Privatizaciones cuestionadas

EL CONSEJO de Ministros aprob¨® ayer un proyecto de regulaci¨®n de las televisiones aut¨®nomicas que abre la puerta a su privatizaci¨®n y permite que las comunidades dispongan de dos canales propios. El Gobierno ha justificado la medida como una pieza m¨¢s de la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones emprendida -en cumplimiento de su programa electoral- para evitar que los ciudadanos sigan financiando con sus impuestos los d¨¦ficit de las televisiones auton¨®micas y por la necesidad de ajustar la legislaci¨®n a los avances tecnol¨®gicos. M¨¢s all¨¢ de las buenas intenciones, la iniciativa no parece tan inocente y va a significar una nueva conmoci¨®n del sector audiovisual, con repercusiones profundas en el ¨¢mbito pol¨ªtico regional y en el mercado publicitario, ya muy castigado por la competencia desleal.El proyecto permite multiplicar las cadenas auton¨®micas en un momento en el que las seis existentes suman una deuda acumulada que ronda los 80.000 millones, una minucia frente a los casi 600.000 millones que acumular¨¢ la televisi¨®n estatal (RTVE) para finales de 1998. A esas seis habr¨¢ que sumar en un futuro pr¨®ximo los canales ya solicitados por Canarias y Asturias, m¨¢s los de aquellas comunidades que opten por una doble oferta desde el principio. Si a este panorama se une la proliferaci¨®n por todo el pa¨ªs de las televisiones locales, que a¨²n est¨¢n sin regular, queda claro que sus efectos ser¨¢n notables sobre el mercado publicitario, del que viven mayoritariamente las televisiones. Fuentes del sector aseguran que la inversi¨®n publicitaria en televisi¨®n ronda actualmente los 220.000 millones anuales, cuando se necesitar¨ªa el doble de esa cantidad para garantizar la rentabilidad de las cadenas.

El proyecto de ley deja en manos de las comunidades aut¨®nomas la elecci¨®n de un modelo de gesti¨®n p¨²blica, privada o mixta de los canales. Pero la decisi¨®n se tomar¨¢ en v¨ªsperas electorales en la mayor¨ªa de las comunidades, circunstancia que permite sospechar sobre los m¨¢s que hipot¨¦ticos riesgos de favoritismo pol¨ªtico a escala regional en la concesi¨®n de la licencias. La experiencia avala esta inquietud. La oposici¨®n socialista ha criticado que las fuertes inversiones p¨²blicas realizadas en el pasado en estas televisiones vaya a parar ahora a manos privadas. Por ejemplo, en el caso de Telemadrid, el Gobierno regional del Partido Popular ha invertido casi 25.000 millones en, los ¨²ltimos dos a?os.

El plan del Gobierno tiene otra vertiente pol¨ªtica. El proyecto de ley deroga la Ley del Tercer Canal, de 1983, y parte del Estatuto de RTVE de 1980. Alcanzar un nuevo consenso sobre esta ¨²ltima norma parece ahora m¨¢s dif¨ªcil que nunca, a la vista de las relaciones existentes entre los dos partidos de mayor implantaci¨®n, que ni siquiera han podido alcanzar un acuerdo en los ¨²ltimos meses para cubrir las bajas registradas en el Consejo de Administraci¨®n del ente p¨²blico.

El audiovisual es un sector en constante convulsi¨®n en este final de siglo. Al Gobierno le corresponde fijar unas reglas de juego que garanticen la libre competencia en el ¨¢mbito privado y la neutralidad en las televisiones p¨²blicas. El PP ha violado hasta ahora estos dos principios, am¨¦n de a?adir deudas cuantiosas a las que acumularon sus antecesores socialistas. Los augurios, por tanto, no pueden ser peores. En el desordenado, baqueteado y politizado (ad nauseam) mundo de la televisi¨®n, todo aquello que suponga introducir m¨¢s ruido puede ser fatal.