Mala medicina

TRAS UN periodo de globos sonda, confusi¨®n y desmentidos ficticios, el Gobierno parece decidido a retirar entre 500 y 1.000 medicamentos de las listas de la Seguridad Social con el fin de ahorrar 60.000 millones de pesetas y hacer frente a las nuevas exigencias financieras de la sanidad p¨²blica en 1998. El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera se reunir¨¢ el pr¨®ximo jueves para decidir sobre el m¨¦todo elegido por el Gobierno para reducir el gasto sanitario. Mientras, se multiplican las reacciones pol¨ªticas adversas en tomo a la propuesta gubemamental, algunas de ellas m¨¢s de forma que de fondo.Casi nadie discute que reducir el gasto farmac¨¦utico sea una de las tareas imprescindibles para consolidar un gasto p¨²blico m¨¢s equilibrado. Entre 1990 y 1996, el gasto de la Seguridad Social en medicinas pr¨¢cticamente se ha duplicado, hasta alcanzar 810.000 millones de pesetas. La exclusi¨®n de ciertos medicamentos -lo que el PP bautiz¨® con el t¨¦rmino de medicamentazo cuando lo puso en pr¨¢ctica el Gobierno socialista- es uno de los sistemas posibles para racionalizar el gasto sanitario, pero, sobre todo, para eliminar las medicinas obsoletas o con bajo valor terap¨¦utico.

Lo que no est¨¢ claro es que sea el sistema id¨®neo para ahorrar de manera inmediata 60.000 millones de pesetas. Las experiencias de retirada de f¨¢rmacos pagados por la Seguridad Social demuestran que los medicamentos eliminados terminan siendo sustituidos por otros m¨¢s caros; de forma que la factura farmac¨¦utica aumenta. Pensar que el medicamentazo conseguir¨¢ rebajar el gasto p¨²blico en medicinas es un error, pero no porque disminuya la protecci¨®n social para los ciudadanos espa?oles, sino simplemente porque las mismas terapias costar¨¢n m¨¢s caras, a la Seguridad Social.

Resulta sorprendente que el PP, que critic¨® con brutal demagogia el experimento de recorte de medicamentos cuando lo practicaron los socialistas en el Gobierno, tropiece ahora en la misma piedra. Sobre todo cuando tiene a mano un procedimiento m¨¢s efectivo para reducir el gasto farmac¨¦utico, como es la comercializaci¨®n de productos gen¨¦ricos -sin marca, pero con el mismo principio activo-, que este Gobierno parece haber olvidado, quiz¨¢ porque las presiones de los laboratorios son m¨¢s duras que las de los consumidores. De forma irresponsable, la comercializaci¨®n de gen¨¦ricos, prevista en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos vigentes, se ha retrasado m¨¢s de nueve meses. Est¨¢n ahora aprobados 11 productos y, vista la escasa diligencia con que se tramita la posibilidad de venta al p¨²blico, el proyecto del Ministerio de Sanidad de aprobar entre 80 y 100 nuevos productos antes de terminar el a?o parece una ficci¨®n.

No se entiende tampoco que en la negociaci¨®n con el sector farmac¨¦utico el Gobierno solamente haya conseguido reducciones de un 20% como m¨¢ximo en el precio de los gen¨¦ricos, cuando en otros pa¨ªses las rebajas oscilan entre un 30% y un 50%. El argumento utilizado por Sanidad de que los precios farmac¨¦uticos en Espa?a son los m¨¢s baratos de Europa podr¨ªa tenerse en cuenta si, al mismo tiempo, no fuese Espa?a uno de los pa¨ªses donde es m¨¢s elevado el gasto p¨²blico en este cap¨ªtulo.

La gesti¨®n pol¨ªtica del medicamentazo tampoco es un acierto, y ha provocado protestas de sindicatos y otros grupos, aunque algunas autonom¨ªas se vean ahora en la necesidad de aceptarlo so pena de quedar perjudicadas. El Ejecutivo ha conseguido dar la penosa impresi¨®n de que se est¨¢ intentado ahorrar en el gasto farmac¨¦utico de los pensionistas simplemente para financiar la deuda sanitaria de la Generalitat catalana, lo que no es precisamente un modelo: las modificaciones se han de negociar con todas las comunidades.

1 Si lo que el Gobierno pretende es reducir el gasto, la aplicaci¨®n de precios de referencia fundamentados en los productos gen¨¦ricos y las listas p¨²blicas con el valor terap¨¦utico de los productos y con su relaci¨®n calidad precio son, sin duda, procedimientos m¨¢s adecuados. Pero si insiste en el medicamentazo, al menos cabe exigirle que la definici¨®n de los productos excluidos se haga con total transparencia. Tambi¨¦n cabr¨ªa exigir coherencia en sus mensajes; porque el Ministerio de Sanidad asegura que conseguir¨¢ una reducci¨®n en el coste de unos 60.000 millones antes de que el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera decida qu¨¦ marcas ser¨¢n las excluidas. La l¨®gica de tal anticipaci¨®n resulta dif¨ªcil de encontrar.