Ley sin consenso

POR SEGUNDA vez en dos semanas, Converg¨¦ncia i Uni¨® y el Partido Popular se han encontrado enfrentados en dos proyectos legislativos en los que cada aliado hab¨ªa puesto todo su empe?o pol¨ªtico. El 16 de diciembre, el Gobierno perdi¨® la votaci¨®n del decreto de humanidades gracias a los votos en contra de CiU, y ayer, la coalici¨®n que encabeza Jordi Pujol consigui¨® aprobar la ley del catal¨¢n a pesar de los votos en contra del PP. Aunque ¨¦ste ha querido rodear su voto negativo a la ley del catal¨¢n de la mayor normalidad, como si en nada afectara a su pacto con CiU, es inevitable que provoque un desgaste en las relaciones entre ambas formaciones. El cruce de acusaciones entre el vicepresidente del Gobierno Francisco ?lvarez Cascos y el presidente catal¨¢n momentos despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, se encarg¨® ayer mismo de demostrarlo.En realidad, ambos socios hab¨ªan planteado el debate sobre la ley en t¨¦rminos de rendimiento electoral, hasta tal punto que se advert¨ªan complicidades en el reparto de papeles y en su enfrentamiento. La iniciativa legislativa ten¨ªa que ver m¨¢s con la necesidad de CiU de tomar distancias respecto al PP que con las demandas sociales y pol¨ªticas de los ciudadanos de Catalu?a. As¨ª ha sido percibido por la sociedad catalana, que ha vivido con m¨¢s indiferencia que inter¨¦s los 10 meses de ponencia y de debate p¨²blico sobre una cuesti¨®n de los pol¨ªticos y para los pol¨ªticos.

Del inicial proyecto presentado a principios de 1997 queda poca cosa despu¨¦s de un proceso en el que CiU ha conseguido crear un consenso con tres formaciones: el PSC, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y el Partit per la Independ¨¦ncia. El repaso jur¨ªdico efectuado por el Consejo Consultivo de la Generalitat, que hall¨® ocho puntos de inconstitucionalidad, atendidos casi en su integridad, ha dejado el texto muy cambiado respecto al original y listo para recibir un apoyo de 102 votos a favor, 25 en contra los de Esquerra Republicana por escaso intervencionismo y los del PP por excesivo y una abstenci¨®n.

Dos de los elementos m¨¢s pol¨¦micos han quedado arrumbados. Han desaparecido la obligaci¨®n de atender en catal¨¢n al p¨²blico por parte de comerciantes y profesionales y de toda la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado y la de etiquetar en catal¨¢n los alimentos envasados, los productos t¨®xicos y los peligrosos. Destaca, en cambio, la obligaci¨®n de todos los comerciantes y profesionales con atenci¨®n al p¨²blico de mantener un sistema de rotulaci¨®n y de informaciones b¨¢sicas al menos en catal¨¢n, para lo que se establece un plazo de entre dos y cinco a?os. La ley convierte as¨ª en norma algo que se viene observando como tendencia en el comercio en Catalu?a, como es el incremento de la rotulaci¨®n catalana o biling¨¹e en detrimento de la rotulaci¨®n exclusivamente en castellano.

Ciertamente, no es bueno que cambios de comportamiento de este tipo, en principio l¨®gicos y parte de la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica del catal¨¢n, se produzcan por ley o por imposici¨®n. M¨¢s bien al contrario, lo mejor es que sean fruto paulatino de la voluntad de todos, y que si llegan a plasmarse en ley ¨¦sta sea consensuada y compartida, para evitar precisamente que cualquier obligatoriedad, por suave que sea, se convierta en bandera pol¨ªtica y en motivo de divisi¨®n entre los ciudadanos. Algunas reacciones suscitadas por la ley entre quienes m¨¢s la combaten se?alan ya este camino, a pesar de la exageraci¨®n en que incurren, como es el caso de hablar de "norma totalitaria" o de llamar a la desobediencia civil, como ha hecho el senador popular Aleix Vidal Quadras.

Id¨¦nticas consideraciones merece el sistema de sanciones y cuotas, por limitado y menor que sea. Las sanciones, siempre indirectas a trav¨¦s de la legislaci¨®n vigente anteriormente, no afectar¨¢n a los ciudadanos en cuanto a tales, pero s¨ª a las empresas, los funcionarios e instituciones que la incumplan. Las cuotas afectan a los medios de comunicaci¨®n de concesi¨®n auton¨®mica y podr¨¢n afectar al cine. Ambas inciden en el principio m¨¢s importante en el que ha conseguido avanzar CiU, y es el de que hay que seguir legislando sobre la lengua, cosa que, adem¨¢s de discutible, suscita la controversia en exceso.

La mejor ley ling¨¹¨ªstica era no hacer ninguna ley, vistos los antecendentes de consenso obtenidos por la anterior de 1983, los avales del Constitucional recibidos y los avances indiscutibles que ha experimentado el uso del catal¨¢n en estos 14 a?os. Pero una vez aprobada, ni la: ley es tan mala como pretenden unos ni tan insignificante como pretenden otros. Cabe esperar que se administre con sensatez y generosidad, y sirva para regresar al consenso lingu¨ªstico y no para seguir legislando y ensanchando las divergencias.