El derecho a discrepar

El director de este peri¨®dico me dec¨ªa hace alg¨²n tiempo que los art¨ªculos de opini¨®n no coinciden, ni deben coincidir, con la l¨ªnea editorial; que una cosa es informar, lo que supone seleccionar de la mara?a infinita de noticias aquellas qu¨¦ parezcan relevantes, operaci¨®n que s¨®lo es posible contando de antemano con criterios que se deducen de una determinada posici¨®n que, en el caso de EL PA?S, ha sido desde su fundaci¨®n la defensa de las instituciones y los valores democr¨¢ticos, y otra, la opini¨®n de los colaboradores firmantes, que conviene que abarque el espectro m¨¢s amplio: claro que las ideas dominantes, por serlo, ser¨¢n las m¨¢s frecuentes, pero es menester dejar tambi¨¦n un espacio para las minoritarias o simplemente marginales, incluyendo tanto aquellas que no lo fueron en el pasado y lo son ahora como las que tal vez dejen de serlo en el porvenir. No en vano, en sus comienzos las ideas innovadoras son siempre ocurrencia de unos pocos y, por acertadas o f¨¦rtiles que sean, suele pasar bastante tiempo hasta transmutarse en bienes mostrencos que maneja cada cual como propios.Quiero tambi¨¦n recordar que EL PA?S se dio un estatuto, hablo de o¨ªdas, en el que con el af¨¢n de avalar la independencia del peri¨®dico distingue claramente entre los derechos y obligaciones de la Redacci¨®n y los de la empresa. Su mera existencia supone que los intereses leg¨ªtimos de ambas, aunque coincidan en lo fundamental -las dos quieren un gran peri¨®dico que se venda, cuanto m¨¢s, mejor- no tienen por qu¨¦ concordar en toda ocasi¨®n. El estatuto ser¨ªa innecesario si se partiese de una armon¨ªa preestablecida que a nadie se le oculta que s¨®lo encubrir¨ªa la sumisi¨®n de la Redacci¨®n a la mayor¨ªa del accionariado. Las relaciones entre la Redacci¨®n de un medio y la propiedad es cuesti¨®n tan peliaguda como decisiva para la libertad de expresi¨®n que garantiza la Constituci¨®n. Tema crucial que, como tantos otros, discutimos al comienzo de la transici¨®n y que, lamentablemente, y no s¨®lo en Espa?a, parece haberse evaporado del horizonte reivindicativo de los profesionales del periodismo.

Me he sentido obligado a expresar lo que debiera ser obvio porque desde hace algunos a?os, y de manera cada vez m¨¢s persistente, amigos que me hacen el honor de leerme muestran su extra?eza ante el hecho de que EL PA?S siga acogi¨¦ndome en sus p¨¢ginas, a pesar de que a veces mis posiciones se hayan distanciado bastante de la l¨ªnea editorial. Tendr¨ªa que ser superfluo, hasta tal punto cae por su peso, pero es tal la confusi¨®n reinante que quiz¨¢ sea oportuno manifestar que nunca me han censurado un art¨ªculo, ni siquiera suprimido una l¨ªnea. Y no se trata de privilegio legio alguno. Cada cual es responsable de lo que firma, sin que, como es natural, el peri¨®dico se haga cargo de las ideas y posibles errores de sus colaboradores. El derecho a equivocarse es un componente esencial de la libertad de expresi¨®n.

Al comienzo de la transici¨®n -que no por casualidad coincide con la fundaci¨®n de un peri¨®dico que supo ejercer de motor y luego elevarse a s¨ªmbolo de la Espa?a democr¨¢tica- mi sinton¨ªa con la l¨ªnea mantenida era tal que el entonces director public¨® como editorial, eso s¨ª, firmado, un art¨ªculo que le hab¨ªa enviado (EL PA?S del 3 de noviembre de 1976). En los 21 a?os transcurridos, y pasados muchos desde que los espa?oles recobramos felizmente las libertades, nada m¨¢s normal que haya desaparecido el consenso inicial. Entonces est¨¢bamos unidos en el mismo empe?o de lograr una democracia plena con los menores costes; ahora se trata de enjuiciar defectos y d¨¦ficit de la democracia establecida, y aqu¨ª ya juegan un papel primordial posiciones ideol¨®gicas y compromisos de clase. El consenso result¨® instrumento adecuado para recuperar la democracia; la discrepancia es el caldo propio de una democracia establecida.

He discrepado en el enjuiciamiento del largo periodo del Gobierno socialista, reconociendo lo positivo que muchos tienen olvidado -superaci¨®n definitiva de la amenaza de un golpe militar, que para cualquiera que tenga presente nuestra historia de los dos ¨²ltimos siglos no es haza?a balad¨ª; universalizaci¨®n del Estado social, sin confundirlo con el Estado de bienestar, que se ha derrumbado en la Europa en la que fue realidad un d¨ªa antes de que en Espa?a pudi¨¦ramos acceder a ¨¦l; haber conseguido, no era f¨¢cil, integrarnos en la Comunidad Europea, en cuya pertenencia fundamos la mejor esperanza para el futuro-,pero tambi¨¦n he puesto ¨¦nfasis en los componentes negativos que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, cabr¨ªa resumir en haberse saltado a la torera los principios b¨¢sicos del Estado de derecho y de la convivencia democr¨¢tica: organizaci¨®n desde el Estado de los GAL; corrupci¨®n generalizada; vaciamiento de las instituciones democr¨¢ticas; judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y politizaci¨®n de la justicia, desde el principio antidemocr¨¢tico de que no existir¨ªa otra responsabilidad pol¨ªtica que la que se derivase, una vez que hubiese sentencia firme, de la penal. En fin, nadie de buena fe puede dejar de responsabilizar al periodo socialista de la desmoralizaci¨®n, con su otra cara, la despolitizaci¨®n actual de la sociedad espa?ola, tirando por la borda, por mucho que haya mejorado la situaci¨®n econ¨®mica, la gran oportunidad hist¨®rica de haber empezado a transformarla a fondo desde la honradez, la competitividad y la democratizaci¨®n de las instituciones estatales y sociales.

He discrepado del tratamiento que ha dado el peri¨®dico al ataque gubernamental a una empresa medi¨¢tica del grupo. Por directa que haya sido la agresi¨®n, un peri¨®dico de la trayectoria de EL PA?S no puede renunciar a la objetividad e independencia, dej¨¢ndose jirones de su credibilidad en el camino. Nada justifica asumir los m¨¦todos del adversario, extralimitarse en calificaciones o mantener una l¨ªnea permanente de informaci¨®n en un solo sentido. No me ha convencido el argumento de que cuando disparan a la l¨ªnea de flotaci¨®n hay que poner toda la carne en el asador y contestar con ca?onazos. Y ello porque, aparte de que no lo creo eficaz, comporta el mayor riesgo que puede amenazar a un peri¨®dico: convertirse en portavoz permanente de intereses particulares. El conflicto acabar¨¢ con un compromiso, m¨¢s o menos equilibrado, y el mayor ataque, que ha sido el judicial, pronto se resolver¨¢ por los conductos normales de la justicia, sin que se pueda decir -es demasiado insultante para la judicatura- que sin esta reacci¨®n no se hubiera llegado a una soluci¨®n justa.

Discrepo, en fin, con el editorial del 23 de noviembre. El famoso v¨ªdeo no me parece un asunto personal -sobre cuyo contenido, en todo caso, no habr¨ªa que haber dado la menor pista; hacerlo es ya servir a los que lo han puesto en circulaci¨®n- que "ha terminado por convertirse en un problema pol¨ªtico y judicial de considerable envergadura". Antes al contrario, en cuanto significa un ataque frontal a la libertad y dignidad de un hombre p¨²blico constituye desde un principio un esc¨¢ndalo pol¨ªtico de primera dimensi¨®n. No cabe expresar la repugnancia que cualquier bien nacido ha de sentir ante la utilizaci¨®n de estas ma?as en el empe?o de eliminar al que se considera enemigo, para, en la frase siguiente, al a?adir que "el destinatario de la infamia haya podido ser autor de otras de similar o parecido calibre", de alg¨²n modo justificarlo. Aparte de que sin prueba alguna se haga tan terrible afirmaci¨®n es de lo m¨¢s inoportuno a la hora de mostrar una comprensible repugnancia que s¨®lo pod¨ªa engendrar indignaci¨®n sin paliativos. Diga lo que diga el resentimiento popular, no es cierto que el que piensa mal acierta siempre, ni que el que roba a un ladr¨®n merece cien a?os de perd¨®n; es sencillamente un ladr¨®n.

Pienso que en ning¨²n case puede interpretarse como una cuesti¨®n privada que la v¨ªctima, instrumentalizando su intimidad en favor de sus intereses pol¨ªticos, haya tratado de convertir en asunto p¨²blico, sino que, obviamente, es un ataque p¨²blico que hay que explicar pol¨ªticamente.La hip¨®tesis que maneja el damnificado, y que parece que confirma la judicatura, es que los mafiosos que han puesto en circulaci¨®n el v¨ªdeo est¨¢n relacionados con gentes procesadas por su pertenencia a los GAL. Es una explicaci¨®n veros¨ªmil que puede ser cierta o no, pero que no cabe eliminar de antemano despu¨¦s de la experiencia acumulada en estos ¨²ltimos a?os que nos ha obligado a enfrentamos a cr¨ªmenes que nunca hubi¨¦ramos cre¨ªdo que pudieran atribuirse a personajes p¨²blicos que respet¨¢bamos. No puedo ni siquiera imaginar las razones -la libertad y dignidad de cada persona est¨¢n por encima del aprecio que podamos tenerle- por las que mi peri¨®dico, rompiendo con el estilo que hasta ahora lo hab¨ªa caracterizado, se ha arriesgado hasta el punto de poder ser refutado a mediano plazo por hechos comprobados en una sentencia judicial.