Legalidad

A la hora de hacer balance pol¨ªtico del a?o, creo que por encima de todo lo dem¨¢s (como el esp¨ªritu de Ermua o la definitiva retirada de Felipe Gonz¨¢lez) merece destacarse el papel extraordinario que ha tenido la Sala de lo Penal del Supremo restableciendo con sus sentencias, especialmente la de condena a los dirigentes de Herri Batasuna, el imperio de la ley. Por primera vez, las instituciones han podido m¨¢s que la definici¨®n de la realidad impuesta por los nacionalistas. Y esto me parece esencial. Est¨¢ bien que cada cual vocee a los cuatro vientos sus reivindicaciones pol¨ªticas, pero siempre que respete la vigente arquitectura institucional. Y hasta ahora eso no resultaba evidente. Con excesiva frecuencia, las autoridades jurisdiccionales se plegaban ante el vendaval de voluntades nacionalistas, obedeciendo su sesgada definici¨®n de la realidad como si por el solo hecho de sentirse abertzales tuviesen alg¨²n derecho adquirido a coaccionamos con impunidad. Pues bien, ya no m¨¢s. Esta vez el voluntarismo nacionalista se ha estrellado contra la solidez institucional del Tribunal supremo, que ha restablecido de una vez por todas el principio de legalidad.El principal vicio cong¨¦nito que arrastra nuestro sistema, dado lo reciente de su democratizaci¨®n, es el d¨¦bil respeto al Estado de derecho que demuestra la clase pol¨ªtica, como si detentase un t¨¢cito privilegio de impunidad. Y el problema reside no tanto en la vulneraci¨®n de la ley, que a veces puede ser explicable, como en la falta de respeto a su imperio necesario. Acabamos de verlo con ocasi¨®n dejas recientes sentencias del Supremo en los casos de Filesa y HB Por incomparable que resulte la naturaleza de los hechos juzgados, la respuesta de los sectores afines a los sentenciados ha sido parecida: protestas de inocencia y acusaciones al tribunal de politizar el caso. De lo que no se dan cuenta quienes as¨ª protestan es que su reacci¨®n implica un desprecio de la legalidad. La ley se caracteriza por ser de obligado cumplimiento siempre, sin que haya lugar para la objeci¨®n de conciencia. Y acatar sus veredictos cuando hay sentencia firme es el umbral m¨ªnimo de la cultura c¨ªvica o grado cero del sistema democr¨¢tico: el fundamento mismo sobre el que se edifica toda su arquitectura institucional.

El desprecio al principio de legalidad constituye la peor asignatura pendiente de nuestra cultura pol¨ªtica, sin cuya superaci¨®n la democracia no podr¨¢ consolidarse nunca. Y este d¨¦ficit es el que explica no s¨®lo las airadas respuestas a las sentencias del Supremo, sino algunos de los peores vicios que caracterizan a nuestro sistema. No hace falta recordar aqu¨ª las dudosas haza?as del pasado per¨ªodo socialista, sin que los distintos Gobiernos del se?or Gonz¨¢lez cedieran por enterados haci¨¦ndose responsables. Por eso se ten¨ªa derecho a esperar que, cuando se produjera la alternancia, las cosas cambiar¨ªan, a juzgar por las airadas protestas legalistas del Partido Popular en la oposici¨®n. Pero, por desgracia, no ha sido as¨ª. Desde su llegada al poder, los onservadores se han permitido en demasiadas ocasiones abusar de ¨¦l, distorsionando el principio de legalidad. A veces directamente, con medidas legislativas arbitrariamente dirigidas contra intereses leg¨ªtimos de la sociedad civil. Y otras indirectamente, a trav¨¦s de sectores privados (o privatizados) que parecen dispuestos a hacerles el trabajo m¨¢s sucio a cambio de no se sabe qu¨¦ favores gubernamentales. Todo eso, adem¨¢s, bajo un clima de deterioro judicial (patente en ciertas ¨¢reas de la Fiscal¨ªa y la Audiencia Nacional) donde campan por sus respetos las oscuras maniobras conspiratorias que se atribuyen a la trastienda clandestina del caso Banesto. De modo que el panorama resulta desolador. Mientras el desprecio a la legalidad sea la regla, como hasta ahora, seguiremos condenados al subdesarrollo c¨ªvico. Afortunadamente, las recientes sentencias del Supremo han abierto un cierto margen de esperanza. Y si los casos de los GAL y Banesto se resuelven con id¨¦ntica firmeza, puede que el principio de legalidad comience por fin a arraigar en nuestro sistema. Que as¨ª sea.