Cardenal quiere archivar la investigaci¨®n sobre los desaparecidos en Argentina y continuar la de Chile

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, asumi¨® ayer el informe de la secretar¨ªa t¨¦cnica de su Fiscal¨ªa en el que se entiende que los tribunales, espa?oles no son competentes para investigar los casos de desaparecidos en Argentina. Dicho informe se?ala, por contra, que s¨ª hay bases para defender dicha competencia sobre los delitos de terrorismo cometidos en Chile a partir de 1985. El escrito enfatiza que la cuesti¨®n de competencia jurisdiccional deber¨¢ resolverla en todo caso a sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cardenal ha cambiado su posici¨®n tras resaldar el pol¨¦mico informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, quien propuso dar carpetazo a ambos procedimientos consider¨¢ndolos id¨¦nticos.

En una breve nota, Jes¨²s Cardenal anunci¨® ayer su apoyo al informe y, al mismo tiempo, autoriz¨® su difusi¨®n completa. El fiscal anuncia que ya ha dado las instrucciones oportunas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Seg¨²n hab¨ªa anticipado este diario ayer, martes, la secretar¨ªa t¨¦cnica estima que la jurisdicci¨®n espa?ola no es competente para investigar los casos de desaparecidos, asesinatos y torturas en Argentina, entre ellos los de unos 260 ciudadanos espa?oles, mientras que apoya esa jurisdicci¨®n para investigar delitos de terrorismo en el caso de Chile a partir de 1985. "Creemos que existe una diferencia que permite defender esa investigaci¨®n en las citadas condiciones: delitos de terrorismo partir de l985", dijo ayer a este diario Eduardo Torres-Dulce, fiscal jefe de la secretar¨ªa t¨¦cnica.Torres-Dulce ya hab¨ªa apoyado la competencia en el caso chileno durante la reuni¨®n de la junta de fiscales de sala del pasado 10 de diciembre, cuando se debati¨® el informe presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o. El texto elaborado por su secretar¨ªa t¨¦cnica resume la posici¨®n de dicho organismo sobre los casos de desaparecidos en Argentina que ya se recogi¨® en un informe elaborado en la ¨¦poca del ex fiscal general Carlos Granados, en abril de 1996.

Investigaci¨®n de Garz¨®n

El informe de la secretar¨ªa t¨¦cnica apoya claramente el archivo de las diligencias iniciadas por Garz¨®n en el caso de Argentina: "No cabe afirmar que un hecho ya sucedido no era punible por la ley penal espa?ola de 1984 pero que s¨ª empieza a serlo en 1985 por virtud de una ley nueva y posterior al hecho". Ello significar¨ªa una aplicaci¨®n retroactiva de una ley de eficacia penal y no de una mera competencia.Adem¨¢s, el dictamen cuestiona, en l¨ªnea con las posiciones asumidas anteriormente, que se hayan producido delitos de genocidio: "La nacionalidad de las v¨ªctimas es un dato que no interesa para nada a nuestra vigente legislaci¨®n para afirmar la competencia judicial internacional".

En su segundo punto, dedicado a Chile, el informe dice: "En cuanto a los cr¨ªmenes perpetrados en Chile las cosas cambian y hay m¨¢s base para afirmar la competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola para conocer los hechos sucedidos despu¨¦s de julio de 1985 (fecha de entrada en vigor de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial) que constituyen delitos de terrorismo; s¨®lo esos. No los hechos anteriores ni los hechos conexos". A?ade que en Chile "la inexistencia de leyes de anmist¨ªa o indulto o asimilables es otro elemento diferenciador, aunque ese dato no se ha tomado en cuenta para negar la competencia respecto de los hechos de Argentina".

El informe recoge el sentir de una mayor¨ªa de fiscales de sala en el caso de Chile, que volvi¨® a expresarse el pasado 10 de diciembre con ocasi¨®n del dictamen de Fungairi?o. En dicho dictamen se sosten¨ªa que, como en Argentina, fueron "los militares chilenos quienes permitieron el advenimiento de un r¨¦gimen democr¨¢tico controlado tan s¨®lo tras obtener una legislaci¨®n de inmunidad". El nuevo informe destaca, pues, la diferencia en lugar de defender la unidad como lo hac¨ªa Fungairi?o, quien adem¨¢s obtuvo el apoyo expl¨ªcito del fiscal general del Estado.

Decidir¨¢ la Sala de lo Penal

Los t¨¦cnicos de la Fiscal¨ªa General del Estado proponen, en todo caso, que sea la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien resuelva sobre la competencia jurisdiccional. "Resultar¨ªa absurda una larga investigaci¨®n", se?ala el informe, "e incluso la celebraci¨®n de juicio para que finalmente el ¨®rgano judicial competente en definitiva afirmase que los tribunales espa?oles carecen de competencia. Y en sentido inverso, tambi¨¦n ser¨ªa enormemente negativo que el fiscal se mantuviese pasivo en la investigaci¨®n por mantener la ausencia de jurisdicci¨®n, para que finalmente, ¨¦sta fuera afirmada".Las resoluciones de la Audiencia Nacional deber¨¢n marcar el criterio y, si la decisi¨®n es favorable a la competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola, el fiscal deber¨¢ coadyuvar a la investigaci¨®n.

Seg¨²n el dictamen, es dif¨ªcil hablar de terrorismo cuando "se trata de una organizaci¨®n nacida en el seno del propio Estado y que utiliza la estructura del Ej¨¦rcito, aunque vulgarmente se habla de terrorismo de Estado". Recuerda que terrorismo para la ley espa?ola es la subversi¨®n del orden constitucional espa?ol. No puede hablarse, subraya, de que "los militares chilenos alterasen el orden constitucional espa?ol".