitud de Fungairi?o. Carlos Castresana, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), la organizaci¨®n que present¨® la querella que origin¨® la causa que instruye el juez Garc¨ªa-Castell¨®n, calific¨® de "escandalosa" la tesis de Fungairi?o y record¨® que la citada querella se basa en el art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) que dice textualmente: "Igualmente ser¨¢ competente la jurisdicci¨®n espa?ola para conocer de los hechos cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, seg¨²n la ley penal espa?ola, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo...". La querella fue admitida a tr¨¢mite por el juez el a?o pasado tras la luz verde del fiscal general del Estado, Carlos Granados.

Castresana subray¨® que Fungairi?o basa su razonamiento jur¨ªdico en otro art¨ªculo de la LOPJ, concretamente el 23.1, que se?ala que la jurisdicci¨®n espa?ola es competente en aquellos delitos "aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que criminalmente responsables fueren espa?oles o extranjeros que hubieren adquirido nacionalidad espa?ola con posterioridad a la comisi¨®n del hecho". No hay ning¨²n espa?ol incriminado como responsable de la represi¨®n ejercida durante la dictadura chilena.

Fuentes de la acusaci¨®n establecen un paralelismo entre la actitud de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y la reciente comparecencia del fiscal general del Ej¨¦rcito chileno, Fernando Torres Silva, ante el juez Garc¨ªa-Castell¨®n, a quien entreg¨® "certificaciones de documentos que componen un legajo muy voluminoso", seg¨²n palabras del propio Fungairi?o.

El general Torres Silva, uno de los m¨¢s estrechos colaboradores de Pinochet, pas¨® m¨¢s de una semana en Espa?a a principios de octubre. A su regreso a Santiago, neg¨® de entrada su comparecencia ante Garc¨ªa-Castell¨®n, y tras corregirse a s¨ª mismo despu¨¦s de que EL PA?S informase sobre esa comparecencia, acab¨® reconociendo el martes pasado a El Mercurio que visit¨® al juez para "mostrar la verdad jur¨ªdica en documentos p¨²blicos indubitados" y calific¨® de "pol¨ªtica" la querella presentada en Espa?a. Entre la documentaci¨®n entregada al juez hay un dictamen jur¨ªdico que pide el archivo de la causa en base a la supuesta falta de competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola.