El Gobierno quiere que los registradores de la propiedad controlen la contrataci¨®n

El Gobierno pretende crear un nuevo registro para la contrataci¨®n masiva, denominado de c¨®ndiciones Generales de la Contrataci¨®n y ubicado en el Ministerio de Justicia, cuyo control radicar¨¢ en una corporaci¨®n semiprivada, los registradores de la propiedad. Dicho control supondr¨¢ pata los registradores unos ingresos complementarios de 50.000 millones de pesetas anuales, seg¨²n la responsable socialista de justicia, Teresa Fern¨¢ndez de la Vega. Las asociaciones de consumidores y Jueces para la Democracia. se oponen al proyecto.

El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley sobre condiciones generales de la contrataci¨®n, al hilo de la adaptaci¨®n de la legislaci¨®n espa?ola a una directiva comunitaria que pretende defender los intereses de los consumidores individuales frente a las grandes corporaciones en los contratos masivos. La directiva comunitaria pretende una regulaci¨®n garantista para los consumidores de los contratos de adhesi¨®n que realiza el consumidor individual con grandes compa?¨ªas, como la Telef¨®nica o las el¨¦ctricas.El proyecto de ley, que consta de 23 art¨ªculos y dos disposiciones adicionales y cuya ponencia se crear¨¢ el 1 de diciembre en el Congreso, crea un nuevo registro de Condiciones Generales de la Contrataci¨®n cuyo control conf¨ªa a una corporaci¨®n semiprivada, los Registradores de la Propiedad, y que, adem¨¢s, ser¨¢ retribuida por los usuarios, los consumidores.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, expresa su "radical desacuerdo" con que los registradores controlen el nuevo registro. "Es un organismo semipr¨ªvado que no est¨¢ dotado para cumplir el papel reequilibrador de defensa de los consumidores frente a las grandes, compa?¨ªas que debe jugar quien controle el registro". Alonso se de canta porque sean representantes de las asociaciones de consumidores y las empresas, quienes ejerzan ese papel y critica asimismo su ubicaci¨®n en el Ministerio de Justicia. A su juicio, el registro. debe ser "estrictamente administrativo y depender del Ministerio encargado del Consumo".Alonso denuncia asimismo la privatizaci¨®n, de un servicio p¨²blico. "La utilizaci¨®n del registro como servicio p¨²blico deb¨ªa ser gratuita. Pero el proyecto de ley le otorga, un car¨¢cter de privacidad y, por tanto, lo hace oneroso".

Regalo a los registradores

La ex secretaria de Estado, de Justicia, la socialista Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, afirma que el pyoyecto d¨¦ ley es "un regalo para los Registradores de, la Propiedad, que saldr¨¢ de los bolsillos: de los consumidores, quienes para acceder al registro deber¨¢n abonar los honorarios correspondientes".El art¨ªculo 23 del proyecto, referente al organismo que dirime los conflictos interpuestos en relaci¨®n con el nuevo registro, es otro punto negro para el portavoz de Jueces para la Democracia. "Resulta ins¨®lito y tremendo que sea un organismo como la Direcci¨®n General de los Registradores y Notarios, dependiente del Ministerio de Justicia, el organismo que dirima los conflictos entre las resoluciones judiciales referentes a esta materia", denuncia Alonso.Fern¨¢ndez de la Vega indica tambi¨¦n que este registro de contrataci¨®n general siga los tr¨¢mit¨¦s de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, con la publicaci¨®n incluida en el Bolet¨ªn Oficial del Registro Mercantil (BORME). "Estamos hablando de condiciones generales de la contrataci¨®n y no de contratos concretos. Todos los ciudadanos - tienen derecho a informaci¨®n de esas condiciones generales y hasta el derecho de hacerlo por cualquier medio electr¨®nico y sin papeleo de clase alguna", se?ala De la Vega. En cuanto a su publicaci¨®n en el BORME se?al¨¢ que "no tiene nada que: ver con el tema que nos ocupa" u denuncia que es otra nueva fuente de ingresos para los Registradores.

La disposici¨®n adicional segunda del proyect¨®, que modifica preceptos de la Ley Hipotecaria que afectan al Registro de la Propiedad, cuenta con la oposici¨®n del Consejo de Estado y del Consejo General. del Poder Judicial, que han pedido su eliminaci¨®n. Esta disposici¨®n otorga a los Registradores de la Propiedad el poder para interpretar las peticiones de informaci¨®n sobre el Registro. "Un abogado o un, notari¨® no pueden obtener el texto literal de las inscripciones para su an¨¢lisis y dictamen, sino que, lo ¨²nico que, podr¨¢ obtener es el an¨¢lisis y dictamen emitido por el registrador", se?ala De la Vega.

La Uni¨®n Consumidores de Espa?a (UCE) y la Asociaci¨®n de Consumidores, perteneciente a la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Espa?a (CAVE), rechazan el proyecto .