La mayor¨ªa de la c¨²pula fiscal cree que Espa?a no puede juzgar a las dictaduras argentina y chilena

Siete integrantes de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo se pronunciaron ayer en contra de la competencia de la Audiencia Nacional para instruir los procesos por desaparici¨®n de ciudadanos espa?oles bajo las dictaduras de Chile y Argentina. Otros cuatro se pronunciaron a favor y tres se abstuvieron. El fiscal del Estado se reserv¨® su pronunciamiento definitivo hasta estudiar el acta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, elabor¨® un pol¨¦mico documento en el que dice que las Juntas Militares pretendieron "una sustituci¨®n temporal del orden constitucional" hasta "subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolec¨ªa para mantener la paz".

Los fiscales de Sala Eduardo Torres-Dulce, Juan Ortiz ?rculo, Rogelio Mart¨ªnez, Jos¨¦ Mar¨ªa ?scar, Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n y Rogelio G¨®mez Guillam¨®n respaldaron la postura del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, y se pronunciaron a favor de la falta de jurisdicci¨®n de la Audiencia Nacional. Votaron a favor de la competencia de la Audiencia Nacional los fiscales Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, Jes¨²s Vicente Chamorro y Jos¨¦ Alvarado. Los fiscales Jos¨¦ Aparicio, Jos¨¦ Aranda y Enrique Abad se abstuvieron, en parte por no tener documentaci¨®n suficiente para emitir un pronunciamiento.La sesi¨®n fue tensa y comenz¨® con una negativa del fiscal general, Jes¨²s Cardenal, a debatir los documentos sobre la competencia de la Audiencia Nacional sobre los implicados en la desaparici¨®n de espa?oles bajo las dictaduras chilena y argentina. El fiscal Rogelio G¨®mez Guillam¨®n, de modo en¨¦rgico, dijo que deb¨ªa definirse la posici¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado frente a la jurisdicci¨®n de los procedimientos de Argentina y Chile.

Varios miembros preguntaron por un informe con el membrete de la Administraci¨®n de Justicia, pero sin firma. Cardenal explic¨® que era un informe preparado por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional. Seg¨²n fuentes fiscales, a requerimiento del fiscal Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, el fiscal general atribuy¨® a Fungairi?o la paternidad del documento, incluido en la documentaci¨®n preparatoria de la reuni¨®n bajo el t¨ªtulo Notas sobre la jurisdicci¨®n de los tribunales espa?oles.

Adalid de la incompetencia

Fungairi?o se convirti¨® en el principal adalid de la incompetencia de la Audiencia Nacional en el asunto. Jim¨¦nez Villarejo dijo que el documento sin firma, enviado seg¨²n Cardenal por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, era desafortunado, aludiendo a la cobertura impl¨ªcita del golpe militar de marzo de 1976 en Argentina. Fungairi?o no pronunci¨® palabra sobre el informe. Insisti¨® en que deb¨ªan archivarse los asuntos. Jes¨²s Vicente Chamorro puso de relieve las posiciones de Fungairi?o en sus declaraciones a El Mercurio de Chile.El documento admite que lo ocurrido durante las dictaduras militares de Argentina y Chile fue un "aniquilamiento sistem¨¢tico de sectores de poblaci¨®n" mediante asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones y que fueron las Juntas las que los ordenaron. Sin embargo, cree que estos hechos no pueden ser considerados ni genocidio ni terrorismo.

Al explicar por qu¨¦ esos delitos no pueden ser considerados terrorismo, Fungairi?o afirma: "Es discutible que las Fuerzas Armadas Argentinas o Chilenas en un todo puedan ser consideradas como una banda armada; y en cuanto a que la finalidad del exterminio de la disidencia pol¨ªtica fuera la subversi¨®n del orden constitucional, no cabe olvidar que las Juntas Militares no pretend¨ªan sino la sustituci¨®n temporal del orden constitucional establecido, mediante acta institucional que ten¨ªa por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolec¨ªa para mantener la paz p¨²blica".

Estas afirmaciones fueron consideradas por la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) como "incompatibles con el desempe?o de un cargo p¨²blico en una sociedad dernocr¨¢tica". La UPF se?al¨® que no es la primera vez que Fungairi?o "hace p¨²blica demostraci¨®n de su talante antidemocr¨¢tico" y record¨® que ya calific¨® de "bajada de pantalones" una decisi¨®n del Gobierno del Partido Popular de acercar presos de ETA a Euskadi. Esta asociaci¨®n hizo responsable al Gobierno del nombramiento de Fungairi?o, ya que el Consejo Fiscal no le dio ning¨²n voto en las tres ocasiones en que solicit¨® su actual cargo.

Profundo desprecio

La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos calific¨® la misma afirmaci¨®n de "absolutamente inadmisible" por cuanto revela un "profundo desprecio hacia los Estados de Derecho" y pidi¨® "el inmediato cese de Fungairi?o".En el curso de la reuni¨®n, el jefe de la Inspecci¨®n, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, protest¨® por la entrevista entre Fungairi?o y el embajador de Chile. Fungairi?o replic¨® que en la entrevista no se hab¨ªa tratado el tema de la Junta Militar y que hab¨ªa sido un encuentro de "cortes¨ªa". Mart¨ªnez Zato replic¨® que si el embajador chileno pretend¨ªa hacer una visita de cortes¨ªa deber¨ªa haberla hecho al Fiscal del Estado y no al de la jurisdicci¨®n en la que se ventilan asuntos de su pa¨ªs.

En otro momento, Fungairi?o protest¨® desabridamente porque se distribuyese una documentaci¨®n elaborada por el fiscal Carlos Castresana con las razones de la UPF a favor de la competencia de la Audiencia Nacional. Fungairi?o consider¨® "intolerable" la distribuci¨®n del documento. "Cualquier d¨ªa, nos van a dar un escrito de la Cofrad¨ªa de Pescadores de M¨¢laga", remach¨®.