El Supremo mete en la c¨¢rcel a los condenados de Filesa

Tras dos semanas de dudas y vacilaciones, la Sala Segunda del Tribunal Supremo opt¨® ayer finalmente por ejecutar la sentencia de Filesa sin esperar a una posible suspensi¨®n del Tribunal Constitucional y orden¨®, con unas prisas sin precedentes en los ¨²ltimos a?os, el inmediato ingreso en prisi¨®n de seis de los ocho condenados, entre ellos el ex senador Josep Maria Sala y el ex diputado Carlos Navarro. La Sala Segunda dict¨® un auto en el que trata de justificar el encarcelamiento en apenas 20 d¨ªas en que el caso Filesa "no guarda parang¨®n alguno" con otras causas especiales, entre las que cita una que afecta a un condenado del PP que tard¨® en ingresar seis meses. Alberto Flores, exgestor de Filesa, tendr¨¢ que presentarse a las once de esta ma?ana en el Tribunal Supremo para ser conducido a la c¨¢rcel. Los dem¨¢s ir¨¢n ingresando en los pr¨®ximos d¨ªas, cuando sean requeridos en sus domicilios de Barcelona y Tenerife.

Alberto Flores, condenado a 10 a?os de prisi¨®n, ha sido citado para las once de esta ma?ana ante la secretar¨ªa de causas especiales del Tribunal Supremo, donde se le requerir¨¢ la multa de m¨¢s de 259 millones de pesetas que le impone la sentencia y de donde saldr¨¢ para una prisi¨®n de Madrid que ¨¦l mismo podr¨¢ escoger, seg¨²n dijeron fuentes del tribunal. La raz¨®n de ser el primero en ingresar es que es el ¨²nico que tiene residencia en Madrid.En cuanto a los dem¨¢s, la Sala Segunda ha remitido los respectivos exhortos, por correo ordinario, a los juzgados decanos de Barcelona -donde residen. el ex senador Josep Maria Sala, el ex diputado Carlos Navarro y el ex administrador de Filesa, Luis Oliver¨®- y de Tenerife, donde tienen actualmente su domicilio Aida ?lvarez y Miguel Molledo. A medida que los exhortos vayan llegando tendr¨¢n que ser cumplimentados por los jueces a los que correspondan, los cuales ir¨¢n llamando a los condenados para su ingreso en la c¨¢rcel.

A efectos de cumplimiento, las penas de 11 a?os de prisi¨®n impuestas a Navarro y de 10 a?os a Oliver¨® y Flores quedan reducidas autom¨¢ticamente a 9 a?os de c¨¢rcel, al ser ¨¦sta el triplo de la pena m¨¢s grave impuesta, que es de 3 a?os. Tanto ¨¦stos como los dem¨¢s condenados -Sala a 3 a?os, y Aida y Molledo a 2 a?os y 4 meses- podr¨¢n optar a los beneficios de redenci¨®n de penas por el trabajo, ya que los hechos se produjeron cuando estaba vigente el anterior C¨®digo Penal.

Respecto a los empresarios Juan Molina Vivas y Eugenio Mar¨ªn Garc¨ªa-Mansilla, el tribunal ha ordenado reclamar su hoja hist¨®rico-penal para dejar en suspenso las condenas de seis meses que se les impusieron, aunque ha indicado que se oficie a los representantes legales de las empresas Cepsa e Iveco-Pegaso para cumplimentar las responsabilidades pecuniarias declaradas en la sentencia.

Apenas una semana despu¨¦s de rechazar formalmente el inmediato ingreso en prisi¨®n de los condenados exigido por la acusaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, y de que los magistrados reivindicasen para s¨ª el "momento procesal" de ejecutar la sentencia, el propio tribunal justifica su cambio de criterio en el imperativo legal" que le impone "inexcusablemente" el C¨®digo Penal y que le obliga "de manera concreta".

El Supremo justifica su contundencia en este caso en que "a veces" la aplicaci¨®n de criterios jur¨ªdicos a nuevos supuestos "puede resultar equ¨ªvoca si los hechos que sirven de apoyo a uno u otro caso son, como suele acontecer, sustancialmente distintos".

Los magistrados del Supremo analizan los supuestos de causas especiales juzgadas en los ¨²ltimos a?os y concluyen que "no existen antecedentes en la Sala Segunda que permitan obtener un punto de vista contrario a lo que ha sido razonado".

Seg¨²n la Sala, los precedentes anteriores "son completamente distintos del que ahora se contempla". "Ni la fundamentaci¨®n jur¨ªdica", agregan, "ni los hechos acaecidos guardan parang¨®n alguno con lo que aqu¨ª se decide". Y rematan: "Nos encontramos en este caso con unos supuestos delictivos importantes dada la naturaleza espec¨ªfica, cualitativa y cuantitativa de los mismos".

Los tres magistrados -Jos¨¦ Augusto de Vega, Ram¨®n Montero y. Luis Rom¨¢n Puerta- concluyen que la decisi¨®n les viene impuesta por el principio de legalidad "en el entorno de lo que es la obligaci¨®n jurisdiccional de los tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

En otro apartado, aunque reconocen que los preceptos legales son "claros" en cuanto a las posibilidades de que el Tribunal Constitucional deje en suspenso las penas, del contexto de dichos preceptos "no se deduce" -seg¨²n la interpretaci¨®n rigorista que destila toda la resoluci¨®n-, "la imposici¨®n a los jueces de una determinada decisi¨®n cuando el tribunal de instancia, en este caso el Tribunal Supremo, tiene plenas atribuciones jurisdiccionales que nunca pueden ser perturbadas".

Por otra parte, Carlos Navarro present¨® ayer un recurso de s¨²plica ante el Tribunal Supremo que acompa?a a la petici¨®n de indulto que han presentado medio centenar de particulares ante el Ministerio de Justicia.

El recurso de Navarro se basa en la "falta de proporci¨®n" entre los hechos juzgados y en la pena de 11 a?os de prisi¨®n que le ha sido impuesta y en que existe una cobertura legal -la propia petici¨®n de indulto- que no ha sido tenida en consideraci¨®n por la Sala Segunda del Supremo.