L¨®gica jur¨ªdica
LA L?GICA jur¨ªdica ha prevalecido sobre la flexibilidad necesaria en la decisi¨®n de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de ordenar la ejecuci¨®n de la sentencia del caso Filesa. Los seis condenados con penas superiores a los dos a?os deber¨¢n, pues, ingresar en prisi¨®n. Es una decisi¨®n perfectamente racional, pero no es necesariamente la ¨²nica decisi¨®n razonable. Tambi¨¦n hubiera sido razonable suspender la ejecuci¨®n de la sentencia.El Tribunal Supremo es la instancia superior y ¨²ltima de la jurisdicci¨®n penal. El Tribunal Constitucional, ante el que los condenados han presentado recurso de amparo, entiende de la protecci¨®n de los derechos constitucionales de las personas y no de la tipificaci¨®n de los delitos. Agotada, pues, la v¨ªa penal, es l¨®gico que se ordene cumplir la sentencia, del mismo modo que tambi¨¦n ser¨¢ l¨®gico que el Constitucional la suspenda unos d¨ªas m¨¢s tarde si admite el recurso de amparo. Pero suspender cautelarmente sus sentencias, en atenci¨®n a los recursos, podr¨ªa convertir al Constitucional en lo que no es ni debe ser: un tribunal de casaci¨®n del Supremo. No hay, adem¨¢s, doctrina jurisprudencial, aunque s¨ª precedentes, que avale la suspensi¨®n cautelar de las sentencias penales en casos similares, menos a¨²n cuando el Constitucional ni siquiera ha admitido a¨²n a tr¨¢mite este recurso.
Sin embargo, tambi¨¦n hubiera sido razonable suspender la ejecuci¨®n de la sentencia, a la espera de un pronunciamiento del Constitucional, por razones de prudencia esgrimidas en otras ocasiones y que se reforzaban por dos consideraciones que el debate sobre la suspensi¨®n o no de la ejecuci¨®n de la sentencia no deben hacer olvidar: por una parte, la dureza de la propia sentencia; por otra, el contraste entre lo actuado en el caso Filesa del PSOE y lo ocurrido en otros expedientes que han afectado a otros partidos, como Casinos, S¨®ller o Burgos, por no referirnos, una vez m¨¢s, al caso Naseiro. Pero el PSOE cometer¨ªa un error si se empe?ara en politizar este veredicto, despu¨¦s de demostrarse incapaz de asumir las responsabilidades pol¨ªticas, al haber negado en primera instancia las acusaciones, para recurrir sus dirigentes despu¨¦s a un penoso "nosotros no sab¨ªamos nada".
En sus largos a?os en el Gobierno, el PSOE se ha mostrado incapacitado, o disuadido por una impunidad que parec¨ªa garantizada, a afrontar con decisi¨®n y en consenso la financiaci¨®n de los partidos. A pesar de ello, se entiende la irritaci¨®n socialista ante la enorme hipocres¨ªa con que los dem¨¢s partidos hacen una utilizaci¨®n pol¨ªtica de este caso, que hace parecer a¨²n m¨¢s urgente la necesidad de un acuerdo sobre una ley razonable y clara que permita una total transparencia en las cuentas de los partidos.
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