Salto en el vac¨ªo

DE LA comparecencia en el Congreso de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros Garc¨ªa Crespo, se desprenden dos conclusiones b¨¢sicas: que las cuentas de la Expo 92 arrojan unas p¨¦rdidas acumuladas de 35.258 millones de pesetas, y que el abismo existente entre esta cifra y la presentada en su d¨ªa por los gestores se debe a discrepancias sobre los criterios contables aplicados por unos y otros. A mayor abundamiento, la presidenta del tribunal declar¨® el pasado 1 de noviembre que ni el tribunal, ni la fiscal¨ªa, ni la abogac¨ªa del Estado hab¨ªan encontrado ilegalidades en la sociedad.As¨ª pues, el informe define b¨¢sicamente una situaci¨®n de desbarajuste contable que, por otra parte, lleva a cualquier observador imparcial a preguntarse si no hubo despilfarro en la Expo. Ahora bien, de las dudas razonables sobre la gesti¨®n de una sociedad a la acusaci¨®n de fraude o delito hay un largo trecho que no es posible vadear de manera autom¨¢tica sin recurrir a la mala fe o a la demagogia. Pero el Gobierno y el PP parecen haberse especializado en este tipo de saltos en el vac¨ªo, como demostraron en el caso de la presunta amnist¨ªa fiscal de los 200.000 millones, incluso a costa de quedar en rid¨ªculo. No sorprende, pues, que algunos diputados del PP se hayan apuntado desde el primer momento a lanzar acusaciones de latrocinio -"?Que devuelvan lo que se han llevado!", clamaba Ram¨®n Aguirre- sin que por ahora hayan exhibido prueba alguna. Otro portavoz popular, esta vez con tono manifiestamente oficial, anunciaba ayer que las cuentas se remitir¨¢n a la fiscal¨ªa para que "los tribunales decidan".

La velocidad con la que el PP convierte cualquier acto de la Administraci¨®n socialista en sospechoso de delito mayor es en el fondo la mejor manera de evitar un debate serio sobre el desorden en la gesti¨®n socialista de empresas como la Expo. Cuando parec¨ªa l¨®gico que el informe del Tribunal de Cuentas diera pie a un an¨¢lisis cr¨ªtico sobre un acontecimiento que canaliz¨® una ingente inversi¨®n p¨²blica, la agresividad del PP ha situado directamente la discusi¨®n en el terreno del C¨®digo Penal, esto es, en los tribunales, sin otro argumento conocido que una discrepancia -grave- en materia de contabilidad.

Han pasado cinco a?os desde que la Expo cerr¨® sus puertas. De haber encontrado indicios delictivos, ?qu¨¦ hizo el fiscal del Tribunal de Cuentas que no remiti¨® el asunto a la justicia ordinaria, cumpliendo una obligaci¨®n que alcanza a cualquier ciudadano? Sembrar la sospecha del delito sobre cualquier ineficacia o cualquier derroche, o incluso cualquier irregularidad de la Administraci¨®n, es el m¨¦todo m¨¢s seguro para que todas las cuentas p¨²blicas, del anterior Gobierno, pero tambi¨¦n del actual, terminen en los despachos de los jueces. De ah¨ª a la par¨¢lisis del Estado no hay ni medio paso. Y esto nada tiene que ver con la impunidad.