Error turco

DE LLEVARSE a t¨¦rmino, la ilegalizaci¨®n de los islamistas en Turqu¨ªa -en virtud del proceso iniciado por el Tribunal Constitucional- podr¨ªa repetir un error que ha llevado a Argelia al caos actual. Pese a que las condiciones son diferentes, cabe aplicar una analog¨ªa: la expulsi¨®n de los fundamentalistas no reduce necesariamente su influencia y, en cambio, crea las condiciones para su radicalizaci¨®n.La apertura de este proceso, que puede durar hasta finales de a?o, contra el Partido del Bienestar y su dirigente Necmettin Erbakan es iniciativa del fiscal general. Erbakan ha dispuesto de una semana para preparar sus alegaciones. Se le acusa de defender una concepci¨®n religiosa de la vida pol¨ªtica en un pa¨ªs donde el Ej¨¦rcito es garant¨ªa de la laicidad oficial implantada en 1923 por Mustaf¨¢ Kemal Ataturk. Pero la laicidad del Estado no puede esconder la creciente islamizaci¨®n de la sociedad ni el verdadero temor que se esconde tras estas actuaciones judiciales: que el Partido del Bienestar, el m¨¢s votado en las elecciones de diciembre de 1995 (con el 21% de los sufragios), crezca a¨²n m¨¢s en las pr¨®ximas.

Los islamistas han sido ilegalizados por dos veces desde 1971, sin gran resultado. El voto isl¨¢mico representa una realidad que se podr¨ªa suprimir artificialmente del Parlamento (una vez que los militares han logrado forzar la salida de Erbakan del Gobierno de coalici¨®n), pero es poco probable que desaparezca de la sociedad. Ilegalizar a los islamistas resultar¨ªa in¨²til si ¨¦stos fundaran un nuevo partido, y contraproducente si se vieran forzados a una clandestinidad que suele conducir a una mayor radicalizaci¨®n. El Partido del Bienestar no defiende la violencia. Pero tampoco la defend¨ªa el FIS antes del golpe de Estado en 1991.

El fundamentalismo puede ser un problema para el mantenimiento del car¨¢cter laico del Estado turco y de la orientaci¨®n prooccidental de su pol¨ªtica exterior. Pero la salida no puede ser ilegalizar al primer partido del pa¨ªs; m¨¢s bien pasa por reafirmar las reglas de juego democr¨¢ticas y abordar los problemas cuya falta de respuesta -por ejemplo, en materia asistencial- han llevado a su crecimiento. Es deseable que el Tribunal Constitucional act¨²e con prudencia.