Justicia para Banesto

EL JUICIO oral del caso Banesto que empieza hoy es, en s¨ª mismo, una victoria del funcionamiento de la justicia. Ha sido la firmeza de la Sala de lo Penal, Secci¨®n Primera, de la Audiencia Nacional la que ha llevado, con la mayor parte de la causa ya instruida, a poner el pasado verano una fecha concreta, el 1 de diciembre. Hasta el minuto final hubo serias dudas sobre el cumplimiento de la fecha. El propio Mario Conde, ex presidente de Banesto, asegur¨® desde su finca de Pollensa, en Mallorca, a finales de agosto, que "no ser¨¢ posible celebrar [el juicio] en 1998". Pues bien, sus augurios sobre el inevitable retraso no se han cumplido, y la diligencia de sala resolvi¨® los problemas jur¨ªdicos pendientes.Tales problemas no eran balad¨ªes. La instrucci¨®n de la causa principal requiri¨® un a?o y medio de trabajo. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, sensible a la rapidez de la instrucci¨®n, abri¨® Juicio oral en mayo de 1996 contra Conde, Arturo Roman¨ª, Rafael P¨¦rez Escolar, Fernando Garro, Juan Belloso, Enrique Lasarte, Ramiro N¨²?ez y Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez. A la luz de la primera comisi¨®n rogatoria enviada a Suiza, que lleg¨® a Espa?a tras concluir las diligencias, despu¨¦s de que Conde y sus amigos lograsen retrasarla casi a?o y medio, se abri¨® el camino para definir la participaci¨®n de otras dos personas en la presunta trama: el abogado Mariano G¨®mez de Lia?o y el ex presidente de Asturiana de Zinc Francisco Javier Sitges. Tambi¨¦n Jacques Hachuel est¨¢ inculpado por un delito de apropiaci¨®n indebida.

Pero si la conducta de la Sala de lo Penal ha estado felizmente orientada por el principio de administrar justicia con rapidez -sin vulnerar los derechos de los acusados-, algo que no suele caracterizar nuestras costumbres judiciales, Conde y alguno de sus hasta ahora socios, como G¨®mez de Lia?o, prefirieron el aplazamiento de la vista oral con diversos argumentos de oportunidad. Sus pretensiones no han sido admitidas por la sala. Los avatares t¨ªpicos de cualquier instrucci¨®n, que tienden a retrasar el momento de inicio del juicio, se han agravado todav¨ªa m¨¢s en este caso por las maniobras pol¨ªticas ejercidas por algunos de los principales acusados -algunas de gran resonancia, como la entrevista cumbre celebrada en Moncloa el 23 de junio de 1995 entre el abogado de Conde Jes¨²s Santaella, el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez- y otras encaminadas a cambiar al juez instructor.

Por fin, parece haber llegado el momento de la verdad. El juicio oral estudiar¨¢ un conjunto de operaciones presuntamente delictivas por valor de unos 16.000 millones de pesetas. Las p¨¦rdidas ocasionadas por la gesti¨®n de Conde y su equipo superaron los 605.000 millones, de acuerdo con las estimaciones del Banco de Espa?a. Muchas de esas p¨¦rdidas fueron el resultado de la interacci¨®n de Conde con personas y grupos que apoyaron su gesti¨®n en el banco -¨¦ste es el caso de Hachuel- y que a¨²n siguen relacionados con ¨¦l -como el caso de Pedro Pueyo, el hombre del grupo Oasis-.

Mario Conde est¨¢ acusado de haber cometido, presuntamente, tres estafas, dos apropiaciones indebidas y varias falsedades contables; se pide para ¨¦l una pena de prisi¨®n de 35 a?os. Tambi¨¦n se le imputan otras cinco presuntas estafas. Sobre tres de estas ¨²ltimas (Locales Comerciales, Telson, Veblinsa), Conde no ha sido casi preguntado con ocasi¨®n de su ¨²nica declaraci¨®n -diciembre de 1994- El tribunal probablemente ser¨¢ sensible a los problemas de indefensi¨®n que se hayan podido producir por falta de correspondencia entre la instrucci¨®n y la imputaci¨®n de los delitos en la Sala de lo Penal.

Pero que Conde sea el principal acusado no debe justificar que el juicio se convierta en un proceso a su figura p¨²blica -o a lo que queda-, ser¨ªa un triunfo de quienes quieren confundir al ex presidente del banco intervenido con una suerte d¨¦ m¨¢rtir o chivo expiatorio. No hay tal. La vista debe determinar si el ex presidente del banco y los otros acusados cometieron los delitos de que se les acusa, ni m¨¢s ni menos; y en ella, los acusados deben gozar de las garant¨ªas procesales que marca la ley para todos los ciudadanos. Est¨¢ claro que la gesti¨®n de Conde y su equipo fue catastr¨®fica; la justicia debe aclarar ahora si los delitos existieron. Es vital que la credibilidad de la sentencia ante la opini¨®n p¨²blica sea total.

Las dificultades y los retrasos de la Justicia para abordar los grandes casos econ¨®micos alimentan la desconfianza de los ciudadanos y refuerzan la creencia de que existen diferentes varas de medir: una para los delincuentes de poca monta y otra para aquellas personalidades que hasta hace poco tiempo fueron respetables y glorificadas. ?sta es una oportunidad hist¨®rica para demostrar que es posible una justicia r¨¢pida, que respete los derechos de los procesados, transparente y que pueda ser entendida por todos los ciudadanos.