El desquite de los pobres

Seg¨²n una encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) unos tres millones de personas trabajan en Espa?a en la econom¨ªa sumergida, llamada tambi¨¦n informal. Esta elevada cifra no debe sorprender a nadie; es probable, incluso, que el n¨²mero de espa?oles que se ganan la vida al margen de la legalidad sea todav¨ªa mayor.Llego a esta conclusi¨®n por un razonamiento simple. Si la desocupaci¨®n fuera en Espa?a lo que indican las cifras oficiales -21 por ciento de la poblaci¨®n activa-, la agitaci¨®n social en el pa¨ªs ser¨ªa enorme, marcada por crisis semejantes, por lo menos, a las que tienen en vilo a Francia, donde el paro ara?a s¨®lo el 12 por ciento (nivel, cierto, al que la sociedad francesa no est¨¢ acostumbrada), y a Alemania, donde el aumento del paro hasta el 11 por ciento ha provocado una beligerancia sindical y una ola de huelgas sin precedentes desde la posguerra. Espa?a, en cambio, experimenta desde hace algunos a?os una paz social comparable a la de los pa¨ªses m¨¢s estables de Europa. Una de las razones es, sin duda, que el paro real es bastante menor de lo que se?alan las estad¨ªsticas, pues la econom¨ªa sumergida emplea a un importante porcentaje de los oficialmente parados.

La econom¨ªa sumergida era un fen¨®meno que, hasta el establecimiento de una econom¨ªa global interdependiente, parec¨ªa exclusivo del subdesarrollo, o de algunos pa¨ªses avanzados de naturaleza peculiar, como Italia, donde aqu¨¦lla siempre fue robusta. Hoy en d¨ªa, la globalizaci¨®n ha contagiado tambi¨¦n al mundo desarrollado la pr¨¢ctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal. Y en Europa se ha extendido el criterio de que el problema debe ser enfrentado dr¨¢sticamente, pues la econom¨ªa sumergida, que no paga impuestos y burla las leyes, roba rentas al fisco y frena, con su competencia trapera, el crecimiento de la econom¨ªa legal.

En verdad, ¨¦sta es una manera errada de abordar el asunto. La econom¨ªa sumergida o informal no es un problema; es una soluci¨®n a un problema creado por los obst¨¢culos artificialmente levantados en una sociedad para que todos los ciudadanos puedan ganarse la vida decentemente, dentro de la ley. Aunque esta afirmaci¨®n debe ser matizada en el caso de ciertas industrias -como las del narcotr¨¢fico o las del secuestro, tan pr¨®speras en ciertos pa¨ªses latinoamericanos- de clara vocaci¨®n delictuosa, lo cierto es que la existencia de una importante econom¨ªa sumergida es, de un lado, una impugnaci¨®n sever¨ªsima contra la injusticia que es impedir, o dificultar, que la gente encuentre trabajo; y, de otro, una prueba del esp¨ªritu creativo y la voluntad de supervivencia de los pobres que, ante la disyuntiva de respetar una legalidad que los condenar¨ªa al hambre o ignorarla y sobrevivir, eligieron esta segunda opci¨®n. Para un buen n¨²mero de pa¨ªses en el mundo -todos los subdesarrollados, sin excepci¨®n- gracias a la econom¨ªa informal, los sufrimientos y el desamparo de las mayor¨ªas no son todav¨ªa peores de lo que ser¨ªan. Pues, en aquellos pa¨ªses, la ¨²nica econom¨ªa digna de ese nombre es la informal; la otra, la 'legal', no es m¨¢s que el disfraz de la discriminaci¨®n, Ia explotaci¨®n y el pillaje m¨¢s descarados.

La gente com¨²n no trabaja al margen de la ley porque tenga predisposici¨®n delictuosa. Lo hace cuando el costo de la legalidad est¨¢ fuera de su alcance, debido al pi¨¦lago burocr¨¢tico que implica una excesiva inversi¨®n de tiempo y recursos, o porque los incentivos econ¨®micos para que lo haga son m¨¢s fuertes que los que la incitan a actuar conforme a la ley, como, por ejemplo un regimen impositivo depredador de las actividades empresariales y profesionales, o un sistema de subsidios de jubilaci¨®n, enfermedad, invalidez, paro, etc¨¦tera, que estimule el fraude, semejante al que est¨¢ tratando de reformar en estos d¨ªas en Gran Breta?a con gran coraje y tremendas dificultades, el laborista Tony Blair.

Trabajar en la ilegalidad conlleva altos riesgos, que s¨®lo un pu?ado de temerarios corre por amor al peligro. Significa una permanente inestabilidad para los negocios, lo que impide planear operaciones a mediano y largo plazo, y abrirse un flanco al chantaje de polic¨ªas y otras autoridades corruptas. Pero, sobre todo, implica cerrarse el acceso a los cr¨¦ditos y dem¨¢s servicios del sistema financiero, al que solo abre las puertas la legalidad. Si hay tantos millones de personas que trabajan en estas condiciones precarias,es por que para la inmensa mayor¨ªa de ellas no hay alternativas, pues, en la sociedad en la que viven, el trabajo ha dejado de estar al alcance de todos y se ha convertido en un privilegio de minor¨ªas influyentes.

Hay una sola manera de acabar con la econom¨ªa sumergida, o, al menos, de reducirla a su m¨ªnima expresi¨®n. Y consiste en 'informalizar' la econom¨ªa legal, emancip¨¢ndola del reglamentarismo asfixiante y reduciendo sus costos hasta hacerla accesible tambi¨¦n a los pobres, y no s¨®lo a quienes, ¨²nicamente gracias a su poder econ¨®mico o su influencia pol¨ªtica y social, est¨¢n en condiciones de acceder a la onerosa y discriminatoria legalidad. Conviene citar aqu¨ª un instructivo ejemplo. El Instituto Libertad y Democracia, para averiguar el costo de la legalidad en el Per¨², realiz¨® en los anos ochenta un experimento. Fragu¨® una peque?a empresa a la que inscribi¨® en los registros p¨²blicos, siguiendo toda la tramitaci¨®n exigida por el Estado. El tr¨¢mite le demor¨® un a?o y, para que no se Interrumpiera, debi¨® pagar coimas en distintas reparticiones oficiales por un monto de 1.200 d¨®lares. Ese mismo tr¨¢mite de registro de una firma de las mismas caracter¨ªsticas tomaba, en el Estado norteamericano de Florida, apenas cuatro horas y un coste insignificante. La diferencia explicaba por qu¨¦ la econom¨ªa informal era en el Per¨² elefanti¨¢sica y, en los Estados Unidos, pigmea.

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