Desacato

Hace bien el Consejo General del Poder Judicial en contemplar el posible restablecimiento del tipo penal del desacato. Algo habr¨¢ que hacer en realidad para poner freno al creciente desprestigio de la Administraci¨®n de la Justicia, con todo lo que ello comporta de p¨¦rdida de confianza ciudadana, de inseguridad jur¨ªdica y econ¨®mica y consecuente mengua de la libertad civil. Y a ello ha contribuido, en cuant¨ªa no menor, la serie de disparates chulescos que muchos pol¨ªticos y, m¨¢s a¨²n, sus analistas de Corte, han dicho sobre los jueces cuando la luz del estrellato de turno no ha iluminado la senda que ellos segu¨ªan. Hay medios, columnistas y cronistas especializados en la injuria que se han complacido en denigrar sistem¨¢ticamente al juez que no ca¨ªa en gracia a su Mecenas. Y es claro que una cosa es la libre cr¨ªtica del poder -incluso del judicial- y otra el desprestigio sistem¨¢tico de sus titulares que lleva a erosionar la funci¨®n misma que desempe?an. Y al navajeo de los autores de opini¨®n, habr¨ªa que a?adir la insolencia frecuente de los encausados -alg¨²n financiero no menos que muchos presuntos terroristas- y, no se olvide, la manipulaci¨®n pretendida cuando no conseguida por las fuerzas pol¨ªticas.?Cabe mayor falta de respeto hacia la autoridad que tratar de utilizarla en beneficio propio, m¨¢xime si el inter¨¦s es parcial -como es inherente al de un partido- y la autoridad es, nada menos, que la voz muda de la ley? Y eso se ha hecho y se hace cada vez que se pretende introducir una cuota partidista en el Consejo del Poder Judicial, influir en la composici¨®n de una Sala para determinada ocasi¨®n, se escamotea un informe del Consejo por resultar inconveniente a las propias tesis o se utilizan los cauces procesales para prolongar un conflicto pol¨ªtico a costa de politizar la administraci¨®n de justicia. ?No suena esto al lector como la cr¨®nica de todos los d¨ªas? ?Y no ser¨ªa eso remediable si, con o sin reforma del C¨®digo Penal, los responsables pol¨ªticos pusieran coto a la politizaci¨®n general, la de los instrumentos procesales tanto como la de los medios de comunicaci¨®n, y evitaran, en paralelo, la creciente privatizaci¨®n de la pol¨ªtica a manos de grupos de intereses harto manifiestos?

Porque no es esta columna la ocasi¨®n de analizar tipos penales, sino de subrayar actitudes ¨¦ticas, de esa especial ¨¦tica que al pol¨ªtico es exigible. Lo que nuestros cl¨¢sicos llamaron "¨¦tica de cada estado" y, desde ella, tambi¨¦n hay que exigir. de jueces y magistrados y de su supremo ¨®rgano de gobierno un mayor respeto a la sociedad que est¨¢n llamados a servir. Es falta de respeto la pasividad ante los intentos de manipulaci¨®n. Lo es el corporativismo que lleva a la tolerancia de estrellatos judiciales, perjudiciales en s¨ª mismos, pero que, adem¨¢s, se compadecen mal con la manifiesta incapacidad de resolver en tiempo y forma los procesos en que se juega la suerte personal y patrimonial de la ciudadan¨ªa. Lo es el relajo de las formas, garant¨ªa de rigor y veracidad, que se puede comprobar en cualquier juzgado. Lo es que la situaci¨®n de sancionado se haya convertido en frecuente, cuando no normal, en ciertos ¨®rganos colegiados sin que ello traiga mayores consecuencias. Lo es la inexplicable tardanza en las decisiones y la indiferencia ante las ejecuciones. Lo es la m¨¢s que frecuente incoherencia en las sentencias que priva a la jurisprudencia de su necesario valor complementario del ordenamiento, instrumento de seguridad y progreso. Y todo eso, que tambi¨¦n contribuye al menguante prestigio de la justicia, pudiera ser remediable por la propia judicatura. Sin duda, la reforma procesal, la mejora en la formaci¨®n e, incluso, la dotaci¨®n de mayores medios, son necesarias. Pero la autorrevisi¨®n del propio talante es a¨²n m¨¢s importante.

Y una sociedad que se sienta respetada por sus magistrados sabr¨¢ imponer el respeto que a los mismos se debe.