Hacia la arcadia judicial

Recientemente, una declaraci¨®n del vocal del Consejo General del Poder Judicial designado portavoz, ha vuelto a avivar una antigua pol¨¦mica en torno a determinados tipos penales como el desacato. Con las posteriores matizaciones, en tanto que, al parecer, lo que se quiso expresar no era otra cosa que la necesidad de otorgar una mayor protecci¨®n a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales frente a indiscriminados ataque de partes, directamente o a trav¨¦s de otras sutiles manifestaciones, que perturben su independencia e imparcialidad, este hecho viene a poner una vez m¨¢s de manifiesto el indudable protagonismo que en la sociedad posee la justicia y quienes la ejercen.Estamos en presencia, no cabe duda, de un fen¨®meno propio y que constituye hoy por hoy una preocuante realidad. Con la virulencia que se da en nuestra patria, no existe en los dem¨¢s pa¨ªses pol¨ªtica y socialmente semejantes a nosotros, con la excepci¨®n de Italia, donde sucede algo similar, si bien con otras connotaciones.

Este hecho aislado podr¨ªa servir para de ¨¦l transcender a otras cuestiones que indudablemente afectan al Poder Judicial y a la justicia en general. Acaba de presentarse el Libro Blanco de la justicia, elaborado con meritorio esfuerzo por el actual CGPJ. La mayor de las virtudes de ese inicial instrumento para una ulterior reforma de la justicia ha sido la transparencia y la pluralidad con que se ha realizado. Es el resultado de numerosas opiniones de cuantos tienen algo que decir sobre esta cuesti¨®n. Pero lo que en ¨¦l se establece es un diagn¨®stico de los males que nos aquejan y no el cat¨¢logo de soluciones que se necesitan. En cualquier caso, es un primer paso importante para comenzar a abrir el camino que entre todos, sociedad, partidos pol¨ªticos, medios de comunicaci¨®n, ciudadanos y quienes desde todos los ¨¢mbitos tenemos algo que ver con la justicia debemos recorrer en la b¨²squeda de soluciones.

Las cuestiones que nos afectan tienen transcendencia suficiente como para que entre todos se realicen los esfuerzos necesarios para alcanzar las mayores cotas de acuerdo. Ahora bien, alcanzados esos niveles, sigue siendo leg¨ªtimo mantener con firmeza y desde el respeto a las opiniones de los dem¨¢s las posiciones tradicionales sobre cuestiones concretas de las que no se puede abdicar.

Y es que el Libro Blanco, al que hay que reconocer m¨¦ritos y aciertos, como toda obra humana no es perfecto y contiene errores y omisiones. Desde este punto de vista, bueno ser¨¢ recordar que en su contenido soslaya una cuesti¨®n tan transcendental como evidente, como es la politizaci¨®n de la justicia. Su manifestaci¨®n m¨¢s grosera y que el ciudadano percibe con mayor nitidez es la relativa a la composici¨®n del CGPJ, ¨®rgano constitucional del gobierno aut¨®nomo de los jueces, que por mor de una famosa enmienda a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial vigente desnaturaliz¨® al mismo priv¨¢ndole de la legitimaci¨®n que el poder constituyente le hab¨ªa otorgado. En tanto esa originaria naturaleza no se restablezca, haciendo que los jueces y magistrados, no las asociaciones judiciales como interesadamente se afirma, recobren su derecho inalienable, constitucionalmente reconocido, a elegir por sufragio universal, libre, directo y secreto a sus doce representantes en el Consejo, no comenzar¨¢n a recuperarse los niveles de independencia que el Poder Judicial necesita en relaci¨®n con los poderes legislativo y ejecutivo. Y ello sin perjuicio de que en la ley reguladora se puedan Introducir los criterios de correcci¨®n electoral que se consideren necesarios para impedir mayor¨ªas que silencien las opiniones minoritarias, igualmente respetables. De este modo se corregir¨ªa ese estigma con el que nacen los sucesivos Consejos y que determina que en su seno se produzcan situaciones no deseables que reproducen mim¨¦ticamente la correlaci¨®n de fuerzas parlamentarias. Recuperar para el Consejo esa legitimidad y reivindicar desde ¨¦l cuotas de autonom¨ªa, pi¨¦nsese en la necesidad de elaborar su anteproyecto de presupuesto, ser¨ªa un primer paso para solventar los graves problemas que nos aquejan. Y para eso no se necesita otra cosa que la necesaria voluntad de los partidos pol¨ªticos de hacerlo posible.

Junto a lo anterior, un segundo problema acuciante para la justicia es el de la p¨¦rdida de la confianza de los ciudadanos a los que sirve. Una sociedad que no cree en la honradez, independencia e imparcialidad de sus jueces o est¨¢ agonizante o se le est¨¢ equivocando, manipulando su opini¨®n. Con independencia de grav¨ªsimos incidentes recientes y pasados, algunos ofrecidos desde el propio Consejo en sus distintas etapas, y de la existencia de los jueces de pasarela, hay casos importantes, no jueces estelares, pero que no pasan de ser lamentables y cuya correcci¨®n debe buscarse por la v¨ªa disciplinaria o penal seg¨²n los casos, nadie con un m¨ªnimo de sensatez y buena fe puede negar a los jueces espa?oles, y por extensi¨®n a cuantos se afanan en el servicio de la Administraci¨®n de justicia, el estar en posesi¨®n de esas condiciones antes mencionadas. El juez espa?ol responde al modelo constitucional que defendemos y que no es otro que el del juez independiente frente a todos, imparcial y t¨¦cnicamente formado y preparado para dar respuesta a los conflictos de intereses de todo tipo que una sociedad moderna plantea.

Luego si esto es as¨ª, y as¨ª es, habr¨¢ que afirmar que las encuestas se equivocan y la sociedad y cuantos en ella tienen alguna responsabilidad, y los primeros los jueces con comportamientos dignos y adecuados a la transcendencia de la misi¨®n constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que tienen encomendada, deber¨¢ favorecer el necesario clima de respeto a las decisiones judiciales que un grupo social cohesionado y moderno exige e impone.

Solventados estos dos grav¨ªsimos escollos, hora ser¨¢ de pensar en la soluci¨®n del resto de los problemas que nos agreden. Falta de planificaci¨®n org¨¢nica, necesidad de reformas procesales, adecuada selecci¨®n y formaci¨®n continuada de los jueces, colaboraci¨®n de las administraciones p¨²blicas, m¨¢s medios materiales... ?se es el papel del Libro Blanco, que habr¨¢ de constituir la referencia obligada para acometer esas reformas necesarias. Pero se trata de un medio y no de un fin. En su desarrollo estaremos comprometidos y al lado de cuantos colaboran en el empe?o, pero reivindicando lo esencial, sin lo cual lo instrumental carece de raz¨®n de ser.